El jefe del Parlamento -de mayoría opositora-, Juan Guaidó, se proclamó como “presidente encargado de Venezuela” para buscar la salida del poder del mandatario Nicolás Maduro, ante una multitud de seguidores en Caracas. “Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres”, manifestó desde la tarima, con la mano levantada. El presidente parlamentario, un ingeniero industrial de 35 años, dijo estar facultado por la Constitución. “Hermanos y hermanos: hoy doy el paso con ustedes, entendiendo que estamos en dictadura”, manifestó, enardeciendo a la muchedumbre. “Guaidó, amigo, el pueblo está contigo”, gritaba la gente que, ondeando banderas de Venezuela, se concentraron en una autopista del este de la capital. El jefe legislativo dijo contar con el apoyo de gran parte de la comunidad internacional, que considera “ilegítimo” el segundo mandato que inició Maduro el pasado 10 de enero, por considerar que fue reelegido en mayo en unos comicios fraudulentos. “Sabemos que esto no es algo de una persona, sabemos que esto va a tener consecuencias, sabemos lo que es necesario para mantenernos en las calles de Venezuela hasta lograr la democracia. No vamos a permitir que se desinfle este gran movimiento de esperanza y fuerza nacional”, aseguró. En este contexto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, de línea oficialista) ordenó este mismo miércoles a la Fiscalía investigar penalmente a los integrantes del Parlamento, al acusarlo de usurpar las funciones de Maduro. Al concluir su discurso, periodistas en la tarima le preguntaron si temía que lo detuvieran: “No, temo por nuestra gente que la está pasando muy mal”, respondió. Las manifestaciones ocurren en medio de la peor crisis en la historia moderna del país petrolero, que sufre escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para 2019. Decenas de miles de seguidores de Maduro también marchan este miércoles en Caracas y otras ciudades del país para defender el segundo gobierno del mandatario socialista y rechazar lo que consideran un golpe de Estado en marcha. Las manifestaciones han estado precedidas por pequeñas protestas y disturbios con saqueos que dejan al menos cinco muertos.
Tribunal Supremo ordena investigar a Parlamento
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este miércoles a la Fiscalía investigar penalmente a los integrantes del Parlamento, de mayoría opositora, al acusarlo de usurpar las funciones del presidente Nicolás Maduro, anunció la corte. “Se exhorta al Ministerio Público, ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos (...), para que de manera inmediata proceda a determinar las responsabilidades a que hubiera lugar de los integrantes de la Asamblea Nacional”, señaló el TSJ en una declaración leída ante la prensa. El pronunciamiento del tribunal -de línea oficialista- se dio minutos antes de que el jefe del Legislativo, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente encargado de Venezuela y asumiera las competencias de Maduro, a quien el Congreso declaró en usurpación del cargo el pasado 15 de enero. Guaidó juró ante miles de opositores, que este miércoles marcharon en Caracas para presionar por un “gobierno de transición” que convoque a elecciones. El TSJ considera que las recientes decisiones del Parlamento, en las que declaró la ilegitimidad de Maduro y aprobó una amnistía para militares que cooperen con el gobierno de transición, constituyen un “acto de fuerza que pretende derogar la Constitución”. Para ser enjuiciados, los diputados deben ser despojados antes de su inmunidad, un proceso que requiere la aprobación del Parlamento, que en la práctica ha sido reemplazado por una Asamblea Constituyente completamente oficialista. Tras autoproclamarse, Guaidó dijo a periodistas que no teme ser detenido y tildó a los jueces del TSJ como dirigentes del partido de gobierno “disfrazados de magistrados”. “Temo por nuestra gente que la está pasando mal”, afirmó el líder parlamentario, refiriéndose a la grave crisis económica del país petrolero. La sala penal de la corte ratificó la “inconstitucionalidad de las acciones del Poder Legislativo”, cuyas decisiones anula sistemáticamente desde 2016 cuando lo declaró en desacato. “Esta sentencia, al igual que toda las que ha dictado el TSJ, pretende clausurar de facto a la Asamblea Nacional por vía de la inhabilitación para el ejercicio de sus competencias”, dijo a AFP el constitucionalista Juan Manuel Raffalli.