La suma de agentes de fuerzas federales, seguridad regional y Gendarmería de la Policía Federal que llegaron a Nochixtlán, Oaxaca, el domingo 19 de junio tenían la orden de desbloquear el retén carretero a como diera lugar. Entre los policías federales incluyeron a elementos de Operaciones Especiales de las fuerzas federales y de Gendarmería, que es personal con mayor entrenamiento y experiencia en operaciones de alto impacto. Los efectivos portaban escudos y por lo menos a 50 de ellos, todos de la Gendarmería, les ordenaron portar sus armas. Pero las tres divisiones de la Policía Federal carecieron de tres elementos esenciales para el operativo: no tenían información de inteligencia que les permitiera conocer previamente capacidades y posiciones de los manifestantes, para el manejo de escenarios; tampoco tuvieron a su alcance una planificación estratégica que les diera capacidad movilidad y reacción y, por último, el manejo táctico a cargo del jefe de operaciones falló. La planificación fue elemental. Se pensó que con la superioridad numérica, los gases lacrimógenos lanzados desde el helicóptero y sembrar la confusión se liberaría la autopista México-Oaxaca, pero no fue así.
El control se perdió desde el primer momento y comenzaron los disparos, supuestamente en respuesta a que personas desconocidas desde el lado de los manifestantes accionaron primero sus armas, algo de lo que aún no existen pruebas y, por tanto, los policías que obedecieron órdenes no respetaron los “lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza pública”.
En esa normatividad se les ordena apegarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad. Fallaron en al menos en tres de ellos.
El principio de proporcionalidad “implica que el uso de la fuerza será adecuado y en proporción a la resistencia o agresión recibida” y obliga a los policías a no actuar “con todo el potencial de una unidad si las personas contra las que se usa la fuerza se encuentran en una situación cuantitativa y cualitativa inferior. En consecuencia, la fuerza empleada debe ser prudente y limitada, sólo para alcanzar el control y neutralización de la agresión. El uso de la fuerza está en directa relación con los medios que emplean las personas que participan en la agresión, su número y grado de hostilidad”.
Por tanto, de acuerdo con las normas que regulan a la policía, quienes deberán ser juzgados son los mandos operativos y el comisionado Enrique Galindo, porque provocaron la muerte a siete personas por disparos de las arma de policías y por lo menos 50 pobladores heridos, también por armas de fuego.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dejó en manos de las investigaciones de las procuradurías y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el determinar qué ocurrió en Nochixtlán. Sólo que el funcionario evitó mencionar que él debe saber ya qué ocurrió, porque es el superior jerárquico del comisionado Galindo, y tendría que tener un reporte pormenorizado de los hechos, incluso en tiempo real. De no tenerlo mostraría una corporación sin control y supervisión.
Por Nochixtlán mostró problemas preocupantes. Confirmaron las denuncias de decenas de policías, que el entrenamiento que deberían recibir todas las áreas no lo reciben o lo hacen a medias; que no hay confianza ni controles internos, y que los mandos operativos que han designado en los últimos años no tienen ni experiencia ni entrenamiento ni el respeto del cuerpo.