Una camioneta con hombres armados avanza escasos metros. En primer plano aparece un fusil de asalto Galil ACE, de manufactura colombiana, utilizado por la Gendarmería mexicana y otros cuerpos de seguridad para operaciones especiales. Se escucha el traqueteo de la metralla, y así descarga gran parte de sus municiones. En medio del estruendo que pareciera una práctica militar, en realidad se trata de un ataque entre grupos civiles antagónicos fuertemente armados, se presume de un embate entre presuntos huachicoleros, ocurrido a inicios de febrero en una vulcanizadora de Valle de Santiago, Guanajuato.
Veinte días después, pobladores de Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán, ubicado a 40 minutos de donde ocurrió el ataque captado en video a inicios del mes, impiden a militares ingresar a la comunidad donde presuntamente se encuentra una de las residencias y centro de operaciones del presunto líder huachicolero, José Antonio Yepes de la Cruz, alias El Marro, cabecilla del cártel de Santa Rosa de Lima. A finales de enero, en esa misma localidad, con una población de poco más de dos mil 700 habitantes, se bloqueó el paso a marinos para ingresar a una bodega con combustible robado.
Crucial. Este jueves 28 de febrero, el dictamen para aprobar la Guardia Nacional registrará su segunda lectura en el Congreso para someterla a votación; sobre este cuerpo es que la estrategia de seguridad López Obrador basará sus acciones para disminuir los delitos.
Ante estas escenas de violencia, en la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, el adagio de Flavio Vegecio —referencia de la filosofía militar de la antigua Roma— que reza, “si quieres la paz, prepara la guerra”, toma otro sentido cuando el Presidente de la República decretó el término de una pugna que, lejos de terminar, se mantiene vigente con la operación de las organizaciones delictivas en al menos la mitad del territorio, donde los grupos criminales no han cesado en la demostración de su poderío y beligerancia.
“No se han detenido a capos, porque no es esa nuestra función principal. La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios”, sostuvo López Obrador. ¿Se acabó la guerra contra el narco?, se le preguntó al Presidente en su ya acostumbrada conferencia matutina, a lo que respondió: “no hay guerra, oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz, vamos a conseguir la paz”.
Pero la pax narca decretada por el presidente López Obrador se desdibujó justo al día siguiente de su declaración, cuando el 31 de enero pasado se reportó un supuesto explosivo al interior de una camioneta cercana a la refinería de Salamanca. El reporte resultó falso, según las autoridades, pero el hallazgo de un mensaje con amenazas directas al mandatario tabasqueño, firmada presuntamente por la organización que lidera Yepes de la Cruz fue un hecho confirmado por la vocería de Presidencia.
Las semanas subsecuentes han aparecido decenas de videos, mantas atribuidas tanto a grandes capos de la droga y huachicoleros como a grupos menores, e informes de artefactos explosivos han aparecido en diferentes estados y a los que se ha dado una amplia difusión en redes sociales, así como algunos medios de comunicación. Funcionarios de inteligencia reconocen que se trata de una táctica de esos grupos criminales con la intención de mantener y ampliar sus territorios a través de generar una percepción de miedo a sus contrarios y la población en general.
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Riesgos latentes… existentes
La realidad es que las zonas donde los cárteles y demás organizaciones delictivas han forjado sus bastiones para la producción de drogas a través de laboratorios clandestinos y donde se han registrado enfrentamientos contra fuerzas federales en los últimos dos años, se mantienen activas. Sus luchas internas y contra grupos antagónicos continúan generando olas de violencia.
En este momento, de acuerdo con reportes recientes de inteligencia, la producción de drogas sintéticas o procesamiento de químicos está creciendo y desplazando a la amapola, lo que convierte a estos insumos en la materia del poder criminal.
Es por ello que mostrar un mapa de los municipios en donde se han registrado estos enfrentamientos; así como el desmantelamiento de los laboratorios en los últimos 24 meses de la anterior administración, permite visualizar que en esos puntos también coinciden los conflictos postelectorales, la presencia de grupos sociales con poder de movilización, la pobreza y el limitado desarrollo económico. Es así que se dibuja la geografía de esta guerra que continúan provocado personas desplazadas, desparecidas, civiles y autoridades muertas.
Uno cada 24 horas
En el último sexenio, al menos un ataque al día enfrentaron miembros del Ejército, la Marina o policías federales desplegados en el país para combatir la delincuencia, que para el actual gobierno no figuran como prioridad.
De los tres mil 711 choques armados registrados entre 2013 al 20 de diciembre de 2018, según los reportes de esas instituciones, al menos 208 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal fallecieron y alrededor de 800 más resultaron heridos.
Para Alexei Chévez Silveti, consultor especializado en seguridad, la propuesta del presidente para imponer un cese en la hostilidad entre los cárteles no se trata de una estrategia mala, sino con un diagnóstico equivocado, debido a que actualmente las instituciones de seguridad no se encuentran fortalecidas para hacer frente a la reacción natural de estos grupos, que finalmente pueden detonar mayores riesgos contra la ciudadanía.
“El país no está en estos momentos para dejar de perseguir a los criminales y esperar que ya se porten bien, el ejemplo claro es Colombia cuando incluso decretaron su zona desmilitarizada, y entonces el crimen organizado y la guerrilla tomaron posesión de una parte de Colombia mayor a Suiza que es la región de Putumayo, lo cual debilitó al estado que se tuvo que fortalecer a través de su Ejército y la Guardia Civil para dar cara a estos grupos, y ya en una posición de fuerza para negociar con ellos con los acuerdos de paz que ahora tienen”, explicó el especialista.
›El riesgo de implementar esa medida sin instituciones fortalecidas, advirtió Chévez Silveti, provocaría que los grupos se diversifiquen y fortalezcan, pues si el método de descabezamiento de los grandes cárteles implementado por el gobierno de Felipe Calderón, y preservado en el gobierno de Enrique Peña Nieto generó mayor violencia y cifra de muertos, también implicó que salvo los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, no hay grupos con capacidad para imponer sus condiciones al Estado mexicano.
Dos ejemplos claros donde la hegemonía de estos grupos criminales ha marcado diferencia en las labores de seguridad de las autoridades han sido Michoacán, como bastión de los Caballeros Templarios y Tamaulipas, zona de guerra entre el cártel del Golfo y los Zetas. En este recorrido por pacificar al país, actualmente esas entidades siguen siendo focos activos para la operación de bandas criminales, y zonas mortíferas para las fuerzas de seguridad.
Con base en la información obtenida por este periódico vía transparencia, fueron elementos del Ejército los que más embates registraron en el último sexenio, y de manera precisa esos estados actualmente siguen representando un alto nivel de hostilidad para las autoridades. En el gobierno peñista Tamaulipas fue el estado más peligroso con más de mil choques armados; Guerrero y Michoacán se ubicaron con 141 y 110 enfrentamientos, mientras que en Sinaloa y Chihuahua se reportaron 104 y 53 ataques respectivamente. En ese periodo la Secretaría de la Defensa Nacional consignó mil 800 duelos en el 78% del territorio, es decir, en 25 estados de la República.
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Aunque estos son números, en realidad las confrontaciones, de acuerdo a testimonios de militares y marinos, se convierten en batallas parecidas a las que se generan en el marco de una confrontación militar, por la capacidad de fuego de los grupos criminales y en muchos casos están entrenados y no limitados a utilizar una capacidad determinada de fuego.
El resultado de esta ofensiva que las fuerzas de seguridad han mantenido para preservar el estado de derecho en los territorios, prácticamente tomados por el crimen, causó el muerte de 299 marinos, militares y policías federales, y mil 237 más que resultaron heridos, durante las confrontaciones de 2012 al 18 de diciembre; por el lado de los civiles agresores, reportan las mismas instituciones, el resultado fue de dos mil 546 abatidos y 255 lesionados en el mismo lapso.
Según los reportes públicos, en lo que va de la actual administración, agentes federales y las Fuerzas Armadas han registrado alrededor de 15 agresiones en entidades como Coahuila, Puebla, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y el estado de México, derivados en su mayoría de la estrategia antihuachicol que el gobierno federal emprendió oficialmente desde el 27 de diciembre pasado.
La producción de drogas sintéticas o procesamiento de químicos está creciendo y desplazando a la amapola, lo que convierte a estos insumos en la materia del poder criminal.
Puntos neurálgicos
En la primera semana de enero de este año, un operativo de policías estatales en Sinaloa en la localidad de El Dorado en Culiacán, dio cuenta no sólo del aseguramiento de una casa de seguridad presuntamente al servicio del cártel del Pacífico; aunque lograron evadirse al menos 17 presuntos delincuentes, en el lugar se localizó lo que las autoridades consideraron ‘la cocina’ de metanfetamina más grande en la región de la que se tenga registro.
Se trataba de un laboratorio clandestino para la producción de esa droga, flanqueado por sembradíos de maíz y frijol que a la vez fungían como fachada para disimular que en esa zona rural de difícil acceso se encontraba el recinto equipado con centenas de bidones cargados con precursores químicos, tanques de gas, bombas de agua, refrigeradores, recipientes, costales y demás sustancias y artefactos propios para la fabricación de esta droga que asemeja en parte de su proceso a la escarcha del hielo.
Precisamente Sinaloa representó para las organizaciones criminales y la producción de drogas sintéticas el centro neurálgico, debido a que, según lo reportado por las estancias de seguridad durante el sexenio de Peña Nieto, ahí fueron instalados la mayoría de los laboratorios que fueron localizados y desmantelados; en la mitad de sus municipios se registraron casos de estos lugares, en total, sumaron más de 400 de estas instalaciones ilegales de 2012 a 2018.
Michoacán y Jalisco fueron los otros puntos donde más se concentró esta producción. Con los municipios de Apatzingán, Aguililla y Buenavista Tomatlán como bastiones de estos centros. Y es que Michoacán no sólo es tierra fértil y con comunicaciones de excelencia sino representa la decimotercera mayor economía del país por su aportación al PIB nacional y un 38% de su población en pobreza extrema por nivel de ingreso, lo que le convierte en un espacio de oportunidad.
›Registró hasta el año pasado 43 de sus 113 municipios laboratorios dedicados a la producción de drogas. Destacan los Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Hidalgo, Pátzcuaro, Maravatío, Los Reyes, Buenavista y Múgica, localidades que contribuyen con dos cuartas partes de la economía local que generó un PIB estatal de poco más de 616 mil 100 millones de pesos.
Mientras que en el caso de Jalisco, principal centro de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación, hasta el año pasado, 44 de los 125 municipios de la cuarta mayor economía del país tuvieron en operación narcolaboratorios, dichas actividades ilícitas interactúan con dos quintas de la economía estatal.
El cáncer de la producción, venta y consumo de drogas y sus efectos colaterales están presentes en entidades con alto nivel de pobreza extrema como Chiapas, donde el índice alcanza 70%, y como en aquellas entidades donde es relativamente mínima como Baja California Sur (con menos de 20 por ciento).
En los últimos seis años, la destrucción de narcolaboratorios tan sólo en Culiacán, Sinaloa sumaron 237, es decir un promedio de 40 por año, es decir, tres cada mes. Algo similar ocurrió en Jalisco, en las localidades de Yahualica de González Gallo, El Jaral, El Guayabal y Tequila, el año pasado se descubrieron laboratorios ilegales, pero en este caso se trata de una entidad con la cuarta mayor economía del país, al aportar aproximadamente 1.71 billones de pesos al PIB nacional.
Este mapa de violencia involucra al 91% del territorio, pues en 29 estados se registraron los enfrentamientos y la destrucción de laboratorios ilegales. En ninguno de los casos, la economía criminal modificó la situación de pobreza y, por el contrario, en todos ellos se registraron conflictos sociales y postelectorales.