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Guillermo G. Espinoza

Guillermo G. Espinosa / Rosario, Argentina

David Chávez, jefe de inteligencia anticriminal de la provincia de Santa Fe, traza sobre papel un mapa del narco en Argentina: al norte, una frontera muy extensa con productores de cocaína, Bolivia y Paraguay. Luego, las provincias limítrofes: Salta, Formosa, Misiones, Corrientes. Al sur, Buenos Aires. Y los puntos clave en las rutas del tráfico internacional se ubican en el epicentro argentino, Santa Fe y Rosario.

Este hombre encargado del manejo de información sensible también sabe que en las islas del río Paraná hay movimientos sospechosos y que la droga ingresa de todas formas, inclusive a manos de personas que cruzan las fronteras con bultos, “los bagazos, como les dicen”. 

›Es decir, en suma, Argentina está rodeada por las operaciones de organizaciones de narcotraficantes que aprendieron de los cárteles colombianos y mexicanos, pero que cobraron vida propia, y ahora forman parte del andamiaje internacional estratégico para el lavado de dinero, la producción y tráfico de enervantes.

Los efectos son notorios. En el mapa regional de América del Sur aparece Argentina con un fenómeno creciente de narcotización de la violencia, cada vez más homicidios por disputas territoriales, usurpación de propiedades, allanamiento policial de refugios de la delincuencia organizada, la frontera patrullada por el ejército y la Drug Enforcement Agency (DEA), en operativos con fuerzas policiales locales. No hay una guerra contra las drogas, ni “colombianización” ni “mexicanización”, como han sugerido voces de la opinión pública, incluido Francisco, el papa. Argentina baila a su modo. “Es narco made in Argentina”, dice María de los Ángeles Lasa, una especialista en crimen organizado.

Argentina aprendió lo mexicano

En la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, la violencia aparece con símbolos del fenómeno narco: ejecuciones en vía pública, colusión de policías, “soldaditos narco” que son una suerte de sicarios, y hasta la residencia de un gobernador santafesino rafagueada.

El problema fue invisibilizado por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner a tal punto, que sus administraciones cancelaron la publicación de estadísticas sobre el narco. Un político del primer círculo kirchnerista, Aníbal Fernández, desoyó advertencias del gobierno de México sobre actividades del cártel de Sinaloa en Argentina; años antes fue ignorado un llamado de atención sobre Amado Carrillo.

“No podría negar que en la provincia de Santa Fe hay graves problemas relacionados con la narcocriminalidad. Hay una circulación de violencia muy alta, mucho consumo de sustancias”, dice Chávez en una entrevista a la que llega con demora porque viene de una reunión en El Ojo, el centro de operaciones de la inteligencia santafesina, en el sótano de un viejo edificio neoclásico que, en el pórtico, lleva la leyenda “Jefatura de Policía”, hoy sede de las oficinas del gobierno santafesino en Rosario. 

Chávez da fe de que en esta provincia no hay producción de mariguana o coca. Es punto de tránsito, sostiene. Rosario pasó a ocupar lugares protagónicos en los medios argentinos cuando aumentó la actividad de bandas locales, la década anterior. El gobernador Antonio Bonfatti (2011-2015) dio un giro en su política de seguridad, superando viejas fórmulas de connivencia con elementos de la autoridad provincial. Los traficantes se enfrentaron entre sí. El 26 de mayo de 2013, Claudio Ariel Pájaro Cantero, un dirigente de Los Monos fue asesinado por un grupo rival.

La estrategia del gobierno provincial estaba generando efectos. El 11 de octubre de 2013, Los Monos reaccionaron con furia, marcando la casa del gobernador Bonfatti con 14 disparos de grueso calibre. El atentado casi le cuesta la vida. Ese acto de violencia y desafío a la autoridad llamó la atención de todo el país sobre el problema de Rosario. Seis meses después, dos mil agentes federales y provinciales se volcaron sobre la periferia sur rosarina en una operación de búsqueda de remanentes de Los Monos, dirigida al mejor estilo de las mafias sicilianas por un clan familiar.

La masividad del despliegue fue insuficiente para capturar al capo, Ariel Máximo Cantero, padre del Pájaro, quien 10 años atrás (en 2003) había heredado la jefatura de la banda, fundada por su concuño, Juan Carlos Fernández, El Mono Grande. Poco antes de irse Bonfatti, el 22 de mayo de 2015, cayó finalmente El Viejo, dando por terminado un capítulo de años de crímenes, purgas y venganzas.

La historia de Rosario tiene episodios en que grupos mafiosos toman lugares destacados de la vida pública, fortaleciéndose en tiempos de boyante actividad económica. El primero de ellos en la segunda mitad del siglo XIX, durante el auge en la exportación de granos y el más reciente en la década pasada, con el precio de las materias primas por el cielo. Su mote de laChicago argentina proviene de la influencia del puerto comercial en la cotización internacional del trigo, aunque también por el control que tuvo hace décadas un siciliano, Juan Galiffi, alias Chicho Grande, sobre prostíbulos y otros negocios ilegales.

“La cuestión de los puertos es vital, ya que la mayor carga de droga traficada en el mundo se traslada por barcos. Esto explica, en buena medida, la crisis de seguridad de Rosario, debido al valor logístico que tiene su puerto”, escribió Eugenio Burzaco, politólogo y experto en seguridad, en El poder narco, un libro en colaboración con el analista Sergio Berensztein. 

Su evaluación en 2014 no fue nada complaciente. “Rosario condensa y resume la complejidad del fenómeno del narcotráfico. Puso de manifiesto su rápida expansión y las consecuencias de la ausencia, la inacción e, incluso, el fracaso del Estado”.

Con ese ensayo, Burzaco y Berensztein interactuaron en un creciente debate sobre el narco argentino, que históricamente ha estado signado por la negación de que este país sea parte de los circuitos internacionales de la droga, reduciéndolo a un mero fenómeno de “punto de tránsito”, a pesar de que Buenos Aires destaca desde hace años en los reportes de Naciones Unidas como la ciudad de mayor consumo de drogas en América Latina, al lado de Sao Paulo. Ha sido especialmente notable el síndrome negacionista del peronismo, tanto del bando neoliberal de Carlos Saúl Menem (1989-1999) como del estatista de Cristina Fernández (2007-2015). Notable ha sido la posición de Eduardo Duhalde, quien como presidente interino (2002-2003), pudo saber del aumento en el consumo de la fórmula degradada de la cocaína, el paco o crack.

¡Gracias, Gauchito!

El estilo del presidente Mauricio Macri ha tomado otra dirección. Anunció desde 2015 que involucraría al Ejército en una guerra contra el narcotráfico, lo que resulta polémico en un país sometido a una dictadura entre 1976 y 1983, por una presunta recuperación del perfil de los militares en asuntos de seguridad interior.

Burzaco es el actual secretario de Seguridad en el gobierno del presidente Mauricio Macri y lleva los temas del tráfico de estupefacientes. En una entrevista se le preguntó cuál fue la situación que encontró al inicio de la gestión y respondió: “La falta de políticas de Estado respecto al problema de las drogas hasta 2015 significó que Argentina dejara de ser sólo un país de tránsito para ser también de consumo de drogas, de provisión de recursos químicos y de lavado de activos”.

Macri cumplió el 12 de junio de 2018 con el despliegue de militares en la zona norte, un día después del lanzamiento del programa “Argentina sin narcotráfico”, que se propone mayor coordinación entre el gobierno y el poder judicial federal y las autoridades provinciales. En la evaluación del problema deslizó una fuerte crítica a sus antecesores en la Casa Rosada: “ya no queremos un Estado socio, cómplice del narcotráfico, un negocio que creció durante años a espaldas de un Estado que no hizo nada para pararlo”.

La estrategia del gobierno de Argentina partió de un diagnóstico “real, preciso y actualizado”, afirma Burzaco. 

Había que dejar atrás el “apagón” estadístico de siete años, actualizar leyes e incrementar capacidades institucionales de fiscalización, vigilancia e investigación criminal; ampliar la cobertura de la frontera norte, de líneas muy fracturadas. Los precursores químicos pasaron a la lupa. En 2017 se logró una cifra récord de interdicción de cocaína, rebasando las 15 toneladas. En 10 meses de 2018 capturaron 150 toneladas de mariguana. “La DEA es un socio estratégico”, puntualiza.

La academia ve con escepticismo la política de Macri, algo que Juan Gabriel Tokatlian de la Universidad de Buenos Aires, autor de un libro titulado De militares a policías, mira como una nueva versión de la “guerra contra las drogas” y la militarización, de manera consistente con objetivos de Estados Unidos.

›Germán Montenegro, coautor del tomo, exfuncionario público de seguridad portuaria, ahora adscrito a la Universidad Nacional de Quilmes, afirma que “Argentina no ha desarrollado una política en función de la estructuración de mercados en el país. Ha pensado siempre en el discurso, en general, y en la acción ha predominado la idea de que la lucha contra el narcotráfico es aquella que está asociada con el ámbito internacional”, donde la DEA es la agencia emblemática.

Entre los operativos hechos en cooperación con la DEA está un caso de interdicción en Catamarca, frontera con Bolivia, que atrajo los reflectores en 1995. El 9 de febrero pasado se pactó en Washington la formación de una task force de la DEA para la provincia de Misiones, en una intrincada conexión territorial con Brasil y Paraguay. El antecedente es otro grupo de agentes en Salta, limítrofe con Bolivia. El informe 2018 del Departamento de Estado sobre narcotráfico internacional reporta ya un cambio en la relación con la Argentina de Macri. Lo sitúa como país de tránsito y apunta al creciente procesamiento local de la cocaína.

“La DEA articula sus relaciones con el gobierno argentino, con los poderes, las agencias policiales, los jueces provinciales o federales, en función de una agenda que tiene Estados Unidos. Y las autoridades de Argentina tienen la tendencia a articular con la DEA en función de esa agenda, no de la agenda argentina».

“A la DEA no le interesa lo que pasa en los mercados internos en Rosario, Buenos Aires o Córdoba. Solamente le importan los circuitos de abastecimiento de droga hacia el exterior, hacia Estados Unidos, fundamentalmente”, sostiene Montenegro.

En el barrio Las Flores, periferia sur de Rosario, la gente se comunica a silbidos cuando un visitante les parece inoportuno. Ahí vivían los Cantero. Sobre un muro hay un tributo de autor anónimo al Pájaro: un retrato con su melena negra y una oración poética. A unas cuantas calles está un altar al Gauchito Gil, algo así como el Malverde de Sinaloa. Son piezas de la cultura pop narca argentina. Este héroe popular del siglo XIX, en la lejana provincia de Corrientes, reemergió en 2018 en una película de producción nacional llamada Gracias, Gauchito.  


Héroe popular al cine. El actor Jorge Sienra, en la imagen, personificó a Antonio Gil Núñez en la película de Cristian Jure Gracias Gauchito, estrenada el 8 de noviembre de 2018.
Foto: Tomada de Twitter @heifilms.

El 9 de febrero pasado se pactó en Washington la formación de una task force de la DEA para la Provincia de Misiones, en una intrincada conexión territorial con Brasil y Paraguay. El antecedente es otro grupo de agentes en Salta, limítrofe con Bolivia.

Reunión entre pares. Los presidentes Mauricio Macri y Donald Trump, durante la visita del mandatario argentino a la Casa Blanca en Estados Unidos, en noviembre de 2018.
Foto: AFP

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