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Un entramado de al menos 42 empresas y 38 personas conforman la estructura mediante la cual la cooperativa financiera Libertad Servicios Financieros habría tejido una red de lavado de dinero a través de la usurpación de identidad, la creación de empresas fantasma y compras fraudulentas de inmuebles cuyas ganancias fueron enviadas a paraísos fiscales de Europa, y terminaron por beneficiar a candidatos del PRI y el PAN en varios estados del país.
Los beneficiarios y “cabecillas” de esta red que investiga la Fiscalía General de la República (FGR) junto con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) son el empresario José Antonio Rico Rico, expresidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, ahora prófugo; y el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, detenido y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La importancia de Collado Mocelo radica en su ejercicio como litigante al ser defensor del líder sindical de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps; Raúl Salinas de Gortari, y el expresidente Enrique Peña Nieto, de quien llevó su divorcio con Angélica Rivera.
Según la orden de aprehensión, cuya copia tiene este periódico, contra Collado Mocelo, figura el empresario José Antonio Rico, acusado junto con tres individuos de conformar una red delictiva que simuló la compra fraudulenta de un terreno en Querétaro con el que triangularon recursos desde la sociedad financiera de la que hasta el miércoles pasado, el abogado era presidente del Consejo de Administración.
Otros señalados en la transacción del terreno que hoy constituye el centro comercial de seis niveles, denominado Zona Comercial Centro Sur, y que se hizo con la usurpación de identidad entre Libertad Sociedad Financiera y una empresa probablemente fantasma denominada Operadora de Inmuebles del Centro S.A. De C.V., son José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega, quienes al igual que Collado y Rico, son buscados por su probable participación por delincuencia organizada y lavado de dinero.
En la acusación del empresario queretano Sergio Bustamante Figueroa, quien entre 1997 y 2007 trabajó para Libertad Servicios Financieros, bajo la dirección de José Antonio Rico, admite: “operamos otras personas y yo varios temas a través de créditos no pagados, tales como apoyos a diversos candidatos políticos de Querétaro y de otras entidades federativas”.
Bustamante señaló que entre los beneficiarios de los apoyos en marzo de 2006 figura José Hugo Cabrera, candidato a senador en Querétaro; y Alejandro Arteaga, candidato a alcalde Colón. Ambos habrían recibido dos millones de pesos, mientras que el exgobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, habría recibido 50 mil pesos al mes como apoyo a su candidatura a la gubernatura. Pero también se señala su intervención en el apoyo a “candidatos a gobernador de Campeche” en ese mismo año y por 500 mil pesos.
Bustamente Figueroa, en su declaración ante la FGR del pasado 7 de junio, acusa a José Antonio Rico, Juan Collado, así como al socio de estos, el empresario Javier Rodríguez Borgio, considerado zar de los casinos, de suplantar su identidad y hacerlo pasar como accionista de Operadora de Inmuebles del Centro para vender el terreno de su propiedad, cuyo valor es de 700 millones de pesos, algo que no hubiera sido posible sin la complicidad de abogados, empresarios, notarios, políticos y funcionarios. “Libertad Servicios Financieros maneja un esquema de recompra de acciones a cada uno de los más de un millón de socios que el día de hoy forman la sociedad, dichos titulares de crédito están sujetos a compra hormiga, cuyos titulares finales son José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo y compañía”, indica la parte acusadora en el documento de 141 hojas.
La acusación del empresario refiere que es muy evidente que “cuentan con la participación y/o complicidad de la CNBV, pues ha sido omiso en intervenir y, en su caso, sancionar a pesar de haber sido denunciado por su servidor, abogados y notarios de diversas partes de la República, entidades financieras del país y del exterior, así como autoridades financieras y judiciales”.
Esta trama contada por uno de los personajes que reconoce su participación en la institución financiera que hasta el cierre de edición mantenía sus operaciones con regularidad, trastoca a la clase política de primer nivel, al señalar a los expresidentes priistas Carlos Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto. Sobre este último, señala la acusación de Bustamante como uno de los cabecillas y beneficiarios de los negocios de Libertad Servicios Financieros.