Compartir

María Idalia Gómez y Jonathán Nácar

Jorge Camero Ocampo es un hombre estudioso del derecho y sus discusiones siempre le atrajeron simpatías y respeto. Pero las personas que conocen bien al magistrado  lo describen como un hombre de gustos caros, ambicioso, muy cercano al poder político y jurídico, y que desde hace varios años planeaba estratégicamente sus movimientos dentro del Poder Judicial porque aspiraba a convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las investigaciones en su contra al interior del Poder Judicial, en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la Fiscalía General de la República involucran una red de al menos cinco familiares, dos funcionarios judiciales y tres despachos de abogados.

Información recabada por ejecentral con distintas fuentes de primer nivel establece que esas indagatorias son apenas el principio, porque las denuncias que se tienen involucran en lo que se ha identificado como el tejido de poder y posible corrupción construida por Camero Ocampo al ministro Luis María Aguilar.

El magistrado preparó su defensa desde el cambio de administración. Quienes lo conocen y lo investigan comentaron que se acercó a distintos personajes políticos y empresariales para que intercedieran por él, y a ello sumó manifestaciones públicas y sus propias resoluciones las cuales “fueron jurídicamente impecables” en los últimos meses.

La forma de operar de esta red que se construyó en la última década poco a poco, establece denuncias que se han incorporado a las investigaciones, involucraba a despachos de abogados que le pagaban dinero al magistrado –de acuerdo a las indagatorias de entre 100 mil y un millón de pesos, dependiendo el caso– a cambio de interceder por sus asuntos en juzgados y tribunales del primer circuito en la Ciudad de México.

El control que tenía Camero Ocampo en el Primer Circuito Judicial se amplió y fortaleció, explicaron las distintas fuentes consultadas por este periódico, a partir de su posición como líder del Colegio Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Acostumbraba invitar a comer o cenar a jueces y magistrados en los mejores restaurantes o incluso llevarlos a un departamento en la Ciudad de México para largas fiestas.

Para evitar demandar al colegio Westhill Institute, donde su hijo fue acusado de abuso a una menor, el magistrado Camero exigió una indemnización de 20 mdp. 

Esta relación con sus compañeros de la judicatura, detallaron los funcionarios, le permitió también conseguir trabajo para sus familiares en juzgados, tribunales y en la Corte, y también para personas que le sugerían los despachos de abogados, a quienes colocaba como pasantes y ayudantes.

Las denuncias también identifican a Jorge Camero como uno de los operadores para casos de interés político y económico del expresidente de la Corte, Luis María Aguilar, por lo que el ministro forma parte de la revisión que las autoridades llevan a cabo en este caso.

En  concreto, el magistrado suspendido el pasado 9 de octubre por decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por “inconsistencias graves” detectadas en sus finanzas, se le investiga porque su evolución patrimonial y el de su familia directa y hasta en un segundo grado, no corresponde con sus ingresos. Las indagatorias también incluyen posibles delitos fiscales y por presuntos actos de corrupción en asociación con un grupo de despachos vinculados a Juan Collado y los panistas Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia; así como por presiones y extorsiones cometidas a funcionarios judiciales. 

De acuerdo con las fuentes consultadas, en la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera se revisa a Fernández de Cevallos y a algunos de sus familiares, para determinar si incurrieron en algún delito fiscal y operaciones que se consideran hasta el momento como sospechosas.

Por el momento, se están revisando los casos que atendió directamente Camero Ocampo para determinar si se logra probar la relación entre el posible cobro de dinero y sus fallos; lo mismo ocurre en otras oficinas jurisdiccionales. Hasta el momento no se ha encontrado este vínculo.

DALE CLIC A LA FLECHA Y VE LA LÍNEA DE TIEMPO

Quería 20 millones de pesos

Salir aparentemente en defensa de su hijo menor, acusado por una joven de agresión sexual, violencia física, acoso e intimidación fue el principio de lo que sería, poco más de un año después, su caída. 

Camero Ocampo se valió de amenazas y amagos de una demanda millonaria por secuestro contra la escuela donde ocurrió la agresión contra la menor, fue la forma que el magistrado operó para revertir las acusaciones contra su vástago y adicionalmente obtener beneficios económicos. Para lograrlo, usó la capacidad de influencia de sus redes de vínculos sociales y políticos, pero no se dio cuenta que eso lo pondría en evidencia dentro y fuera del Poder Judicial de la Federación.

El joven, quien fue evidenciado por padres de familia del colegio Westhill Institute en febrero del año pasado como un estudiante problemático, agresivo y tendiente a conductas antisociales, en contubernio de otro joven tocó de forma indebida a una de sus compañeras, denunciaron los padres de la joven. 

A partir de la reconstrucción que ejecentral logró con el testimonio de diversas fuentes fue posible confirmar que la llegada a la escuela del hijo menor del matrimonio Camero Cruz no fue debido a méritos propios, a causa de un notable desempeño académico o una intachable disciplina, sino todo lo contrario. El joven Camero Cruz, considerado conflictivo y con bajo rendimiento en el estudio ya había sido señalado por conductas indebidas en una escuela de Yucatán, donde su padre llegó a desempeñarse como Juez Primero de Distrito de ese estado; e incluso catedrático en el Instituto de la Judicatura Federal, donde impartió diversos cursos. Y también amenazó con demandas que pretendían exculpar a su hijo.

Este magistrado (Jorge Arturo Camero Ocampo) venía siendo una pieza muy relevante por sus conexiones dentro y fuera del Poder Judicial para una red de conductas indebidas que no serán toleradas en el Poder Judicial de la Federación”.Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El hecho de que el jurista morelense Jorge Arturo Camero haya contraído nupcias con María Gabriela Cruz Peraza, quien trabajó como secretaria de Yasmín Esquivel Mossa, entonces titular del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, fue el pretexto perfecto para entablar una relación de amistad con la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el esposo de ésta, el ingeniero José María Riobóo.

El ingreso del joven al colegio Westhill, propiedad del empresario Riobóo, arropado con una beca del 70% en la colegiatura, pese a su limitado desempeño académico y su cuestionable conducta, fue fruto de la amistad que el influyente magistrado logró forjar. Sin embargo, los actos de su hijo, la denuncia de los mismos y las exigencias de justicia por parte de los agraviados fueron el detonante que terminó con la ruptura de esa amistad, que pretendía que el hijo de la familia Camero recibiera una indemnización por 20 millones de pesos.

Al darse a conocer la agresión provocada por el hijo del magistrado a una de sus compañeras, las autoridades docentes determinaron dejarlo no más de 90 minutos en un salón para que reflexionara y se disculpara, pero fue algo que no ocurrió. Decidieron suspender al joven y su compañero que también intervino en la agresión, con lo cual se les restringieron sus actividades académicas y el contacto a distancia con sus profesores. Su padre, el magistrado, se enojó y a pesar de que la propia Yasmín Esquivel Mossa le ofreció la posibilidad de que el joven culminara el ciclo escolar, rompió la amistad.

Fue tanta la molestia de Camero Ocampo que sacó de trabajar a su hijo mayor, quien había obtenido un pequeño puesto de ayudante en el Tribunal de Justicia Administrativa que encabezaba la entonces magistrada Yasmín Esquivel. 

El magistrado amagó al colegio con una demanda millonaria que pretendía revertir los señalamientos y  victimizar a su hijo, en una estrategia donde además la familia Camero recurrió a instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Conapred, en búsqueda de que su hijo fuera reconocido como víctima de tortura, secuestro e intimidación, a fin de que mintiera sobre los hechos. Hasta logró que el caso se ventilara mediáticamente. No obstante, las instituciones a las que acudió terminaron por darle la razón al colegio y no al magistrado.

A través de un video subido el 7 de febrero de 2018 a redes sociales, bajo el usuario denominado Denuncia el Acoso y el Bullying, en el que presuntamente padres de familia del colegio Westhill Institute, exigieron la expulsión del joven y el que no se le revalidaran sus materias al considerar que “ningún criminal merecía ese trato tan políticamente correcto”, asimismo los testimonios bajo reserva de identidad dan cuenta del acoso y las presiones a las que el magistrado del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sometió entonces al colegio.

El dato. Entre 100 mil y un millón de pesos pedía el magistrado a los despachos jurídicos para afianzar ciertos asuntos.

“Sabemos quién es la familia Camero y tenemos miedo de lo que pueden llegar a hacer, ¿por qué creen que las niñas víctimas de este escuincle se fueron e vivir a Estados Unidos (…) Estamos hablando de un magistrado federal, de un juez que está ejerciendo presión y está moviendo todas sus influencias para tapar la mala conducta de su hijo y hacerlo ver como la víctima; ese niño no es la víctima, la víctima fue la niña a la que él agredió”, sostienen los padres de familia en el video que hasta el cierre de esta edición ya superaba las 5 mil 300 vistas.

Sin embargo, no sólo la reputación del magistrado quedó en entredicho con la pretendida defensa que quiso hacer de su descendiente, sino que las alertas al interior del Consejo de la Judicatura Federal se comenzaron a encender para algunos de los ministros, porque se puso al descubierto una pequeña parte de su fortuna en una publicación hecha por el periódico La Crónica el 7 de mayo de 2018. 

La adquisición de una mansión en la exclusiva zona de Paseos del Pedregal, valuada en más de 17 millones pesos; la cual advertía probables irregularidades cometidas por el funcionario, porque su costo equivalía a seis años de los ingresos del magistrado, que terminó pagando al contado y puso nombre de su hijo, de acuerdo a la revelación periodística de Arturo Ramos Ortiz.

La revisión del manejo financiero de Camero Ocampo y de su familia que las autoridades han hecho en los últimos meses muestran comidas en los restaurantes más caros de la Ciudad de México; así como viajes, compra de vehículos y movimientos bancarios por los que el magistrado necesitaría por lo menos 10 años de trabajo continuo y sin gastar en otra cosa, ejemplificó una de las fuentes.

Influencias familiares

La red de vínculos y contubernios incluye no sólo la relación del magistrado Camero Ocampo con personajes de la judicatura tanto del Primer Circuito, donde se desempeña como magistrado desde agosto del año 2000, e integrantes en general del Poder Judicial; así como su relación con diversos despachos de abogados, también su círculo familiar. Las líneas de investigación que siguen las autoridades y en especial el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a través de su Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, apuntan a un probable enriquecimiento inexplicable de él y los más cercanos al magistrado.

Las indagatorias incluyen los injustificados y millonarios movimientos con el que sus tres excónyuges, así como su hermano, crecieron de manera inexplicable su patrimonio. 

En el caso de su expareja, María Gabriela Cruz Peraza, madre de sus dos hijos, personas cercanas a ellos sostienen que, aunque formalizaron su divorcio continúan compartiendo el mismo techo, la información que el CJF dio a conocer a Noticieros Televisa sobre operaciones de pagos en efectivo y depósitos con recursos cuyo origen no ha sido determinado. La exfuncionaria, quien no cuenta con cedula profesional, laboró como jefa de unidad departamental de la entonces presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, Yasmín Esquivel, refleja inconsistencias en sus cuentas por un monto superior a los 3 millones 600 mil pesos.

De acuerdo con la información que la propia María Gabriela Cruz entregó en su declaración patrimonial como servidora pública, cuenta con un certificado como secretaria bilingüe por el Colegio Peninsular Rogers Hall de Yucatán. En su trayectoria también se incluye el haber trabajado en la ponencia de un ministro de la Corte en 2013 bajo el cargo de “asesor B”; para 2017 incursionó como asesora en la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de los Contencioso donde se encargaba de la atención directa al público.

El caso de su otra excónyuge, Silvia Cerón Fernández, actual Jueza de Distrito Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la Ciudad de México, resulta la persona con el mayor monto de pagos injustificados que investigan las autoridades judiciales, pues acumula más de 10 millones 300 mil pesos sin aclarar su origen.

Con un posgrado en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito por el Instituto de la Judicatura Federal, Cerón Fernández resulta una pieza clave en las pesquisas debido a que en el tipo de juzgado donde se desenvuelve es considerado como de élite al interior del Poder Judicial, pues sólo por debajo de los juzgados administrativos, es donde implica el conocer de casos sumamente relevantes y de análisis jurídicos y en consecuencia una potencial fuente de enriquecimiento.

En tanto Elena Brito Casales, otra de las exparejas del magistrado, de quien se advierte un saldo superior a los 2 millones 178 mil pesos, trabajó hasta el 31 mayo de 2013 como subdirectora en la visitaduría de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; con la constancia de un doctorado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades de Morelos, la exfuncionaria trabajó como secretaria técnica de confianza en el Consejo de la Judicatura Federal entre enero y octubre del 2000,  y a la par de esa labor en el CJF también ocupó el cargo de secretaria de tribunal en la elaboración de proyectos al interior del Tribunal Colegiado.

En el caso del hermano del magistrado, Gustavo Emilio Camero Ocampo, cuyas operaciones bancarias sin aclarar superan los 11 millones 700 mil pesos, la indagatoria refiere un posible caso de nepotismo a fin de que el familiar de Jorge Arturo incursionara en el poder judicial, siendo que éste cuenta con una licenciatura como contador público por la Universidad Autónoma de Morelos, alma mater de ambos hermanos. 

El poder judicial, en la mira

Las controversias judiciales en torno a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía puso al descubierto el choque entre los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado y el presidente López Obrador.

  • 14 de junio. Al ser cuestionado durante su conferencia mañanera sobre la suspensión de actividades para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que otorgaron magistrados del Decimo Tribunal Colegiado, entre ellos Jorge Arturo Camero Ocampo, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió:
  • (…) “Sí, sabemos que es una estrategia de nuestros adversarios, pero no van a poder, porque legalmente no se está infringiendo ninguna ley, entonces no pueden aun cuando una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe, pues, hay instancias y lo más que lograría serían demorar el proyecto, eso es lo único.
  • Además, si eso lo lograran yo tendría aquí que informar por qué se detiene (el proyecto del aeropuerto) y quiénes son los responsables; o sea, no iban a quedar en el anonimato”.
Confrontación. El presidente López Obrador ha señalado en varias ocasiones al Poder Judicial.
  • 11 de octubre. Al día siguiente de que el presidente de la Corte informó de la suspensión de un magistrado de quien se reservó su identidad, pero que se trataba de Jorge Arturo Camero Ocampo, integrante del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por “inconsistencias graves” detectadas en sus finanzas, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema en su mañanera.  
  • “Celebro el que se actúe en el Poder Judicial para combatir la corrupción. Desde luego no se puede condenar a nadie sin presentar pruebas, sin llevar a cabo un proceso como lo establece la ley, pero es un hecho inédito, sobre todo en los últimos tiempos, el que por corrupción o por presunta corrupción, para ser cuidadosos, se destituya a un magistrado”.
  • Aunque el mandatario federal señaló que no sabía sobre la existencia del magistrado Jorge Arturo Camero, y que ellos (el Poder Ejecutivo) no se metía en esos asuntos, sostuvo que los afectados estaban en su derecho de probar si se trataba de una represalia, e incluso reveló el monto de las inconsistencias del que hizo referencia el presidente de la SCJN el día anterior.

“Los que se sientan afectados van a decir que es una represalia; pues tienen todo el derecho de probar si existe represalia y quién está tomando esta decisión tiene que probar de que en efecto hay corrupción. Tengo entendido de que se trata de un depósito de 80 millones de pesos. Estas cosas, de ser ciertas, no se pueden tolerar”.

  • 11 de octubre. A través de un comunicado el colectivo #NoMasDerroches salió en defensa del magistrado suspendido e investigado.
  • A través de un comunicado el colectivo conformado por equipos de abogados y diversas organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la Coparmex Nacional y México Unido Contra la Delincuencia, aseguró que el magistrado investigado se ha mantenido “firme y congruente en sus resoluciones”, entre las cuales destacan las suspensiones judiciales de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.
  • “Con independencia de la procedencia o no de las acusaciones contra el magistrado Camero, el contexto en el que esta decisión se da –precisamente horas después de que decidiera votar en contra del Proyecto de Santa Lucía–, así como el hecho sin precedentes de los otros dos magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado de resolver ellos mismos la improcedencia de su remoción en el conocimiento de los asuntos, evidencian y confirman la presión ejercida por el Gobierno Federal a fin de que el asunto sea resuelto conforme a sus intereses”, indicó el colectivo.

Compartir