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Tamara Benavides

Luego de tres años la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala emitió finalmente una recomendación para que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) repare los daños causados al exdirector de la Policía Estatal Acreditable, José Jorge López Pérez, quien fue inculpado en cuatro casos de secuestro exprés y torturado para que se dijera culpable de un crimen que no cometió.

En la crónica Al descubierto, fábrica de delitos en PGJ-Tlaxcala, publicada en el semanario No. 93 de ejecentral, se reveló que López Pérez peleó dentro de la corporación contra la corrupción, provocando que lo aprehendieran injustamente el 21 de enero del 2015.

Luchó durante tres años contra las autoridades para probar su inocencia pues estas falsificaron firmas y documentos para poder enjuiciarlo, y aunque los tribunales ordenaron su indemnización al gobierno Marco Antonio Mena, a quien fue dirigida la orden, no respondió.

La recomendación CEDHT/CVG/0672016, estableció un plazo de quince días hábiles para que la procuraduría informé si la acatará o no, así como otros quince días más para su cumplimiento.

Esta le solicita al actual procurador del estado, José Aarón Pérez Carro, que inicie un proceso administrativo contra 19 elementos de la policía ministerial, así como una carpeta de investigación por su participación en la tortura contra el comandante; además de pedir que se investigue a seis agentes del Ministerio Público por violentar las garantías individuales del exmando policiaco.

En cuanto a los salarios que dejó de prescribir a causa de la privación de su libertad, le tendrán que ser pagados hasta la fecha de la emisión de la recomendación y se cubrirán en su totalidad los gastos médicos que tuvo que realizar debido a que recibió tratamiento médico luego de que se le fracturara el pene en las vejaciones, provocándole curvatura peneana (inflamación que resta flexibilidad en el miembro masculino y la cual ocasiona mucho dolor a la hora de la erección).

Pero lograr una recuperación integral no solo se requiere de dinero, así que el gobierno estatal de aceptar deberá brindarle además atención psicológica al quejoso, a fin de que pueda superar el trauma que vivió durante su reclusión en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco, donde le dieron choques eléctricos en distintas partes del cuerpo, las que recuerda con mucho dolor, pues lo dejaron inconsciente.

Si bien la entidad debe garantizar su salud luego del maltrato, la Comisión de Derechos Humanos también le hizo un llamado al secretario de gobierno del estado de Tlaxcala, Tito Cervantes Zepeda, para que en apego de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se inicie un procedimiento administrativo contra dos defensores de oficio, que obstaculizaron el debido proceso contra López Pérez.

Dichas recomendaciones parecen ser adecuadas, pero tras el peor de los descréditos hay algo que pudiera interesarle más al comandante José Jorge y es recibir una disculpa pública por parte de sus victimarios, en especial de la exprocuradora de Justicia del estado, Alicia Fragoso Sánchez, quien no solo ordenó su detención sino que lo exhibido en medios de comunicación como parte de un grupo criminal.

Ese anhelo no se quedará en un sueño pues el organismo solicitó que los que orquestaron el fraude en su contra le pidan perdón al ojo de la opinión pública para reparar el daño moral que le causaron y con ello por fin poder limpiar su nombre.

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