Un juez federal ordenó reabrir el caso de la matanza de Tlatlaya, en donde 22 civiles murieron a manos de militares el 30 de junio de 2014, tras determinar que no se ha realizado una investigación “exhaustiva adecuada y efectiva”, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. El titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, resolvió reabrir el caso ante el recurso presentado por la víctima y sobreviviente Clara Gómez González. Ordenó además a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la orden de matar a un grupo de 22 presuntos delincuentes ya que no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva del caso destacó el Centro Pro, cuyos abogados llevan la defensa de las víctimas. De acuerdo con la versión inicial, ofrecida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en una bodega de Tlatlaya, en el central Estado de México, 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento armado con militares. Dicha versión fue desmentida por uno de los tres sobrevivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la detención de 7 militares. Sin embargo, un juez ordenó en octubre de 2015 liberar a cuatro de los militares implicados en la matanza tras considerar que la Fiscalía no había sido clara a la hora de explicar los hechos por los que estaban acusados. En mayo de 2016, un juez federal desestimó los elementos de prueba aportados por la Fiscalía General y ordenó la liberación de los otros tres militares implicados. En respuesta al recurso de la sobreviviente, Zabalgoitia ordenó ahora a la Fiscalía realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y establecer responsabilidades, “incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Debido a la “fallida” investigación de la PGR, a la fecha “no hay ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia, al no haber ofrecido las pruebas suficientes para señalar individualmente a los responsables”, a pesar de que la propia CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente. Tampoco se ha establecido con precisión el número de víctimas de ejecución y que no se ha castigado a nadie por la alteración de la escena. Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el inaceptable encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos en México. Debido a la “fallida” investigación de la PGR, a la fecha “no hay ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia, al no haber ofrecido las pruebas suficientes para señalar individualmente a los responsables”, a pesar de que la propia CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente. La víctima y sus representantes han promovido diversos recursos legales buscando remediar las deficiencias e irregularidades en la investigación y ha ofrecido medios de prueba para ahondarla, que han sido ignorados en su mayoría. SC/EC
20 de Abril de 2024