La noche del viernes los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del estado de México firmaron la resolución que otorgó la libertad, con reservas, a Leonor García García, ex directora jurídica del penal de máxima seguridad de El Altiplano y quien estaba de guardia en la dirección general cuando fue rescatado Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
No se trató de un fallo menor. Al interior del Poder Judicial Federal se considera una decisión seria y apegada a derecho, incluso valiente al tratarse de un caso tan sensible por las presiones políticas e intereses que rodean el caso, incluso a nivel internacional.
La Procuraduría General de la República (PGR) -a la que sólo le queda reformular su acusación de evasión de presos con pruebas contundentes-, ese mismo día en un boletín se dijo respetuosa del fallo, pero al mismo tiempo cuestionó que los magistrados desestimaran “elementos fundamentales” en los que se sostenía la acusación contra la ex funcionaria.
Lo cierto es que el Tribunal reconoció la inocencia de García García ante la falta de pruebas en un expediente que se supone se integró en la PGR con el mayor cuidado y atención. Simplemente resolvió: “inexiste datos suficientes para estimar las conductas favorecedoras de la sustracción del interno”.
Es decir, después de que los tres magistrados revisaron el amparo 78/2016, que había negado en febrero el juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo del Estado de México, determinaron que esa oficina judicial y la PGR no acreditaron las omisiones atribuidas a Leonor García y que consistían en no emitir el código rojo al momento de conocer la fuga de Guzmán Loera y cerciorarse de su implementación, y con ello declarar la alerta máxima. En resumen, ni la Procuraduría ni los órganos judiciales lograron mostrar cómo ella favoreció al capo en su huida del penal.
Con este fallo genera una tercera grieta en todo el caso que ha tratado de integrarse contra los funcionarios que supuestamente facilitaron la fuga de “El Chapo” el sábado 11 de julio de 2015. Pero que cada vez es más claro que en la prisión hay funcionarios que no deben estar y hay en libertad otros de Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que tendrían una gran responsabilidad.
En un primer intento de consignación un juez dejó en libertad a cuatro de siete funcionarios consignados, porque no había pruebas suficientes en el expediente que integró entonces Felipe de Jesús Muñoz, subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y quien debió renunciar dos meses después, aunque ahora es procurador de Justicia de Colima. Para salvar el caso, un segundo equipo intervino en la integración del expediente y entre agosto y septiembre de ese año se sometió a juicio a 16 funcionarios más.
Segunda grieta. Apenas habían pasado nueve meses y un juez otorgó un amparo a 11 de esos acusados, porque en el auto de formal prisión no se especificó quién los acusaba ni las conductas específicas que cada uno había cometido. El juez encontró elementos para reparar esas carencias.
En los pasillos de la SEIDO hay molestia por la resolución a favor de Leonor García. El magistrado proyectista, Juan Contreras Navarro, ha emitido resoluciones importantes contra la PGR en sus 18 años de trayectoria judicial. En 2005, por ejemplo, concedió un amparo que dejó en libertad a un ex subprocurador acusado de participar en la detención, tortura y asesinato del líder guerrillero, Ignacio Salas Obregón. Antes, en 2003, dejó libre a un general acusado de brindar protección al líder del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes.
En 2007, la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados exhortó al Consejo de la Judicatura para que “verificara” la actuación del magistrado y de un juez, porque le negaron a la PGR las órdenes de aprehensión contra 57 presuntos talamontes. Y este año el Tribunal dio la libertad a uno de los acusados del secuestro y asesinato de la hija del empresario Nelson Vargas.
Pero en todo este tiempo la PGR no han presentado una queja formal contra el magistrado. Y en el Poder Judicial se le considera un buen magistrado, férreo defensor del debido proceso.