Holbox: problemas en el paraíso

Holbox es un pueblo de pescadores que se asienta en una isla con playas de talco de 40 kilómetros de largo frente a la Península de Yucatán. Este santuario del tiburón ballena es uno de los destinos turísticos vírgenes de la nación, y ha vivido en turbulencia social desde 2011, cuando se autorizó un proyecto de 850 millones de dólares sobre terrenos por los cuales empresarios apoyados por políticos pagaron a los ejidatarios cinco millones de pesos, que detonó protestas y movilizaciones que llevaron a la cárcel a 16 comuneros acusados de daños ambientales. La semana pasada el Tribunal Colegiado de Quintana Roo ordenó la liberación de los 12 comuneros que aún estaban presos, pero hasta este lunes, no se había respetado el fallo. Lo que ha sucedido en Holbox en todo este tiempo se empapa en litigios en tribunales agrarios y la Suprema Corte de Justicia, donde los comuneros de Holbox han enfrentado fuerzas políticas y empresariales poderosas, que han pasado desapercibidos para la mayoría de los mexicanos, pese a ser uno de los conflictos interminables más tóxicos para el actual gobierno federal. La corta historia de lo que los comuneros describen como un “despojo”, se comenzó a escribir en enero de 2006, cuando fue constituido en Mérida, Yucatán, el Fideicomiso para la Promoción y el Desarrollo Sustentable de la Isla de Holbox, donde participaron como fideicomitentes los ejidatarios de la isla, y como fiduciario el banco J.P. Morgan de Nueva York. El horizonte paradisiaco de Holbox y lo que podría llegar a representar, no lo vieron los ejidatarios, sino un empresario yucateco, Fernando Ponce García, que heredó de su padre BEPENSA, una empresa que se diversificó bajo su conducción. Ponce García es el distribuidor de la Coca-Cola en la Península de Yucatán y de automóviles de lujo, en un conglomerado que se extiende a la mitad de México, Centroamérica y el Caribe. Ponce García manejó la ingeniería financiera del proyecto turístico que pensó para Holbox –llamado “La Ensenada”- con su ex yerno, Ermilio Castilla Roche, con quien en 2008 compró lotes por un total de 100 metros de playa y 400 metros de fondo, así como los derechos sobre las tierras de uso común a 65 de los 116 ejidatarios de Holbox, por cinco millones de pesos. El valor catastral de los 116 lotes los estimó el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales en 99 millones de pesos. Los ejidatarios nunca pudieron sostener la acusación de fraude porque el expediente desapareció del Registro Nacional Agrario, que en la época en que se realizó la primera operación financiera, la delegada era la actual diputada federal panista Alicia Ricalde Magaña. Durante el gobierno de Felipe Calderón, Holbox se convirtió en uno de los destinos de descanso favoritos del ex presidente. En 2008, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó el mega proyecto Península Maya a un consorcio de empresarios yucatecos encabezado por Ponce García, que contó con el respaldo del entonces gobernador de Quintana Roo y actual senador, Félix Canto González, el motor detrás del frustrado proyecto Dragon Mart, y de los líderes del Partido Verde, en particular de su jefe político, Jorge Emilio González, que vive en Cancún. El proyecto prometió una inversión de 850 millones de dólares durante los siete años siguientes, que transformarían la vida en Holbox. Desde el principio, el desarrollo fue impugnado. De acuerdo con sus críticos, la construcción de sus 875 villas y condominios, tres hoteles y un centro comercial, afectaría al ecosistema, por lo que exigían los ambientalistas de la isla que se mantuviera el entorno rural de la isla. Los comuneros litigaron en tribunales y fueron perdiendo en los juzgados. En 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otorgó el amparo a Península Maya para que continuara con el proyecto de “La Ensenada”. Si legalmente los comuneros y ambientalistas estaban derrotados, la vía política era lo que seguía. Para dividir a los comuneros, el primero de junio pasado se aprobó la división de Holbox en cuatro porciones ejidales, con lo que se abría el campo político a la construcción del proyecto de Ponce García. Medios locales reportaron en aquél momento que entre los asambleístas habían participado ejidatarios de Yucatán, enviados por el empresario, que no tenían injerencia alguna en los asuntos de Holbox. A la mañana siguiente, la presidencia municipal amaneció sitiada por policías antimotines, ante la volatilidad política que se vivía. Casi dos meses después, la Marina detuvo a 16 comuneros acusados de remover vegetación en Holbox, en un operativo ordenado por la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Nohemí Ludivina Menchaca Castellanos, ex senadora del Partido Verde, quien fue cesada en febrero pasado, según trascendió en la prensa, por su involucramiento en el proyecto cancelado de Dragon Mart y el de “La Ensenada”. La ex delegada dijo que renunciaba para contender por una diputación por el Verde, y fue sustituida por Carolina García Cañón, ex diputada también del Partido Verde pero, a diferencia de su antecesora, mexiquense; su suplente es Alejandro del Mazo Maza, primo del presidente Enrique Peña Nieto. El conflicto social en Holbox sigue, y no va a parar. Los intereses empresariales y políticos en el proyecto, son más fuertes que los gritos de la sociedad, la marca indeleble del México actual. rrivapalacio@ejecentral.com.mx