El Gobierno de México reconoció los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos, aunque asegura que ante éstos se han emprendido acciones concretas para atenderlos, en respuesta al Informe Anual de la organización Human Rights Wathc. El organismo dio a conocer el pasado viernes, que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, algunos miembros de las fuerzas de seguridad se han visto implicados en “graves y reiteradas” violaciones a los derechos humanos. Y critica que la administración priista ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura. El gobierno asegura que las autoridades de todos los niveles han trabajado y lo seguirán haciendo para garantizar los derechos, pero reconoció que existen desafíos “por factores internos y externos” al país para lograr ese objetivo. Recordó que el pasado 16 de enero entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y que sus disposiciones se han incorporado a estándares internacionales altos. La HRW recriminó que las autoridades mexicanas no han logrado un avance en la determinación de lo que ocurrió en 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, y que sólo uno de los estudiantes ha sido identificado entre los restos, que el gobierno señala que pertenecen a los jóvenes. En respuesta, la administración liderada por Peña Nieto, insistió en que el Estado Mexicano está comprometido con la aclaración del caso, la continuidad de las investigaciones, sancionar a responsables y proteger los derechos de las víctimas. “Por ello, continúa colaborando con el mecanismo de seguimiento de la CIDH, y con los familiares de las víctimas y sus representantes. El 95% de las 941 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han sido abordadas de manera efectiva”. Lo mismo para el caso Tanhuato, que reiteraron buscan el esclarecimiento y la sanción de los responsables, y dijo que ya existen investigaciones, detenidos y procesados por el caso. De igual forma, en el caso Tlatlaya, el Gobierno mexicano detalló que se realizaron investigaciones por parte de la autoridad ministerial y que resolvieron confirme a derecho sobre el caso, con respeto y garantía a los derechos humanos de los inculpados, víctimas y ofendidos. Mediante un comunicado, se da a conocer que en el caso del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, las quejas en 2017 se redujeron 76%, y que se han implementado políticas públicas, acuerdos, lineamientos y capacitaciones para regular el uso de la fuerza en todos los niveles. “El Estado rechaza y condena tajantemente todo acto de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, en general y en el marco de las investigaciones. La Ley General en la materia entró en vigor el 27 de junio de 2017, sustituyendo a la ley federal y las leyes estatales”. Además, reconocen la labor de los defensores de derechos humanos y periodistas, al tiempo que rechazan actos de intimidación a los derechos y libertades fundamentales. En cuestión de violencia de género, doméstica y sexual, el comunicado da cuenta de las normas y programas con perspectiva de género y derechos humanos que se han realizado para evitar estos casos. Destacan la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y la Ley General de Víctimas.
24 de Abril de 2024