El nuevo pacto se dirigirá explícitamente a fortalecer instituciones y el Estado de Derecho.
Implícitamente, el acuerdo “por la legalidad” que buscará instrumentalizar el gobierno federal en estos días, tratará de atenuar el colapso de la credibilidad que lo gubernamental ha experimentado ante el desánimo y la crítica, justificadamente implacable y corrosiva, expresada desde lo ciudadano.
La enorme mayoría de la población, encuestas dixit, indican como referente central de aquel colapso en la credibilidad a las desapariciones de Ayotzinapa así como sucesos como la adquisición del inmueble de Las Lomas y su posterior tratamiento, las cuales, urgentemente, deberían generar la más inteligente y eficaz de las reacciones igualmente “institucionales” y “legales” desde el gobierno.
Los cansancios y los hartazgos en el gobierno y desde la sociedad, a partir del agotamiento propio y del intento de sensibilidad procurado desde la Presidencia de la República, reclaman con urgencia una disposición más asertiva y certera en la comunicación institucional.
La calidad de intervención requerida es semejante a la exhibida por el mismo gobierno federal ante el dicho del presidente José Mujica quien, en su crítica vocho, sencilla y funcional, operable y efectiva, concisa y pertinente, simplista y verosímil, creíble e inexacta, para reflejar el deterioro de la credibilidad mexicana, muestra el síntoma del colapso de credibilidad en que se encuentra México.
Al afirmar que el nuestro parece “un Estado fallido”, con independencia del rigor de una definición de moda hace un lustro y apuntalada en indicadores de origen académico después altamente politizados, el mandatario sudamericano detonó la operación eficaz de la política exterior.
Ayotzinapa, emblema de la ausencia de justicia, corrupción e impunidad, y la casa de Las Lomas, probablemente epítome de una nueva forma de “mala actuación”, deberían haber desencadenado la capacidad reconstructiva del sistema político y de su centro primordial de poder.
A nadie le conviene que un presidente con capacidad de cercanía y operatividad, se auto represente como disminuido. A nadie interesa, diferente de actores fácticos legales, criminales o corruptos, dentro del sistema y en su periferia obvia, que Enrique Peña Nieto sea percibido como acorralado o inutilizado.
Por ello la ausencia de comunicación apropiada amplía la herida que ya introdujo el crimen, que acentuó la ausencia de respuesta clara y que parece perpetuar el hábito ladino cuyo centro es el deseo que le vaya bien al que merece más mal solamente porque es el enemigo político.
La crítica ciudadana, afilada e incontrolable, merece una respuesta tan inteligente, legal y trascendente como la conseguida por la crítica vocho. Aunque el vocho esté descontinuado.