“La impunidad es evitable y exige el compromiso de todos”.
Papa Francisco
Actualmente hablar de impunidad en nuestro país es referirse a una realidad en la que la mayoría de la población percibe estar inmersa y esto en gran parte puede deberse a tres factores: el incremento en la falta de confianza en las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia para denunciar los delitos, al deterioro de la institución del Ministerio Público y el personal que ha venido siendo superado por el crimen y la corrupción en algunas organizaciones de estos sectores. De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la impunidad se define como: “Inexistencia, de hecho, o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas.” Esta excepción de castigo deja como consecuencia un sentimiento de impotencia que de forma parsimoniosa se ha convertido en un descontento social que no sólo termina en el enojo de la ciudadanía sino en la decisión apresurada de tomar la justicia en propia mano, cometiendo linchamientos, arropados en el refugio de la masa y del amparo de la posible ineficiencia en las investigaciones. Los resultados arrojados por el Índice Global de Impunidad en México 2018 realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) son catastróficos, nuestro país empeoró en la medición de niveles en la mayor parte los estados de la república como a nivel mundial ya que actualmente ocupamos el cuarto lugar con 69.21 puntos y encabezamos la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad. ¿Por qué cada año desde la realización de este Índice en 2015 la impunidad ha ido en aumento? ¿Por qué cada vez parece más sencillo cometer delitos y salir ileso? Hoy es necesaria la creación de políticas públicas que comiencen a revertir el daño causado a las organizaciones encargadas de la procuración de justicia por la corrupción, pero más allá de eso se requiere de un trabajo coordinado entre instancias en los tres niveles de gobierno para acercar a la población una procuración de justicia digna de confianza y nutrida de honestidad, porque el mayor reto no está en la norma, sino en la operación; en la falta de pago, capacitación y malas condiciones para los policías que derivan en una constante negación a esclarecer y solucionar los delitos denunciados. Los números no benefician a México ya que actualmente el promedio de jueces es de cuatro por cada 100,000 habitantes diferencia sumamente relevante con respecto a Croacia, país que tiene el más bajo índice de impunidad a nivel mundial y que cuenta con 46 jueces por cada 100,000 habitantes. Por otro lado, la corrupción es un tema de suma importancia que no puede ser abordado de forma individual sino como una problemática que afecta e incrementa la impunidad en nuestro país, no sólo se trata de aludir como culpable de ésta a los planos gubernamentales sino identificarlo como un mal que se hace presente de forma individual al buscar escapar de una multa de tránsito, al hacer caso omiso de las leyes cuando mejor nos conviene como individuos o a enfrascarnos en largas discusiones y debates donde vemos que el único culpable es el gobierno que no hace nada para combatirlo; porque todos nos quejamos del exceso de impunidad pero no realizamos un examen de autoevaluación para de forma sorpresiva entender que incluso nosotros de una u otra forma hemos buscado salir ilesos de algunas faltas. Para contrarrestar la impunidad no sólo se debe observar y cuestionar al gobierno y lo que hace en favor o en contra del país, se trata de ser autocríticos, evaluar a nuestros semejantes y sumar poco a poco sin esperar nada a cambio; no sólo son las buenas voluntades las que deben sumarse para poder revertir la grave problemática, sino que las instituciones velen por la determinación de la verdad sobre los hechos sucedidos y el establecimiento de la responsabilidad individual e institucional correspondiente, pero sobre todo la reparación del daño a las víctimas y la implementación de medidas de no repetición de estas acciones.