De los 19 cuerpos que fueron encontrados colgados de un puente o desmembrados en Uruapan, Michoacán, al menos 12 ya fueron identificados y algunos de ellos cuentan con antecedentes penales por actividades delictivas.
En entrevista con Raymundo Riva Palacio para Estrictamente Digital, el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, descartó que esta sea una condición para dejar de investigar, pero da una base para relacionarlos con bases delincuenciales.
El fiscal reveló que, desde que se dio a conocer el hallazgo, se trabajó en el levantamiento de los cuerpos y se iniciaron las investigaciones, pero que aún no cuenta con datos suficientes para establecer si pertenecían al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o a Los Viagras, grupos que se disputan la plaza.
“Lo que nos permite establecer esta línea de investigación son los hechos de semanas, meses, recientes, en donde se ha visualizado en la ciudad de Uruapan, la disputa por el control territorial que tiene que ver con la comercialización, la producción, la distribución y el consumo de sustancias adictivas”, aceptó.
Pese a eso, dijo que estas acciones no se disculpan con el argumento de ser una confrontación entre grupos de la delincuencia, pero establecen el dato para ubicar las características y circunstancias en las que se dio.
López Solís señaló que es imposible conocer la cantidad de personas que, en la entidad, están relacionadas con estos grupos de la delincuencia, porque su medición se da a partir de detenciones o de carpetas de investigación que se abran por señalamientos directos.
En cuanto a la llegada de la Guardia Nacional, el fiscal informó que se espera la presencia de cuatro mil 600 elementos a toda la entidad. A Uruapan le corresponden 450 elementos, pero hasta el momento sólo han llegado 200, pero se están realizando acciones conjuntas.
Propone estrategia nacional
La Fiscalía General de Michoacán, dijo, ha advertido un crecimiento en el índice del delito de homicidio, de enero a junio de este año se han registrado 109 homicidios, dejando 149 víctimas, una cantidad superior a años anteriores a 2018 cuando también se vivió un alza en el delito.
“Plateamos una estrategia nacional para la investigación de persecución del delito de homicidio, conscientes de que muchos de estos eventos tienen relación con actividades que pueden caer en el ámbito de competencia de la actividad federal”, solicitó.
Dijo que existe una necesidad latente de fortalecer las capacidad de las áreas de investigación de persecución del delito, que son las que corresponden a la autoridad local, pero también de los recursos humanos, materiales, tecnología y uso de inteligencia, requieren recursos homologados, estrategias compartidas, acciones operativas conjuntas. “Hoy por hoy este fenómeno se debe elevar a la máxima prioridad de la agenda nacional ya que se trata del delito que agravia el bien jurídico más preciado, que es la vida humana”, reconoció el fiscal.
Pero aseguró que se debe hacer de manera distinta a 2006, cuando el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra a la delincuencia organizada, y se realizó una estrategia operativa y con despliegue territorial.
ES DE INTERÉS |