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Jonathan Nácar

jonathanjnd@ejecentral.com.mx

Era 2018 y Ernesto Canales Santos, el llamado zar anticorrupción, aún cosechaba el reconocimiento público que había iniciado 10 años atrás, al ser productor ejecutivo del documental Presunto Culpable, un caso que demostraba el fracaso del sistema de justica mexicano. En ese año en la Feria del Libro de Monterrey presentaba su libro ¿Cómo nos arreglamos?, y se jactaba:

“Mi propósito es que la sociedad conozca de manera tan amplia como sea posible, los obstáculos que hay que superar para que el país pueda contar con un sistema eficiente de perseguir a los corruptos (…) México necesita una política pública que acabe con la corrupción; mi testimonio es un paso dirigido a la sociedad con el fin de que contribuya a estructurar esa política pública”.

Sabía entonces que ya era investigado por fraude cometido presuntamente contra su exclienta Paula Cusi Presa Matute, cuando la representaba en la demanda por la herencia que le había dejado su esposo, Emilio Azcárraga Milmo, y comenzaba a ser cuestionado por su trabajo anticorrupción. En el libro intentaba justificar las acusaciones en su contra, asegurando que no establecía ningún pago ilegal de Televisa hacía él, por lo que no había delito que perseguir.

“Al final del juicio hereditario, que llevaba siete años, cuando todo apuntaba a que le reconocerían en el juicio más de 700 millones de dólares para mi cliente, los abogados de Televisa orquestaron, bajo el sistema penal anterior, su arresto en secreto y la obligaron a que vendiera a Emilio Azcárraga Jean sus derechos por 50 mil pesos. Para ella y para mí fue unan historia de terror que justificaba todos los esfuerzos para cambiar las reglas penales”, sostiene en su libro el abogado, dentro del capítulo denominado “El caso Paula Cusi”. 

De nada sirvió. Ocho meses y 20 días después de esa presentación, el pasado 24 de junio, un juez penal de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en su contra y de su exsocio, César Gerardo Francisco García Méndez, por los delitos de administración fraudulenta. Simplemente el expediente sostiene que se apropió ilegalmente de seis millones de dólares en detrimento de Paula Cusi, viuda del fundador de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo. 

Contrario a lo expuesto por Canales Santos, documentos judiciales consultados por ejecentral en torno al caso, confirman que los señalamientos en contra tanto del exzar anticorrupción de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, como de su exsocio, Francisco García Méndez, fueron suficientes para que el juez vigésimo cuarto penal en la Ciudad de México ordenara la detención de ambos litigantes.

Antes de desaparecer, el exfuncionario regiomontano tramitó un amparo que lo mantendría en libertad, aunque el Ministerio Público puede pedir su encierro temporal ante su fuga. Desde hace una semana y media agentes federales de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México lo buscan. Ya se pidió apoyo a los estados, pero sospechan que Ernesto Canales habría salido del país. 

Este periódico intentó contactar sin éxito al litigante, quien en abril de 2016, durante su comparecencia ante el Congreso de Nuevo León, cuando se desempeñaba como funcionario reconoció que los seis millones de dólares de los que se le acusa de haberse quedado indebidamente cuando tuvieron que ser entregados a su entonces representada, Paula Cusi, se debieron a la “recuperación de costos” como parte del litigio que desde 2007 asumieron ambos juristas como defensores de la tercera y penúltima esposa de Emilio Azcárraga, quien disputaba el 16% de la sucesión testamentaria del magnate fallecido en abril de 1997.

“Así es. En un litigo de casi 10 años, no sólo hay honorarios, hay gastos. Nosotros llevamos el caso a resultados, asumiendo el costo del litigo. Esos seis millones de dólares, en buena medida, no hay que considerar que son honorarios, sino recuperación de costos”, argumentó el abogado ante los legisladores neoleoneses, quienes ahora, al confirmarse la orden de aprehensión en su contra que fue dada a conocer en exclusiva por este periódico, pidieron que Canales Santos aclare las cuentas pendientes que tiene con la justicia. 

De defensores a prófugos

La historia del fraude es sencilla pero con un proceso largo. El 26 de marzo de 2012 la nueva defensa de Paula Cusi denunció a los dos litigantes, Ernesto Canales y Francisco Méndez, por haberse quedado con los seis millones de dólares, en ese entonces equivalentes a unos 64 millones de pesos, que Emilio Azcárraga Jean y el equipo jurídico del Grupo Televisa determinó entregar en forma de contraprestación por la entrega del 16% de acciones de la televisora que la viuda disputaba. 

Sin embargo, sobre dicho acuerdo, así como la entrega de esos recursos nunca informaron los abogados Canales y García Méndez a su clienta. 

Antes, como parte del mismo litigio de la sucesión testamentaria, el 23 de abril de 2011, Paula Cusi fue detenida y recluida en el Centro Femenil de Santa Martha Acatitla, acusada de falsedad ante autoridades. No obstante, se comprobó que no existían los elementos para procesarla y a menos de una semana otorgó su libertad.

Fue entonces, señala la actual defensa de Cusi Presa, que tras haber recuperado su libertad y en el proceso para salir del país, los abogados Canales Santos y García Méndez aprovecharon para que la viuda de Azcárraga Milmo firmara la documentación que posteriormente les permitiría recibir el saldo de la compensación en su favor, sin que tuvieran que contar con la supervisión o aprobación de su clienta, quien se enteró de ello hasta varios meses después.

Paula Cusi había otorgado a sus abogados en mayo de 2011 una cesión de derechos para que pudieran consumar una serie de acciones sobre sus propiedades, después de haberla convencido de que dichas cesiones detendrían la persecución judicial en su contra por parte del Grupo Televisa. En los acuerdos, dos de ellos firmados en abril de ese año, establecían la entrega de “todos y cada uno de sus derechos” de la sucesión de Azcárraga Milmo al hijo de este, Emilio Azcárraga Jean, a través de un finiquito por la cantidad de 50 mil pesos. 

Sin embargo, Canales Santos fue omiso en notificar a su representada que en conjunto con el equipo jurídico de la televisora ya se había negociado y acordado, por decisión del actual presidente del Consejo de Administración de la empresa, una contraprestación de seis millones de dólares a cambio de desistirse las acciones legales para mantener el 16.6% de la empresa que le fue heredada por su padre, Emilio Azcárraga Milmo. 

Luego de la carta instrucción acordada entre los abogados Canales Santos y García Méndez con los representantes de Televisa, la cual se firmó el 17 de mayo de 2011, se acordó el pagó de los seis millones de dólares. Ese mismo día, según se indica en la relatoría de hechos del expediente a las que este periódico tuvo acceso, se realizó uno de los pagos que se acordaron. 

El primero fue a través de una trasferencia bancaria a la empresa Summer Stream C.V., registrada en Holanda y de la cual Canales es representante, mediante la modalidad Abad and Co., Securities LTD; mientras que una segunda modalidad se estableció con la contratación de la televisora de los servicios de mercadotecnia por parte de la misma compañía receptora Summer Stream por la mitad del monto acordado, es decir tres millones de dólares.

Como parte de la estrategia para apropiarse del dinero, García Méndez inició una demanda en 2014 por el detrimento de su patrimonio al haberla representado en un juicio tan largo y sin pago. Pero no prosperó el caso, aunque permitió acumular pruebas en su contra.

“Abusando de su calidad de asesores jurídicos, de la confianza ciega que mi representada les tuvo y de los poderes que de buena fe les otorgó, utilizaron en beneficio propio la circunstancia de que la aquí demandada fue injustamente consignada por delito grave y recluida en prisión, para traicionarla al ejercer de manera ilícita sus facultades y quedarse con fuertes cantidades de dinero, mismas que inexcusablemente debieron reportar y entregar a la aquí enjuiciada”, se lee en la contestación de la demanda que García Méndez había interpuesto contra Paula Cusi. 

Se presenta como víctima

“El asunto creció mediáticamente hasta ‘generar’ que el Congreso estatal me citara para aclarar la situación. Estaba claro que su objetivo era mi desprestigio y aprovechar este escándalo para pedir mi renuncia y proteger a sus correligionarios de las investigaciones que la dependencia a mi cargo ya había emprendido. Como si mi deslegitimación sirviera para borrar o justificar las ilegalidades de los suyos”, sostiene Canales en su libro. 

Pero sus argumentos resultaron insostenibles. Por un lado, las críticas sobre la mala integración de expedientes por parte de su oficina, que colocaba en riesgo de perderse esos casos; y por el otro, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León presentó al Congreso de la entidad el dictamen por el cual se determinaba como innecesaria la Unidad de Transición de Combate a la Corrupción, que dirigía Ernesto Canales Santos, y por tanto se declaraba su cese del cargo como Subprocurador Anticorrupción. 

Las dudas sobre el trabajo del ahora exfuncionario han crecido, a tal nivel que el actual fiscal anticorrupción del estado, Javier Garza y Garza, declaró en entrevista para Telediario Matutino que no descartaba una denuncia por dolo en contra de Ernesto Canales, por los casos investigados, ya que más que un avance se generó un rezago en la integración de las carpetas de investigación de los casos y dejó un cumuló de expedientes por resolver. 

El asunto creció mediáticamente hasta ‘generar’ que el Congreso estatal me citara para aclarar la situación (…) Su objetivo era mi desprestigio y proteger a sus correligionarios de las investigaciones que había emprendido❞, Ernesto Canales, en su libro ¿Cómo nos arreglamos?

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