El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, ordenó al Senado ratificar o rechazar los nombramientos de 18 magistrados anticorrupción y al Ejecutivo federal transparentar por qué los propuso. El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a través de un documento informativo, explicó los efectos que tiene el amparo:
- Al presidente Enrique Peña Nieto se le obliga a justificar la idoneidad de los nombramientos y publicar las designaciones de los magistrados Anticorrupción en el Diario Oficial de la Federación.
- Mientras que al Senado de la República o la Comisión Permanente se le exige decidir la ratificación o no de los magistrados Anticorrupción. En caso de ser rechazadas las ratificaciones o alguna de ellas, el Ejecutivo nuevamente debe enviar una nueva designación para que sea analizada por el Congreso.
Antecedentes
El CPC, integrado por Mariclaire Acosta, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha, Alfonso Hernández e Irene Levy, promovió un amparo el 9 de mayo pasado por falta de acuerdos y postergación, ya que los senadores no hicieron las designaciones de los fiscales anticorrupción el pasado mes de julio de 2017.
Mientras que Peña Nieto hizo caso omiso de justificar las razones de sus propuestas a pesar de las solicitudes realizadas por organizaciones de la sociedad civil y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). RB