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Redacción ejecentral

Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas de México han sido afectados por un software conocido como Pegasus, un avanzado programa de espionaje adquirido y empleado por el gobierno mexicano, que solo debería ser utilizado en la lucha contra el crimen y el terrorismo. Entre los afectados está la periodista Carmen Aristegui y organizaciones sociales, que desde hace meses han denunciado y documentado la vulneración a su privacidad.

Según revela un reportaje del New York Times (NYT), desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de NSO Group, una empresa de origen israelí. Según las propuestas de comercialización de la firma, para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares.

“Pegasus” se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear detalles de la vida de una persona mediante información obtenida de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios.

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Por su parte, NSO Group afirma que esta herramienta se vende de forma exclusiva a los gobiernos bajo la condición de que sólo sea usada para combatir a terroristas, grupos criminales y cárteles de la droga; no obstante, mensajes examinados por NYT y analistas forenses independientes comprueban que el software fue usado para vigilar a algunas de las personas más críticas de gobierno mexicano.

“Somos los nuevos enemigos del Estado”

Entre los blancos del programa, están abogados que investigan la desaparición de los 43 normalistas, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, así como los periodistas, Rafael Barragán, Carlos Loret de Mola, Sebastián Barragán y Carmen Aristegui, y  una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.

Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, como el caso de Emilio Aristegui, hijo de la exonductora de MVS.

El joven estudiante fue blanco del ataque cuando aún era menor de edad; la información obtenida apunta que se infectó su celular personal para obtener información sobre él, su círculo cercano y el de la directora editorial de Aristegui Noticias; incluso, fue espiado cuando se encontraba en Estados Unidos.

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Foto: Citizen Lab

“Somos los nuevos enemigos del Estado”, señaló Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3 en declaraciones al diario estadunidense.

Los ciberataques sofisticados en contra de ciudadanos son indicativos de las luchas internas que se libran en México y despiertan cuestionamientos legales y éticos sobre un gobierno que enfrenta fuertes críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos, sostiene el NYT.

Apenas en mayo, diez organizaciones de la sociedad civil se retiraron del proceso de colaboración de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), al revelarse el espionaje electrónico en contra de periodistas y activistas empleando la herramienta Pegasus. Entre las organizaciones afectadas están Artículo 19, SocialTIC, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el IMCO y Cultura Ecológica.

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En México, sólo un juez federal puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y en casos donde los funcionarios demuestren que tienen un caso fundamentado para dicha solicitud. En este sentido, exfuncionarios de servicios mexicanos de inteligencia, desconfían que el gobierno haya recibido aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas.

Pese a esto, no hay pruebas concretas de que el gobierno mexicano sea responsable, pues Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó, incluso la misma empresa no puede hacer un rastreo del autor. Sin embargo, los ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados.

NSO Group afirma que investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos antes de venderles el software, aunque una vez otorgada la licencia, no hay forma de saber cómo se utilizan estas herramientas o contra quien; además, aunque la firma supiera que se está haciendo un mal uso de su software, no puede entrar en las agencias de inteligencia, quitar el programa y llevarse el hardware.

Todos son espiados 

En 2015, el periodista Raymundo Riva Palacio ya había señalado que Ejército, la Marina, la Policía Federal, el CISEN y 11 gobiernos estatales habían vigilaban a los mexicanos a través de sus dispositivos móviles, copia mensajes de texto, conversaciones de Google, Yahoo, MSN y Skype.

En su columna Estrictamente Personal señaló cómo la revelación sobre el espionaje a la vida privada de los mexicanos se reveló a través de una investigación del portal Hipertextual donde detallaba que a través de documentos filtrados de Hacking Team, empresa italiana considerada internacionalmente como una violadora de las garantías individuales, aparece su índice de facturación desglosado por países, donde México es, por mucho, el país que más gastó en contratar sus servicios.

Posteriormente, en octubre de ese mismo año, señaló que el CISEN tenía intervenido 729 líneas telefónicas de personas no públicas, empresas de seguridad, comercializadoras, de asistencia pública e inclusive de una televisora. Allí se señaló que la periodista Carmen Aristegui y el mismo autor de las columnas eran objetos de vigilancia gubernamental.

El autor de Estrictamente Personal señala que la relación de intervenciones telefónicas “muestra la mezcla del espionaje con fines de inteligencia criminal con espionaje político”.

“Durante mucho tiempo se especuló que este gobierno realizaba espionaje político de manera permanente, pero no se había podido documentar”, sostuvo el autor.

Además en marzo de 2017, también Riva Palacio, declaró que existe la percepción entre los líderes sociales de un uso y abuso político de los aparatos de inteligencia del Estado en su contra.

“Quizás el espionaje político se mantenga en los mismos niveles en los que se ha realizado desde la profesionalización de los servicios de inteligencia civil hace poco más de 25 años, pero la forma como han hecho saber a quienes son objeto de una vigilancia sistemática de conversaciones o fotografías que pueden ser hechas públicas en cualquier momento, parecería tener un propósito de intimidación”, señaló el periodista.

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Fig-1-Some-Mexican-Targets El informe que documenta el espionaje y la vigilancia que sufrieron los periodistas, activistas y el hijo de Aristegui (entonces menor de edad) da cuenta de ciberataques realizados mediante Pegasus, registrados entre enero de 2015 y julio de 2016.

Fue elaborado por las organizaciones Artículo 19R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, quienes documentaron el mecanismo con el cual se infecta a los teléfonos inteligentes.

Por lo general el ataque se realiza al enviar un mensaje de SMS dirigido a la persona objeto del ataque, con un texto que resulte imposible de no abrir y forzando a hacer clic en un enlace adjunto.

Este informe muestra cómo 10 periodistas y defensores de derechos humanos mexicanos, el menor de edad y un ciudadano de los Estados Unidos fueron blanco de espionaje.

Ante esta situación, este lunes, se ha convocado a una conferencia de prensa a la 1 de la tarde con motivo del tema del espionaje. (con información de The New York Times). DA

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