Los líderes de la disidencia magisterial regresarán esta semana a la mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, aunque las cosas serán muy diferentes a como habían sido hasta ahora. Su credibilidad y legitimidad está en entredicho, y la fuerza acumulada desde hace casi dos años para la insurrección en el sur del país -la cuenca del descontento- en contra de la Reforma Educativa y últimamente contra las elecciones en junio, está fracturada. Hay una creciente inconformidad entre las bases de los maestros disidentes porque sienten que sus líderes les están mintiendo, ocultando información y desviando recursos que le ha dado al movimiento el gobierno federal. Es decir, la revolución social está herida.
Los rompimientos se empezaron a ver hace unos 10 días, cuando comenzaron a circular dos panfletos anónimos en contra de Francisco Villalobos, secretario de Organización de la Sección 22 –la más numerosa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con asiento en Oaxaca-, donde lo acusaban de corrupción y usar su cargo para enriquecerse. Villalobos es el hombre radical de la Sección 22, que proviene de la región de los Valles Centrales, que por su alta membrecía es la que aporta el músculo y la permanencia a las movilizaciones y los plantones, y cuenta con el respaldo de las regiones de la Cañada y la Costa, que son las más beligerantes y violentas.
Las acusaciones contra Villalobos no fueron respondidas directamente. Pero coincidieron, sin embargo, con dos informaciones que difundió la CNTE, controlada por la Sección 22. La primera era que el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, había aceptado el 26 de febrero pasado la liberación de 102 maestros y activistas sociales a quienes calificaron como “presos políticos”, entre los que se encontraban tres educadores que participaron en el secuestro de los sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en enero de 2013; la segunda era que el gobierno federal había aceptado pagar los salarios de los maestros en Guerrero que no habían sido censados o evaluados, lo que iba en contra de lo estipulado en la ley.
Funcionarios federales confirmaron las suspicacias en las bases del magisterio disidente. Ninguna de las dos demandas forman parte de las negociaciones en la Secretaría de Gobernación, ni existen minutas que las respalden. La demanda sobre los “presos políticos” fue planteada, en efecto, pero no el mes pasado, sino en el primer trimestre de 2014. Cuando lo dijeron, recordó un funcionario federal, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo rechazó. Según detallaron los funcionarios, Osorio Chong dijo que no era un tema para la mesa de negociación ni parte de la agenda, por lo que nunca más lo volvieron a plantear.
La afirmación de que Miranda aprobó la entrega de plazas por fuera de la ley y que la asignación de ellas dejó de ser por evaluación y se regresó al método de escalafón –que era el instrumento de control magisterial al depender el avance o retroceso de los educadores al libre arbitrio de los líderes-, tampoco resultó ser cierta, de acuerdo con las minutas de las reuniones de la mesa de negociación con la Sección 22 del 13 de enero y el 10 de febrero pasado, en las cuales no figura el compromiso que expresaban sus dirigentes. Al contrario, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que está bajo el control de la Sección 22, se comprometió a realizar los trámites administrativos necesarios para actualizar al personal. Sin decirlo, se refiere a cerca de siete mil plazas de maestros que, o no existen, o no pasaron por el censo obligado por la Reforma Educativa.
El manejo de la información por parte de la dirigencia de la Sección 22 les ha hecho crisis interna. Varias corrientes de las bases han ido documentando las medias verdades de sus dirigentes y comenzado a presionar porque les abran la información. Las razones tácticas por las que manejan los líderes un doble discurso –demandas inexistentes en la mesa para consumo público, y conciliación con la Reforma Educativa en lo privado-, obedece a mantener una dirección homogénea que les facilite las movilizaciones en las calles y los bloqueos en carreteras y aeropuertos, que son parte de sus estrategias de negociación.
Desde finales de año incorporaron el tema del boicot a las elecciones federales y para gobernador en Guerrero, que en las últimas semanas ha buscado la dirigencia magisterial ampliar al menos a otros seis estados del sur del país. Esta agenda no es natural del magisterio, pero sí de los movimientos armados, que tienen vasos comunicantes con los líderes de la CNTE. Las fracturas en las bases, en este sentido, llegan en un momento crítico para la dirigencia de la Sección 22, al estar perdiendo apoyo de sus bases en las negociaciones en la Secretaría de Gobernación.
No habían estado en una situación vulnerable desde que comenzaron sus negociaciones con el gobierno federal, ni habían experimentado fisuras o fracturas en todo este tiempo. La dirigencia mantenía un control férreo sobre su militancia, que está ahora erosionada. Esto no la hace menos capaz, pero abre una rendija para que el gobierno pueda meterse al corazón de la disidencia magisterial y cambiar los términos de sus negociaciones, que le permitan consolidar la Reforma Educativa, que viene arrastrando, como inconclusa, en el sur del país.
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