“La integridad del planeta no es un sueño lejano, es una necesidad urgente. Nuestros
ciudadanos están perdiendo la fe y la situación ha empeorado con la crisis”
José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE
De acuerdo con Transparencia Internacional, la corrupción se define como “el abuso del poder para beneficio propio”, y es que Antonio Molpeceres, coordinador residente de Naciones Unidas en México, explica que se trata de un asunto global que alcanza entre cinco y 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el mundo; es decir, equivale a diez veces los recursos involucrados en todos los programas de cooperación internacional, por ello diversos organismos multilaterales, así como miembros de la sociedad civil han exhortado y trabajado para que los gobiernos adopten todas las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos de corrupción. En México, durante 2018, el tema del combate a la corrupción fue prioritario, de hecho durante las elecciones presidenciales se convirtió en uno de los puntos centrales del debate entre los candidatos. Y es que, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional reporta que México se ubica en la posición 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción, asimismo a nivel regional, también está entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, lo anterior con base en una evaluación realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Al respecto, la OCDE explica que la mala ubicación de nuestro país se debe a los niveles mínimos o nulos de cumplimiento concernientes con la investigación y sanción de asuntos relacionados con corrupción. Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destaca que “el costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 7 mil 218 millones de pesos”. Debemos considerar que la corrupción ha sido una de las causas que ha impedido el desarrollo económico de nuestro país, debilitando las instituciones y transgrediendo los derechos de todas las personas, en especial, de aquellas en situación de pobreza. Por lo que no cabe duda que se trata de una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable y los procesos democráticos. Ante esta situación, el secretario de la OCDE, José Ángel Gurría celebró que su combate sea una de las prioridades estratégicas de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que se trata de un problema estructural que debe enfrentarse en conjunto y con corresponsabilidad social para comenzar a acotar “este abuso de poder para beneficio propio”. Además, para continuar enfrentando los desafíos en la materia será clave el análisis y la implementación de las recomendaciones que ha hecho la OCDE entre las que destaca una vinculación estrecha entre la integridad del servicio público y otras estrategias como el Plan Nacional de Desarrollo; también, nos recuerda que es urgente nombrar al Fiscal Especial Anticorrupción para contar con un Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción completo, asimismo, propone que el Comité de Participación Ciudadana sea reconocido como persona jurídica y tenga recursos para sus necesidades operativas, ya que la fortaleza del gobierno dependerá de la confianza que tengan los ciudadanos. Hoy, por el bien del desarrollo y progreso de México, y considerando la crisis de credibilidad institucional que enfrentamos debemos comenzar a trabajar en el fortalecimiento de la integridad y de la ética pública; sin duda, todos los mexicanos somos conscientes de que la forma de hacer política y conducir al país tienen que transformarse hacia un ejercicio que apueste por la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la asignación eficiente de recursos públicos.