Es cierto existe una extrema concentración de facultades tributarias en el Gobierno Federal, concentración extrema incluso respecto a países de sistemas unitarios o centralistas, y también es cierto que siempre se ha dado una fuerte resistencia para regresarles algunas de las facultades que decidieron dejar en suspenso o eliminar a partir de su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Hay entidades federativas, no todas por supuesto, que quieren recuperar facultades y recaudar por si solas lo que necesitan, pero en muchas otras no existe interés por cobrar, entre ellas están las que prefieren la gestión, que cumplir con sus deberes recaudatorios, porque estos últimos tienen un costo político, idea que desafortunadamente esta muy generalizada en la clase política del País, pero nunca piensan ni dicen como van a compensar esos recursos.
La tenencia existe desde 1962, entró en vigor con la Ley del Impuesto a la Tenencia y Uso de Automóviles de mayo de 1963. Esto es no fue un tributo de coyuntura creado para financiar los Juegos Olímpicos de 1968, en cuyo financiamiento sólo contribuyó con una tercera parte.
En 1981 se sustituye “Automóviles” por “Vehículos”, lo que amplió la base del impuesto y por tanto la importancia de su recaudación.
En 1997, siendo Secretario de Hacienda Guillermo Ortiz, como un acto de colaboración administrativa lo empiezan a cobrar las entidades federativas, quedándose con el cien por ciento de lo recaudado, que en 2007 equivalía a un mes adicional de participaciones.
Una decisión del Gobierno del Presidente Calderón, que en su campaña ofreció desaparecerlo, decidió abrogarlo a partir del 1 de enero de 2012, pudiendo en el ínterin las entidades crear un impuesto estatal con características similares al federal o ajustar su gasto a la baja a partir de 2013. Los primeros “clonadores” fueron Querétaro que lo hizo con un subsidio de 400 mil pesos y Guerrero, esto por supuesto se aceleró en 2011.
La mayor parte de las entidades legislaron el impuesto, pero la mayoría destruyó su base al establecer subsidios, esto es gastos fiscales, que devoraron la recaudación potencial del impuesto, además de que se dieron casos en que los principales contribuyentes del impuesto domiciliaron sus vehículos en vecinas entidades que derogaron el impuesto.
El cuanto al conflicto en Nuevo León entre el Gobernador y el Congreso -que parece ya superado en este round- en lo referente a la tenencia, de cuya recaudación se ha participado 30 por ciento a los municipios, acordaron derogarla gradualmente: 40 por ciento en 2016, 30 por ciento en 2017 y lo mismo en 2018. El Gobernador dice que se van a tener que amarrar el cinturón y no robar, para compensar esa pérdida de recaudación, pero no ha dicho que harán para compensar a sus 51 municipios.
En estos días los gobernadores de Campeche y Yucatán, anunciaron que desaparecerán la tenencia a partir de 2016. El de Yucatán, dejará de cobrar 220 millones de pesos y sus municipios también.
Incluso en Oaxaca se habla de que se cobrará un peso de tenencia a los propietarios de vehículos con un precio de factura inferior a 250 mil pesos, lo que significa 100 millones de pesos menos de ingresos estatales de libre disposición. Los compensarán incrementando un punto el impuesto sobre nóminas, que les dará 200 millones de pesos. Tabasco este año ya no cobró 280 millones de tenencia, pero si 90 millones de refrendos.
En todos los estados los subsidios están condicionados a estar al corriente en los pagos.
Lástima porque en el DF por ejemplo ya recaudan cerca de 2 800 millones de pesos con todo y el subsidio de 250 mil pesos; la mayoría de los estados tiene subsidios que van de los 250 mil a los 300 mil pesos en promedio, claro eso es mejor que derogarla.