Nixon Gómez de 37 años, junto con su esposa y sus dos pequeñas hijas salió por segunda ocasión de su natal Honduras huyendo de las extorsiones y la violencia de pandillas, en busca de un lugar dónde trabajar y garantizar seguridad para él y su familia, “no busco mucho sólo estar bien en cualquier lugar de México”, sostuvo.
Lo cierto es que en medio de los ataques y presiones por parte del gobierno de Donald Trump para disolver la caravana migrante y blindar la frontera con México con el envío de una Guardia Nacional, aunado a la incapacidad del gobierno mexicano por garantizar su protección y regulación migratoria, Nixon, así como los al menos mil 600 migrantes provenientes de Centro y Suramérica están en medio de la incertidumbre y el contingente se ha ido disolviendo.
Aunque en territorio nacional se ha hecho un esfuerzo por acompañar el tránsito de personas migrantes y asistirlos en materia de ayuda humanitaria y en caso de abusos por parte de autoridades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció que el gobierno mexicano carece de políticas públicas que atiendan flujos migratorios intensos como fue el caso del arribo de haitianos, cubanos, y ahora centroamericanos.
No estamos preparados
“Las autoridades deben tomar en cuenta las situaciones que han sido señaladas por la CNDH como violatorias de derechos humanos para que no vuelvan a ocurrir, para que se reparen integralmente, y que también se generen políticas públicas. No tenemos políticas públicas cuando tenemos flujos migratorios intensos, no hay una forma determinada institucional para dar respuesta a este flujo migratorio”, reconoció Édgar Corzo Sosa, quinto visitador de la CNDH.
En entrevista con eje central, Corzo Sosa señaló que, aunque el viacrucis que empezó el pasado 25 marzo con cerca de 700 personas continúa, no obstante que “de alguna manera se ha dispersado”, aseguró que a la fecha no han recibido ninguna denuncia en contra de autoridades de migración o de abusos policiales. Incluso refirió que se les han ido entregando documentos de salida para retornar a sus países de origen o licencias de 30 días para poder solicitar su regularización migratoria si tienen algún familiar o un vínculo con el país.
“Hemos advertido que sobre todos mujeres, niñas, niños y adolescentes intentan regresar a su país de origen, otros se movieron a Veracruz y hay un contingente de unas 300 personas que siguieron en el tren, mayoritariamente hombres”.
Aunque el quinto visitador sostuvo que las personas que huyen de la violencia tienen el derecho de solicitar su condición de refugiados o de asilo al tratarse de un derecho humano, y la propia comisión es vigilante y acompañante por mandato de ley que estas protecciones se garanticen y respeten, la realidad es distinta y asociaciones de activistas en favor de migrantes acusan que el estado mexicano no ha cumplido con su responsabilidad de garantizar la protección a los que solicitan refugio.
Muestra de ello es que el tener acceso a dichos derechos no ha sido fácil y en muchos casos resulta imposible. La caravana se detuvo desde el 28 de marzo durante los días mayores de la Semana Santa. Los trámites para los permisos migratorios y las solicitudes de asilo se han aletargado y los mil 200 migrantes que se integraron en Chiapas, han ido reduciendo su número con la esperanza que la situación mejore.
Con el conocimiento de los organizadores se solicitaron 300 hombres que se adelantaran hasta Veracruz para llegar a Puebla y así dejar de ser visibles en número. En lugar de 300, viajaron 600 hombres que llegaron la noche del martes a Tierra Blanca, Veracruz, un paso obligado para la ruta migrante.
La bienvenida de la delegación veracruzana del Instituto Nacional de Migración (INM) fue que debían dejar el estado en 48 horas. Apresurados, se encontraron con un operativo que detuvo a unos 400 migrantes, según lo señalado por los viajeros; la delegación migratoria reconoció a 130 como resultado de su dispositivo.
Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Gobernación entregó 230 oficios de salida para el libre tránsito de los migrantes por el país y 168 solicitudes estaban bajo análisis. Aunque estas personas ya no cuentan con dinero para seguir su camino y esperan la marcha del tren conocido como La Bestia.
Amenaza que trasciende fronteras
“Más vale que la gran caravana de gente de Honduras, ahora atravesando México y en dirección a nuestra frontera de ‘leyes débiles’ sea detenida antes de que llegue allí”, fue la sentencia que el martes pasado lanzó Donald Trump contra los caravaneros. Pero desde la tarde del lunes comenzó el éxodo gradual de los centroamericanos. El destino era Veracruz.
Sobre los anuncios de un despliegue militar en la frontera norte de México por parte del gobierno estadunidense y las presiones por disolver la caravana, el visitador de la CNDH refirió que, aunque cualquier país es libre de tomar decisiones en el ámbito de su soberanía, los temas de migración implican “un asunto delicado que trasciende fronteras donde hay una responsabilidad internacional conjunta, compartida y así lo señalan varios instrumentos internacionales”.
“La determinación que se tome debe pasar por un respeto a los derechos humanos de las personas, no puede ser una solución soberana y aislada, debe ser una decisión compartida internacional bajo el esquema de responsabilidades de una migración ordenada, segura y que permita garantizar todos los derechos de las personas”.
La acusación del gobierno de Estados Unidos es que la política migratoria mexicana es débil. Sin embargo, las cifras de la unidad de política migratoria revelan que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, hubo un promedio anual de 80 mil repatriaciones. Irineo Mujica, vocero de Pueblo sin Fronteras, organizadora del evento, pidió a Trump “no usar a los migrantes como excusa para construir su muro (…) todos los muros se terminan cayendo.
“Donald Trump quiere que nos exterminen de forma nuclear, porque venimos armados. ¿Qué los biberones de los niños que viajan también son armas? (…) lo que pedimos es una solución sensata a este problema. De la gente mexicana solo hemos recibido apoyo”, dijo.
Coincidentemente, Rubén Figueroa, coordinador sur-sureste del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), consideró que además de evidenciar la incapacidad del gobierno mexicano por atender y garantizar la seguridad de los migrantes, el gobierno de Trump lo está ocupando como un tema para infringir presión con un enfoque meramente político y comercial entorno a las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
“El gobierno de Estados Unidos utiliza esta situación de la caravana de una manera para presionar las exigencias comerciales que ellos tienen con el tema del TLC, ese su objetivo, meramente comercial, es muy perverso que se esté queriendo intercambiar seres humanos por mercancía y creo que es la manera de Trump de presionar a México. Con Honduras también hubo una amenaza y no es la solución más bien quiso presionar para que se efectúen sus condiciones o sus puntos comerciales”, refirió el coordinador del MMM
De acuerdo con las estadísticas de la unidad de política migratoria, los años con mayor tránsito fueron 2014, 2015 y 2016 cuando la cifra rebasó las cien mil detenciones por año llegando hasta las 181 mil en 2015. Principalmente en los estados cercanos a la frontera sur es donde existen mayores casos.
En Chiapas se llegó a detener y repatriar a 80 mil 295 migrantes según la cifra de la Unidad de la Segob. En la escala le siguen Veracruz, Tabasco y Oaxaca, incluso en 2017, y Ciudad de México donde fueron detenidos más de 4 mil migrantes sin documentación.
Realidad de horror
“Es una situación crónica por la violencia, la pobreza y la injusticia social en Centroamérica y hoy se le suma el conflicto postelectoral como tal y una represión política muy fuerte que se vive en Honduras, tenemos también el problema en El Salvador con respecto a las pandillas; la pobreza y la corrupción en Guatemala y todas esas problemáticas crónicas por eso es que vemos las grandes cantidades de personas que tienen la necesidad de salir de sus países de origen”, advirtió a este semanario Rubén Figueroa.
En los países de Centroamérica los planes para la prevención de la violencia han fallado. Por ejemplo, en 2015 en El Salvador el plan “El Salvador Seguro” (PESS) no logró contener la delincuencia ni la persecución de las pandillas contra los ciudadanos.
La delincuencia organizada en Guatemala, El Salvador y Honduras se ha convertido en la red que maneja la trata de blancas, el trasiego de droga y las cuotas para atravesar la frontera. La situación para la caravana sí se ha convertido literalmente en todo viacrucis, donde los latigazos de la incertidumbre, la pobreza y la violencia que los orillaron a salir de sus hogares, los persiguen se han agudizado por otro tipo de azotes que se aplican desde una oficina presidencial en 280 caracteres.
“Hoy en día estas acciones desnudan una realidad que se muestra a un plano internacional evidenciado por Donald Trump de una manera no positiva. Hemos visto que en los últimos meses se han detectado tráilers con 150 migrantes incluso tráilers con doble remolque, autobuses repletos de gente que es una constante en un flujo migratorio derivado de situaciones muy dramáticas en su país de origen y situaciones también de transito muy deplorable y lastimoso para ellos”, lamentó Figueroa.