Son 33 personajes que manejarán, en conjunto y en un año, por lo menos 325 mil millones de pesos en programas federales. Tienen poca preparación educativa, casi inexistente experiencia en la administración pública y en estrategia política. En algunos casos con acusaciones sobre su integridad profesional, por faltas administrativas, acusaciones penales o señalamientos internacionales ante la sospecha de colaborar con el crimen organizado.
Eso resume al coordinador y a los 32 delegados federales que, de acuerdo al rediseño institucional de Andrés López Obrador, deberán hacerse cargo de la administración y aplicación de los recursos públicos en los estados, para aplicar programas directos a favor de la población.
Al revisar sus biografías, la constante es que fueron colaboradores cercanos al presidente electo o a su grupo más cercano o incluso familiares (como el caso de Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la próxima secretaria de la Función Pública), o hicieron un trabajo político a favor de Morena en las pasadas elecciones.
Por ejemplo, uno de los hombres de confianza del próximo presidente, que coordinará a los delegados, es Gabriel García Hernández. Durante las campañas de 2006 y 2012 fue apoderado de las asociaciones Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, ambas dedicadas al financiamiento de la caravana de López Obrador para ocupar la presidencia. Su papel siempre ha sido operativo. Hace un par de meses dejó la Secretaría de Organización Política de Morena y tiene el mérito de haber diseñado la ruta del partido desde 2015, respecto al manejo de promotores de voto y la creación de comités municipales y estatales.
Pero García Hernández, respaldo político de Víctor Hugo Romo, fue acusado en 2012 por Pedro Joaquín Coldwell, entonces líder nacional del PRI, de haber operado un esquema para recolectar recursos públicos del gobierno de la Ciudad de México. Esto nunca fue comprobado, por lo que no fue acusado penalmente.
Los más beneficiados
De forma pública, López Obrador ha mencionado que los estados con mayor índice de pobreza serán los beneficiados con programas sociales. El estado de México tiene proyectado cerca de 46 mil millones de pesos en programas para el 2019.
En esa entidad operará la maestra Delfina Gómez, perdedora de las elecciones a gobernador por dos puntos porcentuales de la votación (casi 84 mil votos). Alfredo del Mazo tendrá que reunirse con la exalcaldesa de Texcoco y actualmente senadora de la república.
En Jalisco fue designado Carlos Lomelí Baños, médico cirujano y socio de laboratorios, que desde 2008 fue identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como un posible cómplice de los hermanos Amezcua, llamados “los reyes de las metanfetaminas”. También fue candidato de Morena al gobierno de Jalisco este año.
Poco se conoce de Nancy Cecilia Ortiz Cabrera, quien vigilaría 43 mil millones de pesos como coordinadora en Oaxaca. Esos recursos públicos y la coordinación de dos decenas de colaboradores, no serán problema para manejar, si ella tuviera experiencia, no sólo como titular de un módulo de Desarrollo Social en el municipio de Cuaucatlán y tres años de diputada federal por Morena. Aunque su fuerza proviene del grupo político al que está ligada, el de Flavio Sosa, uno de los rostros visibles de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
En Chiapas, donde se proyecta un gasto de 32 mil millones de pesos, estará José Antonio Aguilar Castillejos. Es un exmilitante de Movimiento Ciudadano e invitado alrededor de 2015 por Pío Lorenzo López Obrador, hermano del Presidente electo, para militar en Morena. No tiene experiencia legislativa ni en cargos federales. En su currículum se muestra que fue Tesorero del municipio de Ixtapa, lugar donde el exalcalde, Ricardo Pérez, fue encarcelado por un desfalco de 40 millones de pesos.
Estos presupuestos fueron mencionadas por AMLO en su gira de agradecimiento. Aunque no son definitivas, sí serán un referente en cuanto se comience a discutir el presupuesto 2019 en la Cámara de representantes.
La extrema derecha
Aún no es visible qué papel jugará el Partido Encuentro Social (PES) dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto Hugo Eric Flores Cervantes se mantendrá dentro de la escena política con el cargo de coordinador en Morelos.
Hugo Eric entra de emergente a la salida de Rabindranath Salazar, uno de los operadores políticos de Dolores Padierna y René Bejarano, a lo que será el Banco de Bienestar Social, hasta ahora conocido como Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
Contra el exlíder del desaparecido Encuentro Social, uno de los partidos que hizo alianza nacional con Morena, hubo una investigación de la Secretaría de la Función Pública por haber ocultado información de costo-beneficio para reorganizar de forma inmobiliaria las dependencias de la Semarnat, de la que era oficial mayor.
Al final por una mala integración del expediente, Flores se libró de una inhabilitación hasta 2020, pues fue exonerado de la investigación interna.
›De los 33 personajes que vigilarán el gasto público en los programas sociales solo dos tienen posgrados, 20 tienen licenciatura, uno preparatoria, tres sin estudios registrados y siete con estudios no comprobables, porque no aparecen en una revisión de los 33 perfiles en el Registro Nacional de Profesionistas.
A diferencia de los secretarios y subsecretarios federales son mayores a cincuenta años, entre los delegados la constante es que son personas entre los 35 y 45 años. El delegado con mayor edad tiene 76 años y es Arturo Emiliano Abreu, de Quintana Roo. El más joven es el delegado de San Luis Potosí, Gabino Morales, de 29 años, quien salió directamente de las filas del partido para ocupar este cargo federal.
Aunque los gobernadores han mostrado resistencia a la figura administrativa, los coordinadores estatales serán ayudados por 264 delegados regionales que esperan la aprobación de la reforma a la Ley de la Administración Pública Federal para nacer legalmente.
La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que en la nueva forma de hacer gobierno se pretende garantizar la entrega directa, sin intermediarios, de los programas sociales que se ajusten a las necesidades de cada familia, en cada estado.