De las acusaciones públicas y los recortes presupuestales al Instituto Nacional Electoral (INE), el gobierno federal a través de ambas cámaras legislativas planea tomar el control por medio de un puesto clave: la Contraloría interna, lo que le permitirá conocer las entrañas del gasto y posibles abusos cometidos por consejeros electorales y directores ejecutivos.
Tras quedar vacante la titularidad de la Contraloría General del INE, el pasado 6 de febrero, la Cámara de Diputados emitió la convocatoria casi un mes después, es decir, el 12 de marzo pasado, para que las universidades públicas postularan candidaturas afines a la experiencia y trayectoria que exige este puesto.
Pero quien llegue a ocupar la Contraloría se enfrentará a presiones de los consejeros. Un ejemplo de ello fue el que dio la consejera electoral Claudia Zavala durante el Informe Anual de Gestión 2017 ante el pleno del INE. Ahí, la consejera pidió al entonces contralor general del instituto, Gregorio Guerrero Pozas —quien renunció el 6 de marzo pasado para ingresar a la Secretaría de Gobernación (Segob)— que mantuviera en opacidad la información sobre funcionarios que incumplan con la declaración patrimonial.
“Yo sí pediría al señor contralor que se nos dé cuenta que una vez concluido el proceso de auditoría como debe ser, de cuáles fueron los asuntos que se elevaron a procedimientos administrativos disciplinarios con la secrecía que exige el deber de un órgano fiscalizador”, dijo Zavala.
Anomalías y poca transparencia
Entre las irregularidades detectadas por el Órgano Interno de Control (OIC) del instituto y presentadas ante el Consejo General, destaca que en la elección de 2018, para la instalación de la macrosala de prensa, el área de Comunicación Social inhibió la participación de licitantes.
Sobre este caso, el Informe Anual de Gestión 2018 refiere que no se aseguró la existencia de un estudio de mercado para tener, al menos, a cinco probables proveedores que pudieran cumplir con el servicio que requería el instituto.
El estudio también detalla que el instituto continúa adjudicando contratos “con base en una cuestionable asignación de puntos en las evaluaciones técnicas”, y pese a los señalamientos de años anteriores relativos a gastos, la práctica de asignaciones persistía al cierre del año, pues 45% de las convocatorias a licitación se realizaron en el último trimestre de 2018.
Pero en el informe 2017 se detectó un incremento de 325% en el costo de la Dirección de Obras y Conservación por el crecimiento en el número de plazas y de niveles que opera, al pasar de 8.5 millones de pesos, con 21 lugares a 80 y un costo cercano a 26.1 millones de pesos.
La documentación de ese año refiere que la creación y operación de la Dirección de Obras estuvo relacionada con la construcción de las Torres en el Conjunto inmobiliario de Viaducto-Tlalpan.
Otro antecedente de las anomalías se remonta a 2015, en el arrendamiento de mil 96 vehículos se erogaron cerca de mil millones de pesos, por lo que el OIC pidió revalorar el gasto, pues basado en un estudio demostró que resultaba 53% más económico comprar y al cabo de cuatro años subastar que rentar, y se ahorraría 46% si el INE se queda con los vehículos.
Al respecto, Eduardo Huchim May, exconsejero electoral del extinto Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), dijo que existe una “distorsión en el gasto” del organismo autónomo, pues el desfase se reflejó cuando el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que el recorte presupuestal de 950 millones de pesos les impediría organizar los comicios de este año, algo que calificó de absurdo.
Los diputados impusieron un candado que obliga a las universidades a hacer las propuestas directamente, lo que cierra el abanico de candidatos.
A lo anterior, se suman 69 iniciativas de reformas a leyes electorales y artículos constitucionales, de las cuales, 54 son integradas en un solo paquete de modificaciones, al frente de la integración de propuestas está el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, suplente del exrepresentante ante el INE y diputado con licencia Horacio Duarte.
Entre las iniciativas se busca reestructurar al INE al reducir de 11 a siete consejeros electorales, actualmente, por cuota partidista, cinco son del PRI, y tres del PAN y PRD, en materia de austeridad se pretende eliminar los 32 Organismos Públicos Locales (Oples) cuyas funciones recaerán en las juntas ejecutivas del INE, y cuyos consejeros serán nombrados por los diputados federales en lugar de los consejeros del INE, así como la reducción del 50% en el financiamiento público a partidos políticos.
En la elección de 2018, para la instalación de la macrosala de prensa del INE, el área de Comunicación Social inhibió la participación de licitantes, reveló el informe anual de la gestión 2018.