VERACRUZ, Veracruz.- La Fiscalía General del estado de Veracruz tiene un plazo de veinte días para procesar a al menos siete exsecretarios del sexenio de Javier Duarte acusados de desvío de recursos. Un juzgado federal ordenó comenzar con la integración de pruebas en una carpeta de investigación, tras una sentencia a favor de un acreedor del gobierno duartista.
La juez Karina Juárez Benavides, titular del Juzgado Primero de Distrito en Veracruz, ordenó “hacer su trabajo” al fiscal Jorge Winckler reiniciar la integración de la carpeta FESP/164/2017/I-02 y ejercer acción penal contra los ex funcionarios.
Es muy simple, la empresa financiera GB Plus Intermercado tramitó una demanda de amparo indirecto después de que se presentara una denuncia que la Fiscalía decidió no integrar e ignorar el proceso que marcaba la ley”, explica el abogado Juan José Llanes, asesor legal de la empresa.
En febrero pasado la financiera presentó una denuncia contra la Secretaria de Salud y su extitular Fernando Benítez Obeso, por los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, abuso de confianza, tráfico de influencia y el posible desvío” de más de 55 millones de pesos.
Lo que hace esta empresa, que está regulada, es ofrecer los servicios financieros a trabajadores del gobierno estatal, en específico dinero, e irlo descontando de su nómina. Lo que sucedió en el gobierno de Duarte fue que descontaba y no pagaba a la empresa, rompía los convenios unilateralmente o dejaba de descontar”, dice el abogado.
Este amparo obliga a la FGE de Veracruz y al “Fiscal Quinto adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales (…) para que provea de las pruebas que falta por desahogar y/o en caso de no existir (…) resuelva sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal”.
Este escenario vincula al extitular de la Secretaría de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín; los ex funcionarios de Finanzas, actualmente diputados locales Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez y al extitular de la Secretaría de Educación (SEV), Adolfo Mota y al exoficial mayor de esa misma dependencia, Edgar Spinoso Carrera, actualmente diputados federales.
En estas dependencias, sucedieron hechos similares donde también se realizaban préstamos a trabajadores y aunque se descontaban de su nómina, el dinero fue desviado. Por la denuncia de la financiera, a Fernando Benítez Obeso solo se le llamó en octubre de 2017 a declarar.
La sentencia, a la que ejecentral tuvo acceso señala que la Fiscalía tiene “un perfil de pasividad que ha derivado en obstaculizar la rápida y eficaz integración de la indagatoria penal”.
Creemos que esto es una prueba de que no sólo en la Fiscalía de Jorge Winckler, si no en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, la justicia es selectiva (…) se están realizando las mismas prácticas de bloqueo y acoso como en los tiempos de Duarte”, opinó el abogado.
El integrante de la compañía recordó que Yunes Linares tuvo que recurrir a los juzgados federales para darle curso a las denuncias que también presentó ante la Fiscalía en 2015, en aquel momento administrada por Luis Ángel Bravo Contreras.
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