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Redacción ejecentral

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la primer controversia constitucional, y la  única presentada hasta ahora, contra la Ley de Seguridad Interior, aprobada en diciembre pasado por el Congreso de la Unión

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo será quien elabore el proyecto de resolución, el cual será analizado y debatido por los ministros.

Con la aprobación del ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, “el asunto fue turnado al ministro Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento”, señalaron durante la sesión.

Así el máximo tribunal analizará si dicha legislación vulnera los derechos humanos y sí algunos de sus artículos violan la Constitución, como han señalado diversos organismos defensores de los derechos humanos y en trabajo por la justicia nacionales e internacionales así como organizaciones de la sociedad civil.

La controversia constitucional fue presentada por la síndica de San Pedro Cholula Esperanza Estela Chilaca “en representación del referido municipio, contra las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo federal y el director del Diario Oficial de la Federación, en la que impugna y demanda la invalidez de la Ley de Seguridad Interior”, el pasado 21 de diciembre.

La controversia demanda la invalidez de la norma, al reclamar que los artículos 7, 11 y 16 de la Ley de Seguridad Interior violentan de manera flagrante su autonomía.

Fue la madrugada del 16 de diciembre cuando el Senado, tras más de 12 horas de debate, aprobó por 71 votos a favor del PRI, PAN y Partido Verde, 34 en contra de la oposición y 3 abstenciones que se avaló la controversial LSI. La turnó a la Cámara de Diputados por algunos cambios al dictamen y ésta también dio su aval. Pese al llamado de organismos nacionales e internacionales que pedían ampliar el debate e incluir a la sociedad civil antes de votarla y que generó protestas, marchas y pronunciamientos incluso del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indicó que ejercería su derecho y prepararía un estudio de acción de inconstitucionalidad y llamó al Ejecutivo a formular observaciones a la norma. Sin embargo, el presidente la promulgó el pasado 21 de diciembre.

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