Dos enfermedades que afectan gravemente a nuestro país son la corrupción y la impunidad. Pero el sentimiento de repudio que ambas provocan desemboca en manifestaciones de oposición que perturban el orden y a las instituciones, lo que constituye una franca contradicción y un perjuicio para el propio colectivo.
Las encuestas más recientes en materia de valoración pública colocan en una de las posiciones más bajas de la evaluación a los partidos políticos. Nuestro sistema de organización democrática ha caído en una espiral de desprestigio que enoja a la ciudadanía y produce en ella un sentimiento de antipatía natural. Se atribuye a los partidos políticos el origen de las penurias que atraviesa el país y la injusta desigualdad que privilegia a unos cuantos, con relación a la inmensa mayoría de todos los demás que no se benefician de su cercanía.
Fue esa circunstancia la que vino a privilegiar a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y es ese fenómeno el que nutre el discurso de los candidatos de oposición en México y otras latitudes que buscan la conquista del electorado mediante su propio distanciamiento con respecto del sistema político partidario establecido.
La condición no es privativa del ámbito político y se desborda, en primer lugar, al ámbito sindical. Son también los líderes y dirigentes de las uniones de trabajadores los que, por las responsabilidades desatendidas que les son imputables y el desvío de las aportaciones de los trabajadores, se ubican en uno de los peores escaños cuando se trata de la calificación de su aceptación social.
Es esta situación generalizada de descontento la que explica el sentimiento de júbilo que producen resoluciones como la pronunciada por la Segunda Sala de la SCJN, que por la vía de la declaración de improcedencia de un recurso de inconformidad reafirmó la validez del criterio judicial que había declarado ilegal la retención de cuotas de los trabajadores jubilados del sindicato de ferrocarrileros, lo que consecuentemente habrá de dejarlos exentos del pago de una aportación que no va acorde con lo aceptado contractualmente, ni tampoco con lo previsto por la ley.
Desde luego que el caso es relevante, pero no es el único que nos permite saber cuál es el pulso de lo que sucede en el ámbito del ejercicio más puro de los derechos humanos en materia de libertad de asociación, que se extienden más allá de cualquier otro terreno, al laboral.
Sin embargo, el problema que produce una resolución del tipo que se comenta, como también el sentimiento de origen que produjo la tramitación de la instancia que ha culminado con este golpe contra el sindicalismo, que para estos efectos es sencillamente ejemplificativo, tiene que ver, sobre todo, con el debilitamiento de una institución que nació, propiamente, para proteger al sujeto que la está lapidando.
Los sindicatos son personas morales que nacen con la finalidad de aglutinar la fuerza de los individuos que los conforman, para lograr imponer el cumplimiento obligatorio de normas que regulan la compleja relación que se da entre estos y sus empleadores. La desarticulación del sindicato constituye, incluso por la vía de la supresión del pago de cuotas o por la del reconocimiento oficial de sus miembros de abstenerse de pertenecer a él, el atentado más grave en contra de cada una de las personas que a través del sindicato mismo pretendían ser defendidas.
En materia político-electoral acontece lo mismo con relación a los partidos políticos, pues su desaparición por la vía de la superveniencia de las candidaturas independientes, obstaculiza la aglutinación efectiva de grupos afines a una ideología política, que jamás podrían gobernar si la fuerza que llegara a imperar encontrara su principal apoyo y bastión en la anarquía misma.
Lo anterior produce la necesidad de valorar cómo es que el descontento debe de canalizarse sanamente. En estricto sentido, no son los partidos políticos, ni mucho menos los sindicatos, las instituciones que por sí misma justifican el sentimiento de antipatía que ha justificado el voto o la resolución antagónica que venimos comentando. Se trata, más bien, de las personas que los conducen y con las cuales se identifican.
Es menester a esa sana identificación del elemento de la ecuación que produce tan nociva discordancia, que resulta igualmente necesario y urgente encontrar la manera de detenerlo y remediarlo.
En contra de la corrupción y la impunidad que nos aqueja, lo conducente no es terminar con el sindicalismo o el partidismo, sino con las personas que tan malamente los conducen.
El gran pendiente de la reforma laboral, como también lo fue de la reforma constitucional en materia de transparencia, tiene que ver con el fincamiento de la obligación de transparentar sus actos a los dirigentes partidistas y sindicales. Mucho se perdería en la batalla política que pueda librarse en esta arena, si ante la enfermedad no se advierten sus orígenes.
No será sino hasta que la labor directiva de tales personas pueda auditarse, fiscalizarse y llamar a cuentas, que veamos la manera en que nuestras instituciones comiencen a tomar el camino y dirección para la que fueron concebidas. Muy errado sería suponer que, para terminar con los excesos de nuestros líderes sindicales, debamos acabar con los sindicatos.