1.
El 26 de septiembre se cumplieron cuatro años de los trágicos acontecimientos de Iguala, en los que desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Tras años vistos, no ha habido justicia. Ninguno de los más de 120 detenidos con motivo de tales hechos ha sido puesto ante un juez, ni siquiera el alcalde del mal, José Luis Abarca, impulsado al cargo en un esquema de izquierdas por todos conocido. Finalmente, la complejidad revelada en el actuar criminal provocó que la tragedia recayera en el ámbito de responsabilidad del gobierno federal.
2.
El caso gravitó en contra de la imagen presidencial, tanto o más que el escándalo de la Casa Blanca. La “verdad histórica”, mediante la cual la PGR integró una narrativa de lo acontecido y relacionó a los detenidos con las desapariciones, dejó de tener sentido ante las dudas periciales y mediáticas que fueron desacreditando y desautorizando las actuaciones judiciales, desde la cadena de custodia y diversas hipótesis de investigación, hasta las interpretaciones científicas de la dinámica del fuego y del tiempo requerido para incinerar tal número de cuerpos. Más que enjuiciar a los criminales, pareciera mejor responsabilizar al Estado por la impericia al investigar o errores en la política de seguridad. No ha habido, por ende, una verdad jurídica.
3.
Las evidencias se fueron diluyendo ante la incapacidad de enfrentar los cuestionamientos, pero sobre todo, ante la incapacidad de llevar a juicio a los detenidos. Los gestores de derechos humanos fueron mejores al documentar irregularidades que la capacidad del MP para aportar pruebas, ni siquiera las confesionales, que ahora son impugnadas por la presunción de tortura. Pegó más en el imaginario público la imputación genérica al Estado y, sobre todo, la hipótesis de una actuación de elementos federales o militares destacados en ese tiempo en Iguala. A tal grado el descrédito que en la agresión de hace unos días de jóvenes encapuchados al cuartel del 27 Batallón de Infantería en Iguala, nadie defendió al Ejército y sus instalaciones, ni siquiera ellos mismos.
4.
El riesgo es que en la confusión se desvanezca la responsabilidad de los criminales y la actuación de una Comisión de la Verdad les exonere. Con los acontecimientos del 68, 50 años después, el Estado mexicano resulta responsable de violaciones a derechos fundamentales y ofrece reivindicar la memoria y una reparación colectiva por medio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pero al estar próximas ambas efemérides, la de cuatro años de la desaparición de los 43 y la de los 50 años de Tlatelolco, en el contexto garantista prevaleciente se podrían conjuntar ambas reivindicaciones en contra del Estado y hablar entonces de la liberación de los detenidos en las investigaciones de Iguala como si de honrar la memoria de los libertarios del 68 se tratara. Unos son criminales que desaparecieron a 43 normalistas; los segundos iniciaron la transición a la democracia en México.
5.
La exigencia de justicia no habrá de agotarse, pues el derecho a la verdad es inalienable, pero de prevalecer la tendencia por hacer aparecer al Estado como violador de derechos podría dejar de lado el castigo a los presuntos implicados, los verdaderos criminales que cometieron atrocidades como las de Iguala, quienes podrían estar muy pronto en las calles para cometer otras iguales o peores debido, precisamente, a los procedimientos garantistas del Estado reformado. Es de hacer notar que ni el Estado de hoy ni el ambiente de libertades son las mismas que existían en 1968, como lo testimonian las sucesivas reformas a la Constitución que ampliaron libertades y protegen los derechos humanos.