En México carecemos de claridad sobre lo que significa “estricto apego a la ley”. De hecho tampoco asumimos las consecuencias de la ley y menos aún, los relacionados con aquello que se refiere con “justicia”.
Asumamos por un momento que la ley es aquello que está considerado genéricamente como derecho positivo, como norma escrita a cumplirse. No ocurre.
Las autoridades llaman a aplicar “todo el peso de la ley” y todos sabemos que se refiere a la aplicación de “la ley” en circunstancias de minimización del propio cálculo de la autoridad de sobrevivir a una situación en que algún actor político o económico aproveche que se ponga en cuestionamiento, paradójicamente, esa disposición a hacer efectiva la letra de la norma.
Si una autoridad se arriesga a cumplir la ley puede someterse a la habilidad de los adversarios internos del sistema de sabotear tal cumplimiento. Los yerros que pudieran ocurrir en la aplicación o en la interpretación de la forma de proceder son aprovechables por los adversarios internos y los enemigos externos.
Si la ley se ha de aplicar primero se verifica el diagnóstico y la prospectiva del posicionamiento de los actores políticos, de parte de quién, contra quién y costo beneficio del ejercicio de “la ley”.
De primordial importancia es en esa premoderna lógica la mediatización de un asunto que implique la provisión de ley y de su presunta esencia, la justicia.
A mayor mediatización mayor cautela en el ejercicio de la imposición de penas.
A grado tal se registra esta función directa y dependiente de que la retórica sustituye a la ley que veremos meses y años de declaraciones sobre un evento mucho antes que la ocurrencia de la imposición de pena, o de justicia, a pesar de la vigencia de convenios, acuerdos, declaraciones al respecto y del incipiente del sistema penal adversarial que, se promete, será hegemónico en 2016.
A mayor mediatización más retórica y menos justicia, ¿o menos ley?
Todos los derechos son derechos humanos pero no existe garantía verificable de que ello se registrte en los casos más mediatizados.
Se trate de Tlatlaya, Ayotzinapa, tiroteo en CU, la atención a la criminalidad organizada que disfruta de una impunidad cercana al 97 por ciento, cumplir la obligación de proteger o sancionar, en cualquier a de esos casos, México es un paradigma de corrupción e incumplimiento de la ley, ello desde los ojos de observadores que hacen política comparada y en la percepción del más amplio segmento de la sociedad con independencia del sector social al que se pertenezca.
México, sin embargo no deja de ser atractivo en términos de inversión. La ventaja lucrativa es tal que supera los costos de corrupción e impunidad. La transparencia tampoco es necesaria en el esquema general de la reproducción del sistema de beneficios y de concentración de oportunidades y de ingreso.
Tan premoderna es la aplicación de la ley, cuando domina la impunidad y el cálculo político desde la autoridad, como es la subordinación a privilegiar la atención a lo mediático sobre la verificación de la justicia.
En un lenguaje menos opaco del vigente, ley, justicia y orden son deudas sistémicas de las cuales no son responsables los criminales o delincuentes sino la autoridad.
Por eso la petición de que la prensa critique más a los criminales y menos a la autoridad, es por decir lo menos, una maniobra para esconder el bulto: la autoridad es responsable de proveer integridad y, algún día, justicia.