Puerto Rico es el mayor territorio de ultramar que aún está bajo el control soberano de Estados Unidos.Ahora conocida como la Grecia de Estados Unidos tras la reciente declaración de bancarrota de Puerto Rico, el impacto seguirá repercutiendo en todo el mercado de bonos, mucho más de lo que la mayoría de los analistas de Wall Street han reconocido.
Juan González
@juangon68
La semana pasada, Puerto Rico se convirtió oficialmente en el mayor caso de bancarrota en la historia del mercado de bonos públicos estadunidenses. El 3 de mayo, una junta de control fiscal impuesta al gobierno de la isla por Washington, hace menos de un año, anunció de forma intempestiva que la crisis económica de Puerto Rico “ha llegado a un punto de inflexión”.
La junta pidió la designación inmediata de un juez federal para decidir cómo lidiar con una asombrosa deuda de 123 mil millones de dólares que el gobierno del Estado Libre Asociado (Commonwealth) y sus corporaciones públicas deben a tenedores de bonos y sistemas de pensiones de los empleados públicos.
El anuncio despertó una renovada atención de la prensa a un territorio del Caribe que muchos apodaron la Grecia de Estados Unidos. La deuda total de la isla, según la junta general, no tiene precedentes en las insolvencias de Estados Unidos, y es seguro que se multiplicará rápidamente si no se toman medidas. La quiebra de Detroit, en comparación, involucró sólo 18 mil millones, una novena parte del tamaño de la de Puerto Rico.
En cuestión de días, el juez John Roberts de la Suprema Corte, actuando por una disposición de la Ley de Supervisión, Manejo y Estabilidad Económica de Puerto Rico (conocida como PROMESA), promulgada en junio pasado, nombró a la juez federal Laura Taylor Swain del distrito sur de Nueva York para hacerse cargo del caso de Puerto Rico. Swain, una exjuez del tribunal de bancarrota que fue nombrado a la corte federal por el presidente Clinton, presidió el célebre juicio penal de los empleados del esquema Ponzi de Bernie Madoff.
›Pocos reportes de prensa sobre problemas de Puerto Rico se molestaron en examinar los temas más profundos detrás de esta crisis.Primero, la relación colonial que ha prevalecido entre Estados Unidos y Puerto Rico desde 1898 ya no es viable.
Aunque es el mayor territorio de ultramar que aún está bajo el control soberano de Estados Unidos y es la posesión colonial más importante de la historia de esta nación. Esa relación produjo beneficios poco comunes para las filiales americanas en la isla durante más de un siglo, incluso mientras el gobierno federal sostenía que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creado en 1952, era un territorio autónomo. Pero ahora, con una junta nombrada por Washington, encargada de supervisar directamente la economía de la isla, y con una decisión fundamental de la Corte Suprema el año pasado que afirmaba que el Congreso aun ejerce poder sobre Puerto Rico, se ha eliminado la máscara de autogobierno.
El viejo Commnonwealth, comunidad, está efectivamente muerto. A falta de una enorme infusión de dólares públicos de EU para apuntalar su economía colapsante, un escenario que es casi imposible con una Casa Blanca Trump y un Congreso controlado por los republicanos, esa relación no puede ser revivida. Los líderes políticos, tanto en Washington como en San Juan, les guste o no, están obligados a crear un nuevo estatus político y económico para el territorio. Tendrán que decidir si anexionarán completamente a Puerto Rico como el estado número 51 o lo reconocerán como nación distinta, con derecho su soberanía e independencia.
TRAGEDIA La deuda total de la isla no tiene precedentes en las insolvencias de Estados Unidos, y es seguro que se multiplicará rápidamente si no se toman medidas.
En segundo lugar, el impacto de la quiebra de Puerto Rico seguirá repercutiendo en todo el mercado de bonos de Estados Unidos, mucho más de lo que la mayoría de los analistas de Wall Street han reconocido hasta ahora. La junta directiva de PROMESA advirtió que incluso con recortes masivos a los servicios gubernamentales y nuevos ingresos proyectados por mayores impuestos y tarifas, Puerto Rico seguirá generando un superávit presupuestario de menos de ocho mil millones de dólares en los próximos 10 años. En otras palabras, las tres cuartas partes de la deuda no pueden ser pagadas. Eso no es sólo un recorte para los tenedores de bonos; es un caso que enviará ondas de choque en todo el mercado de bonos municipales. Después de todo, los bonos respaldados por la plena fe y crédito de las entidades del gobierno local han sido considerados durante mucho tiempo como los más seguros de las inversiones.
Vendrán años de batallas judiciales entre Puerto Rico y los grupos de acreedores. “La economía de Puerto Rico se suspenderá durante años”, dijo a Associated Press, Andrew Rosenberg, asesor del grupo General Obligation Bondholders de Puerto Rico. “No se equivoquen: la junta directiva ha decidido convertir a Puerto Rico en la próxima Argentina”.
La deuda no es pagable
Los grupos de la sociedad civil sostienen que el saqueo del pueblo puertorriqueño a través de acuerdos de bonos predatorios e incluso ilegales que los políticos de la isla confeccionaron junto con las principales firmas de Wall Street ahora serán expuestos.
Sorprendentemente, la petición de 23 páginas que la propia Junta de Control Financiero del gobierno federal presentó ante el Tribunal de Distrito de San Juan llegó a la misma conclusión a la que el ex gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, llegó en junio de 2015, que la deuda de la isla es “no pagable”.
En casi dos años desde que García Padilla hizo sonar la alarma, Washington no ha hecho casi nada para aliviar la catástrofe económica que afecta a 3.4 millones de ciudadanos estadunidenses en Puerto Rico, excepto para crear la junta de control que firmó PROMESA.
En una isla que ha perdido 10% de su población en los últimos diez años, donde 46% de la población vive por debajo del nivel de pobreza de Estados Unidos, donde la tasa de desempleo es de más del 11%, los legisladores del Congreso han insistido en una mayor austeridad de la población de Puerto Rico.
Durante los últimos dos años, el gobierno de la Commonwealth ha aumentado bruscamente las tarifas de electricidad y agua. Ha aumentado el impuesto sobre las ventas (ahora un impuesto al valor agregado) a 11.5 por ciento. Se ha propuesto poner fin a todas las pensiones para los nuevos trabajadores y reducir los beneficios existentes en un promedio del 10 por ciento. Y la semana pasada anunció el cierre de 179 escuelas públicas para el próximo año escolar. Además, la junta de control ha pedido un recorte de 450 millones de dólares durante los próximos cuatro años a la universidad pública de 70 mil estudiantes de la isla.
Bajo la presión de la Junta de Control, el gobernador Ricardo Rosselló, que asumió el cargo en enero, está estudiando la privatización de la compañía eléctrica estatal, de la autoridad de agua y alcantarillado, incluso del sistema de transporte público. Incluso los recortes masivos y la venta de activos públicos no pueden resolver el problema de que no hay suficientes empleos en la isla, de que los jóvenes sigan huyendo a Estados Unidos y de que el gobierno de Puerto Rico es impotente para crear su propia economía y comercio Independiente de Estados Unidos.
Puerto Rico fue importante para la economía estadunidense como un centro de cultivo de caña de azúcar, luego como un paraíso fiscal para la industria manufacturera y farmacéutica y como fortaleza y baluarte militar contra la propagación del comunismo en América Latina, pero ahora ya no es necesario para ninguna de estas cosas. La mayoría de las bases militares estadunidenses han cerrado y el Congreso comenzó en 1996 a eliminar gradualmente el estatus de paraíso fiscal de la isla. Tan pronto como el último de los fracasos fiscales federales —conocido como Sección 936— terminó en 2006, las empresas comenzaron a salir y la isla se sumergió en una recesión de la cual todavía tiene que recuperarse. Durante los últimos 20 años, una sucesión de gobiernos insulares ha estado cerrando los déficit estructurales de operación con los fondos prestados por las firmas de Wall Street deseosos de comercializar sus bonos triples exentos de impuestos a los estadunidenses y puertorriqueños ricos y de clase media.
›Los inversionistas fueron atraídos por una disposición de la Constitución de Puerto Rico que exigía al gobierno pagar el servicio de la deuda general antes de cualquier otro gasto y por el hecho de que Puerto Rico y sus empresas públicas estaban legalmente impedidas de recurrir al Capítulo 9 de la bancarrota. Parte del código de bancarrota que se aplica a la mayoría de los gobiernos locales y municipios.
Hasta 1978, el Congreso había incluido todos los territorios y posesiones de Estados Unidos bajo el Capítulo 9, de modo que Puerto Rico tuvo protección de bancarrota hasta entonces. Pero entre el 78 y principios de los 80, hubo varios cambios en la Ley de Bancarrota de los Estados Unidos. En 1984, el senador de Carolina del Sur, Strom Thurmond, insertó una enmienda en la ley que excluía específicamente a Puerto Rico del capítulo 9. No se dio ninguna razón. Ninguna política o interés federal en el cambio se explicó en el proceso de enmienda. Con unas pocas frases simples en una enmienda que pocas personas notaron, el Congreso sentó las bases para una situación excepcional que Puerto Rico debió enfrentar el año pasado. No sólo quebró, no había ningún recurso legal para que un tribunal pudiera decidir cómo es que sus muchos acreedores recibirían un pago o cuánto.
El proyecto de ley PROMESA promulgado, al menos creó un nuevo tipo de proceso del Capítulo 9 para la isla.
El proyecto de ley estipula que, si el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control no pueden llegar a acuerdos voluntarios con los tenedores de bonos, un juez puede ser nombrado y los acreedores obligados a aceptar un acuerdo, conocido como un cram-down.
La constitucionalidad de la ley aún no ha sido probada, y con tanto dinero en juego los diversos grupos de tenedores de bonos están decididos a librar una titánica batalla legal contra ella.
El 5 de mayo, por ejemplo, Ambac Assurance Corp, una de las principales aseguradoras de bonos de Puerto Rico, presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico contra la Commonwealth y la Junta de Supervisión, y lo hizo con un lenguaje extrañamente estridente.
Otro grupo de tenedores de bonos que estaba involucrado en mil 400 millones de dólares de los últimos bonos de obligación general de Puerto Rico, emitidos en 2014, presentaron una demanda en la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Los tenedores de bonos, liderados por los fondos de cobertura Aurelius Capital Management y Monarch Alternative Capital, insisten en que la Constitución de Puerto Rico exige que se les pague primero de todos los ingresos disponibles. El grupo de tenedores de obligaciones generales, junto con muchos grupos de la sociedad civil, insiste en que todos los bonos de COFINA —que representan casi 18 mil millones de la deuda total de 74 mil millones—fueron emitidos ilegalmente y no deberían ser reembolsados.
La crisis presupuestaria de la isla está a punto de empeorar por la eliminación de casi 850 millones de dólares en fondos de la Ley de Asistencia Asequible en 2018, asegura la Junta de Control Fiscal.
Esto se debe a que la Constitución de Puerto Rico prohíbe específicamente el servicio de deuda supere el 15% de los ingresos anuales del gobierno. La legislatura de Puerto Rico creó específicamente COFINA para evadir ese límite del 15%, y entonces garantizó el pago de esa deuda de los ingresos del impuesto sobre las ventas. Pero la legalidad de esa maniobra nunca ha sido probada en los tribunales.
Mientras que los grupos de tenedores de bonos luchan en los tribunales, el directorio de PROMESA se ha unido al gobierno de Puerto Rico para que los tenedores de bonos tengan que aceptar grandes reducciones en los pagos.
“De los ingresos corrientes, la Commonwealth y sus instrumentos no pueden satisfacer su carga colectiva de 74 mil millones y la carga de pensiones de 49 mil millones y pagar sus gastos operativos”, concluyó la Junta de Control Fiscal.
Se espera que la pérdida total de los fondos federales de atención de salud alcance 16 mil millones de dólares en los próximos diez años. Además, los sistemas de pensiones del gobierno están casi exentos de efectivo y necesitarán mil 500 millones de dólares al año para mantener los pagos a los actuales jubilados.
A diferencia de los trabajadores municipales en Estados Unidos, la mayoría de los empleados públicos en Puerto Rico no son parte del sistema de seguridad social, por lo que esas pensiones son su único ingreso de jubilación. Donald Trump y los líderes republicanos en el Congreso insisten en que no habrá rescate de Puerto Rico y que la población de la isla no recibirá ninguna ayuda federal adicional.
Ellos quieren ignorar el hecho de que, en los años 90, durante la administración de Bill Clinton y el Congreso de Nueva Gingrich, los líderes de Washington se dieron cuenta de que tenían que tomar medidas drásticas para salvar al Distrito de Columbia del colapso económico.
El Congreso estableció una junta de control fiscal como lo ha hecho con Puerto Rico.
Esa junta pronto concluyó que DC tenía problemas estructurales que requerían ayuda federal. En 1997, un paquete de reformas logró lo siguiente: el gobierno federal asumió las deudas de la ciudad, asumió la responsabilidad de los tribunales y prisiones locales, aumentó la tasa de reembolsos de Medicaid al distrito y se encargó de las pensiones de los empleados de la ciudad.
Después de un siglo de gobierno colonial por parte de Washington y décadas de deuda depredadora de Wall Street, la factura ha llegado a la mesa.
Traducción: Carlos Morales.