En tiempos de elecciones, las Cámaras se tornan en cajas de resonancia y ring de los partidos para ir dirimiendo cuestiones de las campañas 1. El estado de la confianza En estas fechas electorales, y como para nutrir el optimismo, se publica una evaluación de confianza en las instituciones, realizada por Parametría, que conviene tener presente al mostrar, en escala intervalar, qué tan ascendrada es la desconfianza de la población más allá de los escándalos mediáticos propios de la temporada. Al respecto, como sucede en este tipo de evaluaciones en sistemas presidenciales y sociedades autoritarias, es decir, en donde el poder tiende a personalizarse y la sociedad aprecia las decisiones o acciones de firmeza, las instituciones mejor evaluadas son la familia (82% positiva), la Iglesia católica (80%) la Marina y Ejército (alrededor de 70%); los sacerdotes y los maestros (59%); después, le siguen instituciones colegiadas, como el Instituto Nacional Electoral (56%), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (55%) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (50%). En los últimos lugares del aprecio público aparecen los sindicatos y los partidos políticos (con sólo 20%), así como los jueces (32%), el Ministerio Público (26%) y los agentes de tránsito (22%), para ubicar en un nivel intermedio al Presidente de la República (con un 40% de confianza) y el gobierno local (sólo un punto menos que el Ejecutivo Federal), destacando el reporte que alcanza la Policía Federal (42%), muy cerca de las evaluaciones centrales. Al respecto, la evaluación de la aprobación o desaprobación sobre la forma en que cada instancia realiza su trabajo, tiene los siguientes componentes, siendo lo relevante la manera en que se distribuye el nivel de aprobación: los gobernadores de los Estados aparecen mejor evaluados que las instituciones electorales (62% aprobatorio frente a 52% del INE y 42% del Tribunal Electoral) que, por supuesto, los diputados federales (29% de aprobación) y los senadores (25%). En una percepción heurística, es decir, de sentido común, estas valoraciones hacen sentido con el ambiente de negatividad social prevaleciente como sustrato en el cual habrán de realizarse las elecciones intermedias. 2. Agenda legislativa Restando pocos sesiones para que concluya el periodo ordinario de sesiones, en la agenda de pendientes subsisten aún varios temas de relevancia, como la Ley General de Transparencia aprobada en el Senado y que deberá ser convalidada en la Cámara de Diputados; el paquete legislativo para reforzar la de seguridad pública enviada por el Ejecutivo Federal en torno al mando único, por resolverse aún también en el Senado, así como la minuta Anticorrupción aprobada por los diputados y que el Senado deberá revisar en estos días. En la Cámara de Diputados hay además otros temas fundamentales. Uno de ellos es la reforma a la Ley de Sociedades de Crédito Popular, que regulan el sector de ahorro y crédito popular y que se refieren a la solución posible del fraude de FICREA, en la que los diputados, con el impulso del presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, ofrecen aportar elementos para resolver, con apego a la legalidad, la problemática que enfrentan las personas físicas ahorradoras en la recuperación de su patrimonio. Como uno de los pasos en ese sentido, aprobaron ya un punto de acuerdo en el que solicitan a las procuradurías General de la República y Capitalina, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informe y diferencíe entre las personas físicas que tienen en riesgo sus ahorros y aquellas instituciones públicas que pusieron en juego recursos propios o de los fondos de pensiones de sus trabajadores y que nunca debieron haber sido depositados en una institución de ahorro popular por muy atractivas y fraudulentas tasas de interés que ofreciera. Tras ello, la Cámara Baja se encuentra en el compás de espera de la actividad legislativa que logre realizar el Senado. De ahí deviene la posibilidad de que, de consumirse el tiempo disponible sin que el Senado logre avanzar los temas, entonces habría que definir sesiones extraordinarias en el tiempo del receso, antes o después de la jornada electoral del 7 de junio según resulte del estado que guarde el ánimo político. En lo que se refiere al paquete de reforma constitucional para establecer el mando único en el gobernador, la disolución de ayuntamientos infiltrados por el crimen organizado y la redistribución de competencias en materias federal y del fuero común aún se encuentra en un impasse, dada la falta de acuerdo sobre todo del PAN para ceder facultades municipales al centro, en lo que consideran sería un agravio al federalismo. Cabe también la posibilidad de que al concluir el Senado la revisión del paquete constitucional Anticorrupción, hubiere cambios que la Cámara Baja debiera superar o bien allanarse. 3. Arena electoral La complejidad de la labor legislativa ahora, es que en temporada electoral, las Cámaras suelen asumir el rol de arena política de siempre, cuando en tiempos de elecciones se tornan en cajas de resonancia y ring de los partidos para ir dirimiendo cuestiones de las campañas. En tal sentido, los partidos juegan y maniobran claramente para buscar colocar temas en el escenario electoral. Algunos analistas lo señalan como la búsqueda de spots o tiempos de pantalla gratis y por encima de las restricciones que impone el INE, sobre todo en este mes de veda electoral. En realidad, en círculos de comunicación se le conoce como la pelea por la agenda, en donde los partidos van generando temas polémicos que les ganen minutos y comentarios en los noticiarios electrónicos de las principales cadenas. Así, ante el golpe mediático que al PAN le significó la denuncia del Wall Street Journal sobre la presunta investigación al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías y su hermano por posible lavado de dinero, proveniente de cohecho al otorgar contratos para el suministro de uniformes escolares en la entidad, la dirigencia maderista buscó trocar el golpe y meter un tema de indudable efecto popular, como es la exigencia de bajar el precio de la gasolina. También el partido Morena ha buscado subirse al ring y desatar el fantasma de la privatización que tan bien le funciona en cada ocasión que se discute un tema trascendental; ahora la oportunidad la encontró al presentarse a debate el dictamen sobre la Ley General de Aguas, que busca garantizar el derecho humano de acceso al agua conforme a los estándares internacionales, pero que al considerar la posibilidad de que existan concesiones a particulares para la prestación o administración del servicio público de agua potable, tal y como existen en el Distrito Federal, autorizadas en el tiempo de Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno de la ciudad, pues la concurrencia público-privada resultaría una privatización en la lógica del oportunismo electoral. No obstante que por privatización en todo el mundo se entiende como la desincorporación por medio de la venta de bienes públicos para pasar al dominio de los particulares, el juego semántico que permite el vocablo llevó en días pasados a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aún a cargo en ese momento del diputado verde Tomás Torres Mercado, a regresar el dictamen a Comisiones y propiciar con ello, el análisis y expresión de voz de expertos, especialistas, usuarios agrícolas e industriales del agua así como organizaciones ciudadanas, con el propósito de que se analice el proyecto legislativo y se alejen los fantasmas del análisis y debate de la cuestión. De cualquier forma, la confrontación PRI-PAN ha ido beneficiando al Partido Morena, que ha ido creciendo más aceleradamente que otros, explotando precisamente su calidad de alternativa diferente, por lo que, se dice, los partidos más grandes estarían buscando bajar el tono de la confrontación y buscar otros escenarios para las campañas buscando que el desgaste al PRI o el choque con el PAN no beneficie inmediatamente al señor López y al colectivo Morena. 4. Perfiles electorales Sin embargo, el affaire muestra que en cada sesión habrá un escenario electoral. Los partidos leen lo que las encuestas están mostrando y tratan de atajarlas para evitar se conviertan en una profecía inminente o “autocumplida”, como se dice en el argot de la teoría de juegos. Al momento, todas, todas las encuestas, muestran lo siguiente: Que el PRI sigue aventajando las preferencias electorales; según se tome el origen, ha bajado del 40 al 30-32% de probabilidades de voto, resintiendo el desgaste de los escándalos recientes que han bombardeado al gobierno y al círculo presidencial. El PRI es en todo caso, es el que está a prueba y la profecía electoral anticipa que habrá de ganar los comicios en condiciones de altísima competitividad. Que el PAN ha remontado, retornando al nivel que tenía en la elección federal anterior, esto es, 26 a 27%, a escasos puntos del puntero, lo que hace pensar en una carrera parejera entre estos partidos, que es hacia donde se está cerrando la contienda. Que la izquierda se ha desmoronado, torpedeada por el señor López y el colectivo Morena, revirtiendo la construcción de la unidad que le había caracterizado en los últimos 25 años. Según sea la fuente, tres partidos disputan el tercer lugar: el PRD, entre 10 y 16%; el Partido verde, entre 8 y 10%, y Morena, entre 9 a 11%. Otros cinco partidos están en el corredor de la muerte, al calificar cerca o por debajo del umbral del 3% para mantener el registro. Estos son, en orden descendente de probable desaparición, el Movimiento Ciudadano, el PANAL, el Partido del Trabajo, y los novedosos Encuentro Social y Partido Humanista. Estas lecturas explican lo que acontece en otras instancias. Al percibirse el crecimiento del PVEM debido al uso de métodos agresivos y más que creativos de propaganda, todos los partidos de oposición se unieron en su contra y lograron lincharlo en el Consejo General del INE, a cuyo presidente pareciera que han logrado someter con otro fantasma, ahora el de Woldenberg, de manera que la única manera de lograr una buena posteridad sería llevar una gestión antipriísta y ahora, antiverde. En lo que al PRI se refiere, siendo el puntero y además partido gobernante, cabe esperar un combate político con rudeza y por todos los medios, sobre todo en la presunción del uso indebido de recursos públicos, que es siempre la fuente de las controversias. Ahí está el intento del PAN para intentar, con grabaciones obtenidas ilegalmente, manchar el proceso electoral de Sonora. Cabe señalar que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las pruebas obtenidas ilegalmente no pueden ser sustento de causa judicial alguna. Deben, por lo tanto, simplemente, desecharse por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 5. Conflicto laboral o libertad de expresión Como ya es de dominio público, se suscitó entre la empresa MVS y la periodista Carmen Aristegui un conflicto laboral, que por tratarse de quien se trata de inmediato se transformó en un problema inherente a la libertad de expresión. La cuestión involucró el noticiario que ella conducía, Primera Emisión, al decidir la periodista su involucramiento con el portal independiente MéxicoLeaks, estableciendo y anunciado al aire una alianza en aras, dijo, de alentar el periodismo de investigación a partir de un sitio que se nutriría de indicios o denuncias que podrían ser anónimas. La empresa reaccionó fuerte, ya lo sabemos, por una vía inusual, que es la de emitir desplegados para imponer disciplina en un equipo que se considera, finalmente, que es parte de la propia empresa, que le contrató y paga sus salarios. Carmen Aristegui, como era de esperar y propio de su carácter, se declaró indignada y exigió reinstalación de los despedidos (dos de sus reporteros, Daniel Lizárraga e Hirving Huerta, quienes le han aportado investigaciones de valor a la causa), a lo que la empresa MVS le contestó con una reorganización del equipo de la Unidad de Investigaciones Especiales y el establecimiento de lineamientos de trabajo, que dependería ya no de Aristegui sino del Director de Noticias de MVS, para dar servicio a todas las emisiones de MVS, es decir, ya no trabajaría en exclusiva para Aristegui. Al enconarse la polémica, finalmente, la empresa MVS, decidió dar por terminada la relación laboral con la periodista y asumió el nuevo formato establecido para sus noticiarios. Como en política o comunicación pocas cosas son lo que parecen, de inmediato, para muchos, se configuró un enésimo caso de atentado a la libertad de expresión, intención de censura, amedrentamiento de periodistas, etc., dada la suspicacia e incredulidad existentes entre lo público y lo privado, dejando de lado la posibilidad, como también muchos otros piensan, de que el conflicto laboral haya sido la causa del despido. Pareciera que es políticamente más correcto suponer el contubernio de la empresa con el gobierno para castigar al noticiario y equipo de Aristegui por los casos de investigaciones polémicas que han afectado al primer círculo del gobierno federal. Sin embargo, conforme han evolucionado los acontecimientos, parece claro que no se trata de un atentado contra la libertad de expresión ni de una acción intimidatoria contra Carmen Aristegui, sino de un conflicto laboral, que como todos, deberá resolverse en las instancias legales apropiadas. La libertad de expresión de Aristegui, por fortuna, sigue prevaleciendo y ella cuenta con los espacios en que colabora en otras empresas quizá más tolerantes que la del señor Vargas, como son la cadena CNN, en donde conduce un programa de entrevistas, la ventana electrónica en el portal de Grupo Reforma así como la colaboración semanal en ese mismo diario, en los que su voz y letra sigue siendo escuchada y leída. Es de esperar que, dada su capacidad y entereza, siendo además necesaria su presencia en la pluralidad que caracteriza el México contemporáneo, muy pronto encuentre nuevos espacios para su actividad profesional, algunos de los cuales empiezan a dibujarse en la perspectiva inmediata, para que el actual no sea más que un mal pasaje en la vida profesional de Carmen Aristegui.
Inferencias electorales
