México está triste y preocupado. La privación de la libertad de 43 jóvenes estudiantes del primer año de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Brugos”, en Ayotzinapa, ha conmocionado a la sociedad, la cual se ha deteriorado en su estado anímico ante el surgimiento de señales que apuntan a un final fatídico. Cada uno de nosotros se esfuerza por comprender y respetar el dolor que están sintiendo los señores padres de familia y a través de diversas formas los acompañamos y les manifestamos nuestra solidaridad.
No cabe duda que no hay mujer ni hombre de bien que no esté condenado este delito y exigiendo esclarecer los hechos, así como perseguir a los responsables de esta barbarie. En ello no hay diferencias. Pero debo decirle amable lector que lamentablemente hay quienes han pervertido el sentimiento genuino de infortunio por uno de vil egoísmo y oportunismo. Amparados en un dolor que no conocen ni les interesa hacerlo, han cometido actos de vandalismo, pillaje, linchamiento e incluso de privación de la libertad de chóferes de autobuses. Como si no fuera suficiente, han pretendido justificarse diciendo que los daños que ellos han causado son inconmensurables frente a la desaparición de 43 jóvenes, como si un hecho tuviera que ver con el otro o como si al hacerlo estuvieran contribuyendo a dar con el paradero de los muchachos. Y sostengo que tratan de justificarse porque a todas luces no lo logran y evidencian que sus fines no tienen que ver con el clamor de justicia que existe en cada hogar mexicano. A esa cadena de infortunios se han sumado las expresiones de “Crimen de Estado” y “Fue el Estado”, con las cuales desvirtúan los hechos y crean un mundo imaginario propicio para sus fines grupales pero no para el esclarecimiento de los hechos, la impartición de justicia para las familias y la prevención de más hechos atroces. Con base en criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el crimen de Estado se configura cuando existe de forma reiterada y recurrente la aquiescencia y planificación de las autoridades estatales para que múltiples perpetradores cometan acciones ilícitas con las que se perpetran violaciones graves de los derechos humanos. Como parte de ese aparato estatal planificado, organizado y ejecutor de esas acciones, existe todo un entramado que evita que las víctimas de esos actos sean reconocidas como tales y en su lugar, se les califica de terroristas o criminales. Se trata de elementos constitutivos del crimen de Estado, elementos que evidente y tajantemente se encuentran ausentes en los hechos de Iguala y en los sucesos que le han sucedido. Como ciudadano, no tengo elementos para pensar que el gobierno del Estado mexicano haya pretendido descalificar a las víctimas ni negárseles los derechos que les asisten. No se ha tratado de coartar la libertad de expresión de persona alguna para exteriorizar sus sentimientos y su enojo. El gobierno del Estado mexicano no se ha desentendido de los hechos ni los ha minimizado, muestra de ello es que ha concurrido ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ningún momento se ha demostrado que existiera un andamiaje gubernamental para cometer ilícitos. Con lo anterior no busco incurrir en el error de desconocer que había un contubernio entre autoridades policíacas y grupos criminales, ni negar que hay responsabilidades evidentes por acción y por omisión por parte de servidores públicos, pero tales circunstancias no configuran el grave delito que algunos, por falta de conocimiento o por intereses oscuros, buscan argüir para justificar sus ilegalidades. Ni el Presidente de la República es el responsable de lo sucedido, ni el Gobierno del Estado Mexicano estuvo involucrado con delincuentes. La Procuraduría General de la República ha realizado un trabajo profesional encaminado al esclarecimiento de lo sucedido. La transparencia con que su titular ha procedido no deja lugar a dudas. México no debe resolver sus graves problemas con más ilegalidad. Esa es la garantía de legalidad que nos asiste a todos y que evite que lleguemos a un estado de anarquía y de la ley del más fuerte. Es necesario que así como los integrantes de la sociedad hemos condenado los hechos de Iguala, Guerrero, condenemos clara y llanamente a quienes nos tienen secuestrados a todos con su violencia y su intolerancia. Ello con el objetivo de llegar a nuestro principal y primordial objetivo, que es que la justicia atempere el dolor de las familias de los 43 jóvenes estudiantes y que siente un precedente para que nunca más otro mexicano sufra el dolor de ver que delincuentes se llevan a sus hijos, acaban con sus esperanzas y sus anhelos. Ése es el clamor popular. Lo demás es demagogia y es oportunismo. México puede seguir cambiando, pero no depende sólo del gobierno, sino de cada uno de nosotros haciendo la diferencia en nuestras vidas diarias. Empecemos reconociendo que no fue un “crimen de Estado”, ni que “fue el Estado”, sino que fue un puñado de servidores públicos cooptado con la fuerza física o con el monetario por grupos criminales.