El cónclave del PRI sucedió en un hándicap de pesimismo social, la persistente desigualdad que de alguna forma ha permanecido como sustrato de la política y de la economía en las últimas décadas
1. Cónclave: Reunión Nacional de liderazgos del PRI
Con la mirada puesta en la reunión de liderazgos y consejeros nacionales del PRI en la sede de Insurgentes Norte y LDC, los puntos nodales fueron la perspectiva de renovación del Comité Ejecutivo Nacional, el status de quienes están en posibilidad de figurar en la próxima sucesión presidencial y, por supuesto, la expectativa de cambios en el equipo de Gobierno. En esa tesitura, en el cónclave no hubo humo blanco, se trató más bien de un consistorio para lucir el liderazgo presidencial.
Indudablemente, conforme a la mejor tradición del priísmo en el poder, se trató de una reunión de unidad y disciplina en torno al Presidente de la República, así como la oportunidad para realizar un balance de lo actuado y obtenido tras el proceso electoral federal intermedio, en el que no obstante los números le dan el triunfo al PRI, pareciera que los hechos posteriores le pavimentan complicaciones a una buena gobernanza.
Se trató de la reunión cimera de un Partido que ganó las elecciones intermedias y habrá de integrar el grupo mayor en la Cámara de Diputados, además de acreditar triunfos en varias de las gubernaturas que estuvieron en disputa; la mayor competitividad observada le pegó por igual a todos los partidos, no sólo al gobernante, registrándose una mayor dispersión de los votos entre las opciones existentes –quienes ganaron votos notoriamente fueron las minorías—y se tuvo el efecto, inédito, de las candidaturas independientes, que sin mayor cuantía en el contexto, en el caso de Nuevo León resultó el camino para ventilar las disidencias del statu quo, que es lo que sucede cuando algún grupo político captura las opciones ciudadanas. En otros tiempos, este asunto de las disidencias se procesaba a través de los minipartidos, ahora el riesgo es que los tránsfugas de los partidos capturen las opciones ciudadanas.
No obstante, en el juego de la opinión pública se ha impuesto el manejo de los negativos, generados sobre todo por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de máxima seguridad del Altiplano en lo que se percibe como una cadena de complicidades que permitieron relajar las estrictas normas y que debiendo ser un asunto estrictamente policiaco, devino en una crisis de la seguridad interior y de la eficacia de Gobernación. Otros temas que impactan la imagen gubernamental son el de los Derechos Humanos, en donde el Ejército es cuestionado por los casos de Tlatlaya, Iguala, Calera (Zac) y Aquila (Mich); así como las críticas más allá de lo ordinario por la reciente visita de Estado a Francia.
El ambiente contradictorio y enconado conque los grupos políticos y la opinión pública interpretan los acontecimientos hizo imprescindible un evento de unidad y respaldo al titular del Ejecutivo Federal por el partido gobernante, además de darle ocasión para un balance de medio término sobre el partido en el poder, la ruta de las reformas y los posibles resultados y riesgos que deberán enfrentarse como requisito fundamental para lo que viene, que es la segunda mitad del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.
Además de ello, resultó ocasión propicia para el placeo de quienes habrán de figurar en lo que viene; hacia la renovación de la dirigencia nacional del PRI, con el indudable cuadro del coordinador de los diputados, Manlio Fabio Belrones, como un gran activo del priísmo a quien se ha querido reducir con otras pretensiones como las del gobernador de Chihuahua, César Duarte, el titular de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, el descarte de Emilio Gamboa, el implante de Aurelio Nuño o hasta un supuesto malestar que se le atribuye en el primer círculo del gobierno.
Otro placeo fue el de los integrantes del Gabinete, por partida doble; de un lado, quienes se supone podrían entrar al relevo de algunas posiciones o enroques, y del otro, de quienes se miran en posición de contender en la sucesión presidencial, por ahora concentrada entre el secretario de Hacienda y el titular de Gobernación, Luis Videgaray y Miguel Angel Osorio Chong, respectivamente. Este placeo fue ocasión también para disipar los dimes sobre su debilitamiento, si bien hizo notorio el contraste entre ellos.
En todo caso, fue una reunión al viejo estilo, sin desperdicio, para observarlo todo e interpretar (o acomodar) los signos y discursos. Fue, sin duda, un cónclave para mostrar y afirmar el liderazgo presidencial.
2. La persistente desigualdad: los datos de Coneval
La reunión del PRI sucedió en un hándicap de pesimismo social, que de alguna forma ha permanecido como sustrato de la política y de la economía. Al respecto, el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) resultó lapidario, pues pone a prueba la ruta seguida en materia de desarrollo no sólo de ahora, sino de por lo menos las dos últimas décadas.
El resultado neto de la política económica y social seguida hasta el momento, es que el número de pobres en nuestro país sigue aumentando, siendo ahora el record de 53.3 millones en situación de pobreza, con 11.4 millones en situación de pobreza extrema, por debajo de la llamada “línea de bienestar” (alrededor de dos salarios mínimos mensuales de ingreso familiar). Estos datos de la medición 2014, significan dos millones más de mexicanos en situación de pobreza, con 100 mil menos en lo que se refiere a pobreza extrema; es decir, se incrementa el número total de pobres, pero disminuye la cifra de quienes están entre los más pobres.
A la par, la información de CONEVAL indica de qué manera se ha acentuado la concentración de la riqueza. Grosso modo, persiste la relación 80/20, en donde el 20% de la población concentra la mayor parte del ingreso, mientas que el 53% está en situación de pobreza y 27% sería esa zona de compresión representada por las llamadas clases medias emergentes, el segmento “D+” del que tanto se ha hablado. Otro dato que se infiere del reporte de CONEVAL, es que la proporción de pobres que son jóvenes o mujeres es significativamente mayor en todos los órdenes.
El ingreso, entonces, es el principal detonante de la desigualdad. Nuevamente, muchos tienen poco y pocos, tienen mucho. De ahí que, no obstante el camino de liberalización y globalidad seguido hasta el momento, la desigualdad sigue siendo la gran asignatura pendiente, lo que, conforme al trabajo de Thomas Piketty (“El Capital en el Siglo XXI”), corresponde enfrentar mediante un Estado eficiente, responsable y redistribuidor de la riqueza, a través de dos vectores significativos considerados como “dispersores del ingreso”: la educación y el empleo, ambos de calidad.
En el duelo por el futuro, la educación y el empleo mejor remunerado resultan las piezas fundamentales. Para lograrlos, la política económica que promueva un crecimiento sustentable y más elevado que la tasa de crecimiento de la población, así como una política fiscal progresiva y redistributiva, son más que indispensables.
3. Reducción de la inseguridad
El ambiente contradictorio que ha menguado la reputación del gobierno hizo que pasara de noche otra información de importancia en la recuperación de la seguridad pública. El INEGI dio a conocer una reducción de los homicidios registrados en México del 27% en el periodo 2012-2014, cifra que sitúa en 16 homicidios por cada 100 mil habitantes ese infausto indicador de la criminalidad en nuestro país.
El dato es relevante si se compara con otros, como el de 31 por cada 100 mil de Colombia, los 24/100,000 de Brasil o los 17/100,000 de Panamá; más aún, cuando la meta a alcanzar es el promedio de OCDE, que se sitúa en 10/100,000.
Este dato, de alguna forma permite al área de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación recuperar un poco el terreno perdido por la fuga de “el Chapo”, le permite ubicar en el ámbito estrictamente carcelario y policiaco ese asunto, como para comprometer, en palabras del titular del Ejecutivo Federal, la recaptura del mismo, lo cual no sería posible lograr sólo con ira o enojos.
4. La lucha por el peso
Por otra parte, en el terreno económico, las perspectivas de la economía mexicana se han debilitado al profundizarse la reducción de los precios del petróleo y su probable persistencia en por lo menos cinco años; en esta ocasión, debido a la incorporación de Irán al mercado petrolero como resultado de la negociación exitosa del tratado de verificación de complejos nucleares de este país con las potencias garantes, sobre todo Estados Unidos.
La incorporación de Irán al mercado habrá de acentuar el excedente de petróleo en el mundo, que se situaba en dos millones de barriles diarios, lo que ha presionado los precios a la baja. El barril de petróleo se había recuperado hace un mes hacia los 60 dólares, en tanto que al momento, ha caído por debajo de los 50 dólares con el solo anuncio del acuerdo iraní.
En este contexto, la sequía de ingresos públicos extraordinarios provenientes del petróleo habrá de prolongarse, lo que hace pensar en un recorte mucho más pronunciado que el que se había planteado en el primer momento del ajuste del presupuesto base cero, que suponía unos 200 mil millones de pesos menos en el presupuesto federal. A ello se suma que, ante la normalización de la economía norteamericana, la Reserva Federal de este país se apresta a elevar sus tasas de referencia, iniciando con un cuarto de punto quizá en septiembre para cerrar con otro cuarto de punto hacia diciembre, lo que ubicaría la tasa entre 0.75 y 1% hacia finales del año.
El efecto inmediato es la apreciación de la moneda estadunidense, con el correlativo desliz del peso mexicano y otras divisas del mundo, que va corriendo hacia los 17 pesos por unidad, situándose ahora en 16.60 en el mercado abierto. Por más que las autoridades mexicanas, hacendarias y del Banxico, señalan que esta situación no corresponde a los fundamentos económicos, la confianza en las perspectivas de la economía mexicana parecen ser la principal causante del pronunciado desliz. Agustín Carstens insiste en que el “superdólar” no tendrá efecto en la inflación, no obstante que los datos al menudeo y las preocupaciones de los industriales que se ocupan del abasto interno fuertemente consumidor de insumos del exterior suelen llevarle la contra.
Viene el proceso de reingeniería del presupuesto, el llamado “Presupuesto Base Cero” que habrá de generar otro ciclo de resistencia al cambio; en diversos círculos económicos se señala que, bien operada, la herramienta podría suponer economías por unos 200 mil millones de pesos; pero que en un contexto internacional adverso como el que se perfila, con reducidos precios del petróleo y tasas de interés más elevadas, las necesidades para un ajuste presupuestario podrían ser aún mayores, sobre todo si se recuerda el objetivo ahora un tanto disonante, de reducir al mismo tiempo el déficit público a solo medio punto del PIB.
5. CNDH, a 10 meses de Iguala
El domingo 26 se cumplieron 10 meses de los trágicos acontecimientos de Iguala en el estado de Guerrero. Más allá de las movilizaciones, que solían confluir con las protestas orquestadas por la CNTE en las entidades en que mayor presencia tiene como son Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán en contra de la reforma educativa, el movimiento por los desaparecidos se nutre ahora con el informe entregado por la CNDH, que desestima las actuaciones realizadas por la PGR, cuestiona la “verdad histórica” que se esgrimió en su momento –los estudiantes fueron capturados por criminales y policías a su servicio, encabezados por el edil perredista de Iguala, José Luis Abarca, quienes les asesinaron y desparecieron los cuerpos mediante cremación y dispersión de restos en el río Cocula--- y se hace eco de todas las demás hipótesis de lo sucedido, que harían suponer que hasta los extraterrestres tuvieron que ver con lo acontecido.
La CNDH no debiera desestimar que fue un grupo de criminales quienes capturaron el municipio de Iguala y criminalizaron toda la actividad pública, para asimilar ahora todas las hipótesis, claro está, también las que buscan involucrar a los militares, y pide sean agotadas las diligencias así como repuestas otras que considera deficientes. Este informe habrá de potenciar las voces que se escuchan desde el domingo en contra del Estado y el Gobierno de la República, mismas que podrían estarse replicado en la serie de acciones que la CNTE habrá de emprender en el nuevo ciclo de lucha y resistencia iniciado a partir de que las autoridades federales y estatales desaparecieron el anterior Instituto de Educación Pública de Oaxaca como una medida esencial para recuperar la rectoría constitucional de la educación en la entidad.
Sin duda, el pleno respeto de los derechos humanos es debido en toda actuación del poder público, pero no es dable pensar que el Estado mexicano sea el responsable, como si esa fuera su política, de que un grupo de criminales se hubiere apoderado de un municipio de la República para realizar todo tipo de atrocidades. Hay sin duda fallas de Estado y fallas de Democracia que deben ser corregidas, tanto en las garantías de seguridad que el Estado debe proporcionar a todos los habitantes, como por la usurpación de criminales en las candidaturas a puestos de elección popular que requieren ser corregidas. Pero ha sido el propio Estado mexicano quien restableció el orden y la seguridad en donde había sido vulnerado, ha perseguido y detenido a 110 presuntos implicados, incluida la pareja infernal que gobernaba Iguala, a quienes habrá de someter a proceso judicial; además de que habrá de asumir la reparación del daño inflingido a los deudos de las víctimas, la remediación de las falencias –ha enviado iniciativas de ley de seguridad y mando único al respecto al Congreso, por ahora sujetas a dictamen en el Senado—para asegurar la no repetición y, sin duda, habrá de atender las observaciones que le hace el órgano defensor de los derechos humanos en el país. Pero, difícilmente, podría probarse que fueron otros, distintos a los criminales confesos y capturados, quienes realizaron las atrocidades de Iguala.