La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) impugnaron la sentencia del Poder Judicial de la Federación que favorecía a los familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, víctimas de desaparición forzada ocurrida hace 12 años (el 25 de mayo de 2007) en el estado de Oaxaca.
La sentencia emitida el pasado 5 de mayo de 2019 ordena la creación de una Comisión Especial de Búsqueda de los luchadores sociales Edmundo y Gabriel, así como la comparecencia de todos los funcionarios públicos de todos los niveles que hayan podido estar involucrados en los hechos, y la apertura de los cuarteles militares para hacer las indagatorias.
En conferencia de prensa realizada este sábado en la plancha del Zócalo, familiares y defensa jurídica de los dos activistas desaparecidos explicaron que existen posibilidades de que la autoridad mantenga firme la sentencia y por lo tanto invalide el recurso promovido por la FGR y la Sedena. De lo contrario, sería una señal negativa del actual gobierno, consideraron.
De lo contrario, cumplir con la sentencia a favor de las víctimas de desaparición forzada sería muestra de que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador no es complice de los gobiernos anteriores y que tiene la intención de acabar con los crímenes de lesa humanidad, expresaron los familiares.
Asimismo, señalaron que el actual gobierno cuenta con todos los recursos necesarios para determinar a los responsables y para saber dónde están, y con ello, cumplir la promesa de no permitir la continuidad de la impunidad.
El representante jurídico de ambos casos, Sandino Rivero externó que ya se ha solicitado tener mesas de trabajo con los titulares de Gobernación y de Derechos Humanos (Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, respectivamente), por lo que mantendrán el plantón en el Zócalo hasta que sean atendidos.
Tanto Rivero como los familiares se mostraron optimistas al señalar que la autoridad judicial podría mantener firme la sentencia que evidencia la grave violación a los derechos humanos cometida por agentes del Estado, y que favorece a las víctimas, y con ello invalidar la impugnación. Sin embargo, no descartaron que buscarían que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso.
Sentencia del Poder Judicial de la Federación:
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