En 10 meses y 13 días que lleva la actual administración la seguridad y la disminución de la violencia en el país sigue siendo la asignatura pendiente en la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al dar a conocer un informe de seguridad pública en la conferencia mañanera de este lunes, que incluyó datos de protección civil, desastres naturales, infraestructura, programas sociales y otros temas ajenos, el gabinete de seguridad reconoció que la incidencia de homicidios se estabilizó entre diciembre de 2018 y agosto de este año; sin embargo, la estadística sigue mostrando una incidencia al alza.
De acuerdo con las cifras presentadas por Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, entre enero 2015 y agosto del año en curso ha habido un incremento gradual en la cantidad de víctimas de asesinato, el cual encontró su máximo histórico en ese lapso en julio de 2018 cuando se registraron 3 mil 074 víctimas de ese delito.
La evolución del homicidio doloso a nivel nacional advierte que aunque el promedio mensual en los últimos cuatro años ha ido del 1.1% de 2015 a junio de 2016 2.8%; bajar al 1.9% en 2017 y bajar al 0.8 y 0.4 por ciento entre 2018 y 2019, la tendencia de crecimiento de esos crímenes no evidencia un comportamiento decreciente.
A decir del titular de la SSPC, “hemos logrado un punto de inflexión en la violencia en el nivel de crecimiento en la tendencia de los delitos dolosos”; no obstante, las cifras oficiales reportadas por cada estado indican que en los primeros nueve meses del actual gobierno la cantidad de víctimas de homicidio y feminicidio incrementó un 4.6 al pasar de 26 mil 715 víctimas de muerte violenta de diciembre del año pasado a agosto de este 2019, cuando en el mismo periodo inmediato anterior se registraron 25 mil 533 víctimas.
De manera focalizada, el secretario Durazo Montaño informó que en ese mismo periodo cinco entidades concentran más del 41% de la incidencia de homicidios dolosos, se trata de los estados de Guanajuato, con el 9.2% de homicidios a nivel nacional; Baja California (9.1%); México (8.9%); Jalisco y Chihuahua con 7.2 por ciento respectivamente.
En el acumulado de los homicidios por región, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citado por el titular de la SSPC en esos nueve meses, la región del país donde se ubica Tijuana, en Baja California concentran la mayoría de crímenes, seguido de ciudad Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León; la alcaldía Benito Juárez en la CDMX; y San Quintín en Baja California.
El secretario, quien fue el primer integrante del gabinete en tomar la palabra, reiteró que la herencia que recibió el gobierno de López Obrador fue la de una “crisis de inseguridad crónica” en la que según las encuestas del INEGI se contabilizaron 33 millones de delitos y casi 25 millones de víctimas tan sólo en 2018.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), entre 2018 y 2017, comprendiendo la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto, a nivel nacional, 67.2% de la población de 18 años y más consideró la inseguridad como el problema más importante “que aqueja hoy en día, seguido del desempleo con 32.8% y el aumento de precios con 28.1 por ciento”, citó el secretario contextualizando las principales preocupaciones.
Bajo un panorama en el que sólo cuatro de los 32 estados del país cuentan con el porcentaje de superávit mínimo requerido para el óptimo funcionamiento de las policías estatal y municipal, las cuales también se tratan de las instituciones percibidas como las menos confiables, el secretario Durazo destacó que la percepción de inseguridad por entidad federativa registró un descenso de 0.5 al pasar de una percepción de 79.4 a 78.9.
Entre los avances que Alfonso Durazo destacó recordó la desaparición del Estado Mayor Presidencial (EMP), así como del CISEN, que dio lugar a la conformación del Centro Nacional de Inteligencia, la creación de la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad civil integrado con integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal en vías de extinción, los diferentes programas sociales como parte de la política de seguridad, entre otros.
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