La intensidad del conflicto cibernético en todo el mundo está aumentando, y las herramientas se están volviendo más baratas y más fácilmente disponibles. Jared Cohen, Fundador y CEO de Jigsaw. Asociado Senior del Council on Foreign Relations
El Internet y las tecnologías digitales han transformado la economía global, la comunicación e incluso la forma de gobernar y hacer política. Las instituciones, organizaciones, empresas, la sociedad y el gobierno están utilizando las ventajas que ofrecen estas tecnologías; el abanico de posibilidades dentro del ecosistema digital, va desde las transacciones bancarias y financieras, comprar música, hasta realizar trámites gubernamentales como imprimir un acta de nacimiento o corregir la Clave Única de Registro de Población (CURP). De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2017 (ENDUTIH), en México existen 71.3 millones de usuarios de Internet, los cuales equivalen a 63.9 por ciento de la población, y respecto a 2016, el incremento total de usuarios se incrementó en 4.4 puntos porcentuales, por lo que el ciberespacio se ha convertido en un lugar del que depende la economía nacional y global. En este contexto de hiperconectividad, la consultora PwC indica que líderes empresariales, a nivel internacional, han señalado que las amenazas cibernéticas son uno de los principales riesgos para los negocios, ubicándose en la cuarta posición, detrás de la sobrerregulación, el terrorismo y la incertidumbre geopolítica. Incluso, en la Agenda Nacional de Riesgos, elaborada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), se indica que -sin duda- uno de los retos en materia de seguridad nacional es la ciberseguridad. A nivel mundial, México se ubica en el tercer lugar con más ataques cibernéticos. En este sentido, la División Científica de la Policía Federal dio a conocer que anualmente se registran más de 60 mil incidentes cibernéticos, 40 mil eventos de propagación de virus informáticos e identifican alrededor de 5 mil páginas apócrifas con fines de fraude. Mientras que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) expone que los fraudes cibernéticos en la banca electrónica ganaron reclamos anuales por cerca de 266 millones de dólares en el país. No podemos olvidar que apenas en mayo de este año, se llevó a cabo el hackeo a los sistemas de conexión al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), lo que derivó en pérdidas por 300 millones de pesos. En este contexto, definitivamente, “los riesgos y amenazas en el ciberespacio constituyen un ataque a la dignidad humana, la integridad de las personas, la credibilidad, la reputación y patrimonio de las empresas y las instituciones públicas; así como a la seguridad pública”. Y es que, como lo ha señalado Nazli Choukri, profesor de Ciencia Política del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), “la ubicuidad, la fluidez y el anonimato del ciberespacio han desafiado conceptos del Estado-Nación como la influencia, la seguridad nacional y la diplomacia”, incluso en esta nueva realidad virtual, la noción de fronteras se diluye a medida que la carrera de armas cibernéticas, tanto de Estados como de criminales, continúa escalando. Frente a esto, no podemos soslayar los esfuerzos que ha hecho el gobierno mexicano por desarrollar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, la cual tiene por objetivo “identificar y establecer acciones en la materia aplicables a los ámbitos social, económico y político que permitan a la población y a las organizaciones públicas y privadas, el uso y aprovechamiento de las TIC de manera responsable para el desarrollo sostenible del Estado Mexicano”, lo anterior enfocado en tres principios rectores: perspectiva de derechos humanos, gestión de riesgos y colaboración multidisciplinaria. Sin embargo, el ciberespacio al ser un lugar multidimensional en donde la innovación tecnológica y la creatividad encuentran posibilidades infinitas, es urgente que el próximo gobierno continúe trabajando y fortaleciendo la estrategia existente y considere el tema como asunto prioritario en la agenda de seguridad nacional. La estrecha colaboración entre academia, cámaras y asociaciones, sector privado y público será necesaria para desarrollar los mecanismos que reconozcan el dinamismo de esta sociedad de la información, y al mismo tiempo aseguren los derechos y principios fundamentales del siglo XXI. Como lo ha señalado Raquel Gatto, maestra en derecho internacional y asesora política regional de Internet Society: “estamos en un momento crucial donde es urgente colocar pilares sólidos para que la tecnología siga creciendo sin perjuicio de los usuarios y de la sociedad”.