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La Auditoría Superior de la Federación emitió varias recomendaciones a la Cámara de Diputados para que sean atendidas antes de aprobar el Presupuesto
Educación media superior y superior, protección a adultos mayores, atención a pueblos indígenas, inspección laboral y aprovechamiento del agua potable son rubros que la Cámara de Diputados deberá observar con lupa ahora que tiene en sus manos el proyecto de Presupuesto de Egresos 2018.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se trata de áreas susceptibles de malos manejos financieros y, por ende, en riesgo de que se reduzca su impacto social.
›En materia de enseñanza, el foco rojo está en el programa Expansión de la Educación Media Superior y Superior, que ha sido objeto de desvíos en los últimos tres años, debido a la falta de mecanismos para vigilar su correcta aplicación, la cual está a cargo de la Secretaría de Educación Pública, cuyo titular es Aurelio Nuño Mayer.
“Se sugiere que en el PEF se disponga que los subsidios aprobados a las instituciones de educación media superior para la expansión de la oferta educativa no podrán ser afectados”, refiere la ASF en el documento Consideraciones para la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.
El paquete económico para el próximo año fue enviado a los legisladores el pasado 8 de septiembre para su análisis, modificación y aprobación.
En el informe de la Cuenta Pública 2016, el órgano fiscalizador determinó que “la Secretaría de Educación Pública careció de información para determinar el avance en la contribución del programa para ampliar la matrícula educativa de nivel medio superior, debido a que no dispuso de diagnósticos y mecanismos de control que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas relacionados con la expansión de la educación media superior, así como de la supervisión en la radicación y aplicación de los subsidios por mil 716 millones de pesos”.
Por tal motivo, la ASF se abstuvo de emitir una opinión sobre el impacto que ha tenido el programa “Expansión de la Educación Media Superior” para atender la insuficiencia de infraestructura física educativa, equipamiento y operación de las instituciones para incrementar la matrícula de estudiantes.
Una situación similar se registró en el mismo programa destinado a ampliar la cobertura en educación superior, para lo cual se canalizaron mil 444 millones de pesos. “La falta de información que acredite el incremento de la matrícula educativa en el nivel superior, como resultado de la entrega de subsidios del programa presupuestario ‘Expansión de la Educación Media Superior y Superior’, por parte de la SEP, limitó conocer el avance en la atención de la insuficiente infraestructura física educativa, equipamiento y operación de las instituciones educativas de nivel superior para incrementar su matrícula”, expuso la ASF en su informe de julio pasado.
Tal situación, agregó, pone en riesgo la ampliación de la cobertura para atender la demanda educativa y el cumplimiento de la meta sexenal de incrementarla de manera sostenida en educación superior hasta alcanzar al menos 40% de cobertura de la población en edad de cursarla.
Agua y trabajo
Otra alerta que la ASF emitió a los diputados tiene que ver con la incapacidad de la Secretaría del Trabajo, a cargo de Alfonso Navarrete Prida, para capacitar y certificar a inspectores laborales. En el Programa de Inspección 2016 se estableció la meta de profesionalizar la actividad de la inspección, y se estimó una meta de 10 inspectores acreditados para ese año, la cual no se cumplió.
La ASF mostró que este incumplimiento se debió a diversos “ajustes presupuestales” realizados por la dependencia en el ejercicio fiscal 2016, ya que los recursos programados para esta actividad se destinaron a otros rubros.
“La ASF sugiere que la Cámara de Diputados considere, para la conformación del PEF 2018, que los recursos asignados a las funciones de inspección, en el ejercicio 2016, fueron reasignados para otros fines, afectando al mismo tiempo el cumplimiento de los objetivos originalmente previstos”.
La tercera mayor advertencia que lanza el órgano fiscalizador tiene que ver con deficiencias en el manejo de los mantos acuíferos. Alertó que en 371 de los 653 acuíferos del país no se evaluó la calidad del agua, por lo que “se desconoció la condición de esos cuerpos hídricos”.
Asimismo, sólo se vigilaron las extracciones del subsuelo del 1.7 por ciento de los 275 mil 300 concesionarios registrados, y no se inspeccionaron las descargas de aguas residuales en cinco de cada seis acuíferos. Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) implementó sólo dos de trece proyectos de recarga artificial “que fueron insuficientes para la atención de los acuíferos con escasez del recurso”.
Todas estas anomalías, aunado a que el número de acuíferos sobreexplotados pasó de 32 en 1975 a 105 en 2016, que el 37% del agua que se utiliza es extraída del subsuelo y que el 80% del recurso de buena calidad se encuentra en los acuíferos, “representan un riesgo para garantizar el líquido a los 119.5 millones de habitantes del país, en especial para los 60 millones de personas que se abastecen de los 105 acuíferos sobreexplotados, así como para las generaciones futuras”.
Por ello, la ASF sugiere que en la asignación de recursos, en el PEF 2018, para la atención del problema del agua se tome en cuenta que el recurso hídrico es considerado como “estratégico y está calificado como un asunto de seguridad nacional”.
No tiren el dinero
La ASF planteó los siguientes puntos de riesgo en materia de asignación de presupuesto:
Desarrollo Urbano: Se sugiere que en la aprobación del PEF se disponga que los recursos federales para la conducción de la política pública del desarrollo urbano y ordenamiento territorial sean ejercidos para atender efectivamente el mandato de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Adultos mayores: Se propone que en la aprobación del PEF se incluyan recursos para integrar el Registro Único Obligatorio de las instituciones públicas y privadas que otorgan servicios a la población adulta mayor.
Pueblos indígenas: Se plantea que en el PEF se incorpore, como prioridad para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el fortalecimiento de la coordinación de la política pública en el país.
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