El análisis presidencial confirma la decisión y la disposición del Gobierno Federal para continuar en la ruta de las reformas con prudencia y responsabilidad
1. ¿Informe o rendición de cuentas
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realizó en su Tercer Informe de Gobierno un balance de lo acontecido no sólo en el último sino en los tres años que tiene la gestión presidencial. El análisis realizado confirma la decisión y la disposición del Gobierno Federal para continuar en la ruta de las reformas, ajustando el paso a los cambios profundos que suceden en el mundo. Advierte, señaladamente, del riesgo de que el cansancio o el hastío de la sociedad, el populismo o la demagogia se conviertan en una alternativa posible.
Sin ignorar el enojo de los ciudadanos y el trasfondo de menor popularidad en su gestión que las encuestas han registrado, el titular del Ejecutivo Federal hizo el recuento debido, los resultados que se perciben y definió diez medidas en busca de reforzar el paso en los próximos tres años. Al respecto, cabe destacar algunos trazos que sobresalen en el análisis presidencial:
La desaceleración de la economía mundial y el impacto que han tenido los bajos precios del petróleo habrán de condicionar el desempeño económico. En unos días más, el 8 de septiembre, al presentar la SHCP ante el Congreso el paquete económico para el 2016, los mercados podrán conocer los mecanismos mediante los cuales el gobierno buscará reacomodar la merma en los ingresos del sector público, como pudiera ser un recorte mayor a lo previsto en el gasto público.
El Presidente de la República ha dejado claro que corresponderá al Gobierno Federal ajustarse el cinturón, reacomodar y reducir el gasto, buscando hacer más con menos; qué tanto menos es sin duda la cuestión a resolver.
Habrá de considerarse un menor dinamismo de la economía mexicana, que estaría reflejado en una estimación disminuida del crecimiento previsto para los próximos años. Es muy posible que para el 2016, la previsión promedio del crecimiento se ubique en el 3%.
Los planes de inversión en infraestructura habrían también de ser reconsiderados, para sostener las metas del gobierno federal para combatir la desigualdad, señalada por los analistas como el principal saldo de tres décadas de política económica neoliberal.
El indudable rescate de la rectoría del Estado en educación pública, observable sobre todo en el caso de Oaxaca con la importante reestructuración del Instituto de Educación Pública del Estado y el paso que se espera ahora sí definitivo, hacia una educación pública de calidad, contando con la evaluación de los docentes y la promoción con base en el mérito y el desempeño. Los resultados en materia de seguridad pública, que conforme lo machaca la Secretaría de Gobernación con datos del INEGI, se han reducido los índices de homicidios y de otros delitos, de 22 por cada cien mil habitantes que se tenían hace tres años, a 16 por cada cien mil que se registran ahora.
La urgencia de profundizar el combate a la corrupción y a la impunidad, que siguen siendo los principales cánceres nacionales y fuente principal de la desconfianza e incredulidad ciudadana en los políticos y en la política.
En lo que se refiere al año obscuro que ha enfrentado el gobierno federal tras la noche trágica de Iguala, que el 26 de septiembre próximo habrá de cumplir un año, además de otros casos en que efectivos públicos se han visto envueltos en controversias en el lindero de los Derechos Humanos (Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, feminicidios, periodistas y libertad de expresión, entre otros), lo que se percibe es la disposición de dar cuentas y posicionar al gobierno para fortalecer el Estado de Derecho y el pleno respeto a los Derechos Humanos.
El manejo de los positivos del trienio: el énfasis del mensaje presidencial estuvo puesto en el cálculo de lo alcanzado; sobresalen las reformas estructurales y la manera en que acontece la cuantificación de logros en el bolsillo y la vida cotidiana de los ciudadanos: la reducción de tarifas eléctricas, la eliminación del pago de la larga distancia, la desaparición de los gasolinazos, la menor tasa de inflación en décadas, la creación de un millón 424 mil empleos en tres años, la entrega de un millón de tablets escolares, 23 mil escuelas de calidad y la evaluación magisterial, entre otros avances de las reformas estructurales fundamentales.
Hacia adelante, la caracterización de los riesgos que enfrenta el país, ante los profundos cambios del escenario internacional, con diez medidas para orientar la acción pública con los cuales fortalecer la posición de México en un contexto de volatilidad, incertidumbre y hasta nuevos riesgos. Tres propuestas son en materia educativa —introducción de bonos de mercado para captar hasta 50 mil millones de pesos para renovar la infraestructura educativa, inglés obligatorio en la educación básica y creación de una Secretaría de Cultura—; las otras siete tienen que ver con el fortalecimiento del Estado de derecho, darle sentido a la justicia pronta y expedita con las medidas de justicia cotidiana sugeridas por el CIDE, creación legal de zonas económicas especiales, medidas para fomentar la actividad productiva en zonas rurales, sostenimiento indeclinable de la estabilidad macroeconómica, más bonos de mercado para potenciar la inversión en infraestructura y proyectos público-privados, así como observancia de normas de austeridad y eficiencia presupuestal.
Sin duda, hay a quienes les parece un recuento de daños o los datos de un país ajeno; quizá habrían preferido el relato del caso de Brasil, por ejemplo, que ha entrado en recesión abierta, el PIB decrecerá 2% este año, se han perdido un millón de empleos y el gobierno enfrenta la peor crisis de popularidad en toda América Latina, por debajo del 10% para la presidenta Dilma Rousseff.
La actitud asumida por los partidos de oposición para ausentarse unos del salón de sesiones de San Lázaro o para no asistir al día siguiente a Palacio Nacional, se explica por otras razones. Las encuestas a la baja de la imagen del gobierno (Parametría y Buendía&Laredo la ubican alrededor del 35%, en tanto que para Reforma es aún menor) hacen que el cálculo de rentabilidad política resulte apropiado para confrontar, no para apoyar al gobierno. Por ello el oportunismo mostrado por el PRD y el PAN para desairar las formas que estos mismos partidos establecieron para el anticlimático formato que tiene ahora la presentación del informe sobre el estado que guarda la administración pública federal, que es así como constitucionalmente se denomina este evento.
El PRD de los tiempos del señor López había tomado por costumbre realizar una asonada para denostar al Presidente de la República, dado que el 1º de septiembre de cada año el titular del Ejecutivo Federal tenía la obligación de acudir al recinto legislativo, en donde los legisladores gozan de fuero y dada la autonomía de los poderes, las Fuerzas Armadas deben permanecer fuera del recinto. Así, el 1º de septiembre de 2006, enardecidos por las injerencias del entonces presidente Vicente Fox en la campaña presidencial para favorecer al candidato del PAN, los legisladores perredistas tomaron la tribuna e impidieron el acceso a San Lázaro al Presidente de la República, quien debió entregar en el vestíbulo el texto del informe de referencia.
Para el 1º de diciembre del mismo año, según lo relata el todavía presidente del PRD, Carlos Navarrete, los cuadros del lopizmo habían introducido bombas molotov y petardos al salón de sesiones con los que pretendían afectar la ceremonia de investidura del presidente Felipe Calderón. Dice Navarrete en su libro “De Frente”, que el momento fue de máxima tensión, pues podría haberse producido un golpe de mano de consecuencias muy graves para el país.
Era tal la polarización, que para hacer posible el diálogo entre las fuerzas confrontadas del PRD y el PAN, el grupo parlamentario del PRI en el Senado coordinado por Manlio Fabio Beltrones, propuso la Ley para la Reforma del Estado que permitió a los partidos políticos confrontados sentarse a la mesa a dialogar y convenir, entre otras muchas cosas, el cambio del formato del informe presidencial, tanto para reducir la exposición mediática del titular del Ejecutivo Federal como para evitar la tentación golpista de los grupos más radicales que se hacía evidente cada 1º de septiembre, cuando el Presidente de la República tenía la obligación de asistir a la apertura de las sesiones del Congreso para rendir su informe.
Fueron el PAN y el PRD, como un mecanismo que les permitiera reducir su confrontación después de la polarización observada en las elecciones presidenciales de 2006, quienes cambiaron las reglas que ahora les parecen indignas, dado que el Presidente de la República no tiene la obligación constitucional de acudir al recinto legislativo ni puede hacerlo motu proprio. La Constitución no impide, sin embargo, que el Congreso, por acuerdo de los grupos parlamentarios que lo integran, extienda una invitación al titular del Ejecutivo Federal para que dirija un mensaje, ofreciéndole las garantías del trato respetuoso y digno que es aplicable entre los Poderes de la Unión, tal y como se observa en todos y cada uno de los actos oficiales en los que acuden y pronuncian discursos los representantes de los Tres Poderes. Por ejemplo, en la ceremonia del 16 de septiembre, el 5 de Febrero o cualesquiera otra efeméride conmemorativa.
Con las actuales disposiciones constitucionales, bastaría la voluntad política de los grupos parlamentarios representados en el Congreso y del titular del Ejecutivo Federal, para hacer del informe sobre el estado que guarda la administración pública federal un acto de rendición de cuentas. El Congreso requeriría invitar formal y civilizadamente, con las debidas garantías, al Presidente de la República a emitir un mensaje, en tanto que en el Reglamento de las Cámaras pudiera establecerse un cierto número de sesiones para realizar el análisis del mismo, convocar a los Secretarios de Despacho a explicar o ampliar la información entregada, así como a responder interrogantes por escrito (se denominan “preguntas parlamentarias”) o interpelaciones, como corresponde a un auténtico diálogo entre los Poderes. En el régimen parlamentario, estas sesiones se conocen como “sesiones de Gobierno” o “question time” en el Parlamento Británico. Lo que se requiere entonces es civilidad y mayor cultura política, no los desplantes y tozudez para abandonar las sesiones o desairar invitaciones propias de la normalidad democrática y del diálogo entre los poderes.
Finalmente, en una efectiva rendición de cuentas lo que se requiere son actores políticos responsables, no sólo aquellos dependientes del impacto mediático o el pretendido cálculo de rentabilidad política. Por lo pronto, si se quiere ir hacia la rendición de cuentas, aún tienen los congresistas las actividades de glosa del informe para realizar las preguntas parlamentarias pertinentes, citar a comparecer a los Secretarios de Despacho o titulares de dependencias gubernamentales, recabar las respuestas por escrito o vertidas en las comparecencias y realizar la evaluación con las recomendaciones que resulten, mismas que pueden ser turnadas a la atención del Gobierno o a la Auditoría Superior de la Federación, según resulte.
2. Trazos del paquete económico para el 2016
Por lo pronto, en lo que se avecina, el tema económico y presupuestal es el que habrá de prevalecer. Al respecto, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha comentado algunos de los puntos que podrían figurar en los documentos del paquete económico que entregue a la consideración del Congreso:
Estabilidad de las finanzas públicas: la cobertura contratada por el Gobierno, de 49 dólares el barril para 510 millones de barriles (algo así como 575 mil barriles diarios);
Prudencia: Una menor perspectiva de crecimiento para el 2016, posiblemente del 3%. La cifra se había situado en los Precriterios de Política Económica enviados al Congreso en 3.5%;
Responsabilidad: Se enfrentará la caída de ingresos petroleros con menor gasto público. El gobierno federal será quien se apriete el cinturón para no afectar a los contribuyentes, las familias o las empresas;
Equilibrio tributario: no habrá ni más ni nuevos impuestos, además de que se sostendrá la reducción del déficit fiscal, situado en medio punto del PIB previsto en los Precriterios;
Reestructuración: el gasto público se programará con base en la estrategia del Presupuesto Base Cero, que prevé la reducción o fusión de programas públicos;
Prioridad social del gasto: Los recortes se harán en zonas del gasto corriente; con base en los criterios de austeridad, eficiencia y racionalidad;
Inversión pública: El Programa de Infraestructura se sostendría en lo fundamental, y buscará complementar el financiamiento con la emisión de bonos públicos cotizables en la Bolsa de Valores.
3. Cambios del entorno global
En los mercados existe la tendencia a valorar los riesgos inmediatos en función de las decisiones que se adoptan o están por adoptar ciertas instituciones fundamentales, como es la Reserva Federal de los Estados Unidos. En ese sentido, existe la creencia de que las presiones que está teniendo el peso se refieren, sobre todo, a la inminencia de la elevación de tasas (que podría suceder el 17 de septiembre con sólo un 25% de probabilidades o bien, el 16 de diciembre, con 52% probable de que suceda en esta última fecha) que estaría provocando el manido “flight to safety” de los capitales volátiles, lo que podría ser recusado con otro incremento en las tasas domésticas, en este caso, por el Banco de México.
Sin embargo, lo que se cierne sobre México es un riesgo mayor. Lo que ha acontecido en el mundo, tras la gran crisis global del sistema financiero de 2008-2009, cuyo resultado neto ha sido el sobreendeudamiento público de las principales economías del mundo, es la gran revolución energética que ha transformado el mercado del petróleo y gas, pasando de estar dominado por los productores con la OPEP, a estar ahora controlado por los países consumidores que son, además, productores de los energéticos.
A partir de 2009, los Estados Unidos y Canadá desarrollaron la ingeniería y los procesos apropiados para extraer petróleo y gas de piedra (de lutitas, pizarra o shale, como se le quiera llamar). A la par, Estados Unidos estableció el objetivo de reducir en un 30% su consumo de energía e ir hacia fuentes alternativas, eficientando los equipos, automóviles y luminarias en ese sentido. Hoy, los resultados han sido tales que Estados Unidos produce más petróleo y gas que Arabia Saudita y consume menos energía fósil, al grado que se ha convertido en el campeón mundial del cambio climático, al cumplir unilateralmente con los exigentes estándares del Protocolo de Kyoto, que se había resistido por décadas a cumplir y que nunca firmó.
La coyuntura les salió bien a los norteamericanos y los precios internacionales del petróleo fueron a la baja, dejando de ser el aceite una mercancía cara y escasa. Para colmo, los árabes desataron una guerra de precios y éstos, que estaba previsto disminuirían gradualmente a 50 dólares hacia finales de la década, cayeron abruptamente por debajo de ese nivel, en lo que parece ser una tendencia de mediano y largo plazo.
4. Aprovechar la revolución energética
En ese sentido, teniendo los países consumidores acceso a energéticos baratos y abundantes, han desarrollado una nueva competitividad, pues la energía eléctrica (generada con gas) se ha reducido hasta en 30% en estos cinco años, como también el diésel, turbosina y gasolina se han abaratado sensiblemente. Adicionalmente, las materias primas asociadas al petróleo han bajado su precio y subido su disponibilidad, generando la reinvención de las cadenas productivas de plásticos, acero, fertilizantes y petroquímica, entre otras. De esta forma, la inversión productiva que solía fluir al exterior en busca de mano de obra barata, está tornando a los países desarrollados que ahora disponen de energía barata y abundante, que es un elíxir tan fuerte como el de la mano de obra barata.
Este es un cambio estructural profundo en la economía mundial, que es lo que en realidad está poniendo a prueba a las economías emergentes. Los mercados se preguntan ahora cómo podrán las economías emergentes competir y suplir las divisas que no pueden generar sólo con materias primas (los commodities, de capa caída). En ese sentido, la mayor presión sobre el peso se ubica en la percepción que tienen los mercados de que los ingresos petroleros no serán ya una fuente importante de ingresos públicos, y que los ingresos públicos de carácter tributario no son lo suficientemente robustos como para sostener la acumulación de divisas que requieren las reservas, para sostener el crédito público.
El dato que lleva a la reevaluación de las perspectivas futuras de la economía mexicana (y de otras emergentes) es que la deuda pública nominada en dólares al cierre del primer semestre de 2015 es de 162 mil 367 millones de dólares, en tanto que las reservas monetarias de Banxico actualmente se ubican en 185 mil 785 millones de dólares, habiéndose reducido en casi 10 mil millones de dólares desde marzo de 2015 en defensa de la paridad cambiaria. La deuda interna, además, se ha incrementado a 5.9 billones de pesos, que al tipo de cambio actual de 17 pesos por dólar, son otros 350 mil millones de dólares, con lo que la deuda pública total del país se sitúa en algo así como 512 mil millones de dólares.
Si el petróleo ya no podrá generar los dólares suficientes, ¿qué podrá ahora generarlos? Si se quiere estar entre los ganadores de este cambio mundial, tiene que ser a partir de la manufactura, actividades de valor agregado como el turismo y la agricultura de nicho. El petróleo barato cambia también el paradigma de la reforma energética; lo que se requiere hacer es aprovechar también esa nueva competitividad que dan los energéticos baratos, para generar las divisas que permitan cubrir el equilibrio económico y presupuestal. La idea sería que una debilidad de las finanzas públicas no se trasladara a la economía y que un mayor potencial de crecimiento y empleo pudiera subsanar el gasto público, como sucede en los países desarrollados.
5. Agenda Legislativa
Instalada la nueva Legislatura, a partir de las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios y derivado del Tercer Informe Presidencial se perciben dos grandes bloques para la labor legislativa, Perogrullo dixit: la agenda del bloque gobernante, y la agenda de oposición.
En el primer caso, priman las iniciativas de interés del Gobierno Federal, como son: La de seguridad pública, atorada en el Senado, que se refiere al mando único, la desaparición de municipios infiltrados por el crimen organizado y la redistribución de competencias al respecto;
La legislación reglamentaria de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, enviada por el Ejecutivo Federal;
La legislación secundaria Anticorrupción, que implicaría la creación de cinco nuevas leyes y reformas a otras 15;
La eventual iniciativa para crear Zonas Económicas Exclusivas en las tres regiones del país enunciadas por el Presidente de la República: Puerto Chiapas, Salinas Cruz y Lázaro Cárdenas. Las iniciativas del desarrollo social, sobre todo Seguro de Desempleo y, Seguridad Social Universal (también trabadas en el Senado).
Por supuesto, el paquete económico del 2016, con el polémico esquema del Presupuesto Base Cero. El paquete que derive del diálogo en torno a las propuestas de Justicia Cotidiana que hiciera el CIDE.
Creación de Zonas Especiales de Desarrollo Económico.
Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para la creación de la Secretaría de Cultura.
En lo que a la oposición se refiere, lo que buscarán es diferenciarse y mostrar distancia del Ejecutivo Federal, asumiendo que lo que ha provocado sus pérdidas electorales es el haberse mostrado cercanos, dentro de lo que fue el Pacto por México.
En ese sentido, la derecha plantea sobre todo revertir la reforma hacendaria, que consideran tóxica y perjudicial para el crecimiento económico y la inversión de las empresas así como acotar el endeudamiento de Estados y Municipios, y profundizar el combate a la corrupción y la impunidad;
En tanto que las izquierdas buscarían objetivos propios, como son el evitar las reducciones presupuestales en sus programas emblemáticos, el desarrollo social, la educación pública y presupuesto para universidades, el gasto y deuda del Distrito Federal; la desindexación del salario mínimo y su fortalecimiento, entre otros.