Los gobernadores no pasaron la prueba y se sirvieron con la cuchara grande. El 2016 fue el primer año en que se auditaron los impuestos que el gobierno federal distribuye entre los 32 estados del país. Al final de la evaluación, las administraciones estatales no pudieron aclarar cómo utilizaron de 23 mil 647.6 millones de pesos.
Este dinero faltante es equivalente al presupuesto que este año le fue asignado al Instituto Nacional Electoral (24 mil 215 millones) para la organización del proceso comicial más grande de la historia. O para verlo más claro, el monto es similar a los recursos que en 2018 ejercerán juntas cuatro secretarías de Estado: Relaciones Exteriores, Economía, Energía y del Trabajo.
Al no ser recursos etiquetados, los gobiernos hicieron un festín con ellos, lo más común: pago de sueldos por arriba del tabulador, remuneraciones a plazas no autorizadas, retenciones de impuestos no pagadas al SAT, obras y servicios que nunca se entregaron, adquisiciones y compras sin factura, gratificaciones y bonos al margen de la ley. Así diluyeron los gobernadores el dinero que pagan los contribuyentes y que fondean la operación de las administraciones locales, faltas por las que ninguno de ellos ha sido procesado legalmente.
Despilfarro en cuatro estados
Las participaciones federales son recursos que se transfieren por la Federación a las entidades y, por medio de éstas, también a los municipios y delegaciones de la Ciudad de México. Dichos fondos provienen de los impuestos y son la principal fuente de ingresos para solventar el gasto corriente de gobiernos estatales y municipales.
La decisión de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisara, por primera vez, la forma en que los gobernadores gastan las participaciones federales se tomó tras las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, aprobadas en 2015. Anteriormente estos recursos se ejercían sin ningún tipo de supervisión.
En total, en 2016 a los estados se les transfirieron 566 mil 718.3 millones de pesos, de los cuales 309 mil 024 millones fueron auditados por la ASF. Las anomalías halladas ascienden a 23 mil 647.2 millones de pesos, equivalentes a 7.7% de la muestra analizada.
Por monto, los estados que tienen las mayores cantidades sin aclarar son Veracruz, con 7 mil 458.5 millones de pesos; Nuevo León, con 5 mil 823.5 millones; Quintana Roo, con 2 mil 62.7 millones, y Tamaulipas, con mil 594.4 millones de pesos.
Las malas cuentas de Veracruz coinciden con el último año de gobierno de Javier Duarte de Ochoa, quien actualmente está preso en el Reclusorio Norte y enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber.
Las principales irregularidades en las que incurrió el gobierno de Javier Duarte —que representan el 35% de la muestra auditada— es haber gastado 6 mil 543 millones de pesos en contratos, obras, servicios y adquisiciones y no tener la documentación comprobatoria. También gastó más de 75 millones de pesos en sobresueldos que rebasaban los tabuladores oficiales.
›La medalla de plata por malos manejos de las participaciones federales es para Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, el primer gobernador independiente, que tuvo como eje de campaña el combate a la corrupción y que ahora aspira a la presidencia de la República. Su gobierno no pudo aclarar la utilización de 5 mil 823.5 millones de pesos.
El principal conflicto de El Bronco es con la nómina del estado, pues pagó más de 5 mil millones de pesos en sobresueldos, trabajadores fuera de nómina, aviadores, plazas no autorizadas y empleados dados de baja.
Las irregularidades del aspirante presidencial equivalen a 31% de la muestra auditada (18 mil 538 millones) y 21% de los 26 mil 925 millones de pesos que le transfirió la Federación. Es decir, al menos uno de cada cinco pesos de las participaciones federales fue gastado con opacidad en el gobierno de Nuevo León.
El tercer lugar es para Roberto Borge, cuyo último año de gobierno coincidió con el análisis de la ASF. Los faltantes ascienden a dos mil 62 millones de pesos, monto que representa 27% del total de dinero transferido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (6 mil 911.7 millones) y 63% de la muestra auditada (3 mil 248.5 millones de pesos).
La administración de Borge, actualmente recluido en el penal de Neza Bordo, luego de haber sido aprehendido y extraditado desde Panamá, incurrió en compras sin factura y pago de obras y servicios sin documentación comprobatoria por 1,719.9 millones de pesos, así como en pago de sobresueldos al margen de la ley por 145.9 millones.
El cuarto sitio es para Tamaulipas, que en 2016 aún era gobernada por Egidio Torre Cantú, el mandatario que vio incrementarse de manera exponencial la violencia en su territorio. Sus inconsistencias ascienden a mil 594 millones de pesos, lo que equivale a 19% de la muestra auditada, es decir, uno de cada cinco pesos auditados tuvo irregularidades.
Tamaulipas es señalado por haber pagado 334.3 millones a empleados fantasma y 191.3 millones a trabajadores cuyas plazas no han sido autorizadas. Se le señala también de haber invertido 338.3 millones de pesos en obras y servicios de las que no existe factura ni sustento documental.
En términos generales, la principal irregularidad detectada por la ASF es la ausencia de documentación comprobatoria de gastos y contratos, pues en ese rubro hay un faltante por 17 mil 775.6 millones de pesos. Aquí destacan entidades como Veracruz, con 36.8% del monto total observado en este concepto; Nuevo León, con el 28.4%; Quintana Roo, con el 9.9%; Zacatecas, con 5.0% y Morelos, con 4.7%.
La segunda infracción más frecuente, a nivel nacional, es el pago de remuneraciones indebidas al personal. Se halló un faltante por mil 826.9 millones de pesos y más de la mitad del país presentó esta irregularidad, un total de 18 entidades federativas. Los estados con mayor monto observado fueron: Tamaulipas, con el 34.2%; Nuevo León, con 29.5%, y Chihuahua, con 18.3 por ciento.