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María Idalia Gómez y Jonathán Nácar

La operación para la captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue ejecutada por unidades del Ejército que no tuvieron el respaldo para concluir su misión. Las células del Cártel de Sinaloa que reaccionaron en cuestión de minutos para rescatar a uno de sus líderes doblegaron a las Fuerzas Federales horas antes de que abortaran la operación, de acuerdo con la relatoría que dio a conocer ayer el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval.

El general reveló que el Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN) oficialmente se encargó de “planear, vigilar y desarrollar” el operativo para detener a Ovidio Guzmán López. La relatoría del general Sandoval mostró contradicciones, al asegurar también que fue la desparecida Policía Federal el cuerpo que pidió apoyo “urgente” al Ejército para garantizar la seguridad de los elementos que encabezarán la operación, aun cuando en ese momento legalmente los agentes federales ya se denominaban Guardia Nacional.

Ninguna de las imágenes de la reconstrucción que ofreció muestra a alguno de los integrantes de este cuerpo militar de élite, altamente entrenado y dedicado desde su creación, hace 24 años, a operaciones de alto impacto; más bien se observa un número reducido de elementos de la extinta Policía Federal y de otro cuerpo que no fueron identificados, que carecían de  equipo táctico especializado y sin que se muestre el dominio de la operación.

Fue el propio titular del Ejército, en la conferencia mañanera del miércoles 30 de octubre, al dar a conocer el “minuto a minuto” en torno a la operación fallida contra uno de los líderes del Cártel, quien señaló que el equipo que llevó la batuta del operativo tras el cual se desencadenó una serie de hechos violentos que mantuvieron sitiada la ciudad de Culiacán por al menos cinco horas fue el GAIN, dependiente del Estado Mayor de la Defensa Nacional y que es un grupo de inteligencia y operaciones tácticas del que se conoce poco por la alta especialidad de sus operaciones.

Es así como en medio de contradicciones y vacíos, y sin señalar responsables, se pretendió explicar cómo se articuló la operación que terminó por liberar a Guzmán López.

La información recabada por ejecentral establece que los responsables de la planeación, arquitectura y ejecución de la operación que el pasado 17 de octubre tuvo como objetivo la captura de quien sería uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, estuvo a cargo de Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional; José Sigifredo Valencia Rodríguez, titular de la División de Inteligencia y encargado de despacho de la extinta Policía Federal; y Carlos Alberto Flores, titular de la División Antidrogas de la PF, hoy Guardia Nacional, todos ellos subordinados de Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC). Ninguno de estos tres funcionarios se dio cita a la conferencia mañanera.

En la presentación del informe, quienes sí estuvieron presentes, además del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron los titulares de las secretarías de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Marina Armada de México, almirante Rafael Ojeda Durán, y de la SSPC, Alfonso Durazo.

Este es el mapa de operaciones y la reconstrucción de los momentos medulares de lo que ocurrió ese 17 de octubre en Culiacán, donde los cuerpos federales, de acuerdo con la versión oficial, se vieron rebasados tres a uno en cuanto a número de sicarios que los enfrentaron.

«No está de más decir que el gabinete de seguridad ha actuado con responsabilidad y me siento muy respaldado. Están actuando de manera eficiente, leal y con honestidad.” Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en la conferencia matutina del pasado 30
de octubre.

Revelación. Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, aseguró que el Cártel de Sinaloa intentó sobornar a militares en Culiacán. Foto: Cuartoscuro.

La relatoría del titular de la Sedena mostró contradicciones, al asegurar que fue la desparecida Policía Federal el cuerpo que pidió apoyo “urgente” al Ejército en el operativo del 17 de octubre pasado.

Hace cinco meses, efectivos del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico y de la División Antidrogas de la desaparecida Policía Federal se instalaron en varios puntos de la ciudad de Culiacán para ubicar a los hijos de Joaquín Guzmán Loera. La vigilancia comenzó a partir de la información compartida por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

En poco tiempo rindió frutos. Dos casas de seguridad del cártel eran visitadas por los herederos de El Chapo. Una era tácticamente más difícil para tomar el control por la vigilancia del grupo criminal y la geografía de la colonia. La segunda, a pesar de sus altas paredes y entradas dobles, hacía posible capturar a Ovidio Guzmán, quien fue visto por los agentes encubiertos en varias ocasiones. 

Para el gobierno de Estados Unidos, los hijos de Guzmán Loera se convirtieron en los líderes de la organización que es identificada como un riesgo para la seguridad nacional de ese país, al dedicarse a la producción y tráfico de drogas, especialmente fentanilo a gran escala. Es por ello que comenzaron un trabajo conjunto con el Ejército y la Policía Federal. 

La orden de captura contra Ovidio Guzmán se obtuvo el 25 de septiembre de este año, pero la de cateo para los domicilios ubicados nunca llegó.

Al definir la estrategia, el Ejército definió un primer círculo de seguridad en torno a la casa en la que se encontraba Guzmán López; en total eran 560 metros que debían ser resguardados por la primera fuerza de operaciones, conformada por ocho elementos de la Guardia Nacional, 38 más del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), apoyados con siete vehículos, tres de ellos blindados y dos patrullas de la Policía Federal.

El GAIN, que por lo menos desde 1995 ha encabezado operaciones sensibles y de alta especialidad en el combate al narcotráfico en el país, al igual que el de División Antidrogas de la PF, no aparece en el video, al menos con el equipo táctico y capacidades de fuego y operativas que han mostrado en las más de 600 capturas de capos de alto perfil que han realizado, como el caso de Eleno Madrigal Birrueta y Santiago Mazari Hernández, de las que informó el secretario Sandoval.

De acuerdo a lo planeado, un segundo perímetro de seguridad debía establecerse a 1.7 kilómetros del inmueble y era el encargado de proteger la operación e impedir la llegada de comandos de ataque y rescate. Estaba conformado por 99 elementos del Ejército apoyados por con una decena de vehículos. 

Como parte del plan, el general Sandoval detalló que debían recorrer 12.4 kilómetros hasta el aeropuerto, una vez que lograran la captura de Ovidio Guzmán. En ese punto los esperaba una aeronave oficial para sacar de Sinaloa a su objetivo.

El 17 de octubre sólo operó el primer círculo de seguridad con tan sólo 46 elementos que, sin contar con orden de cateo, debieron esperar afuera del inmueble varias horas para ejecutar la operación. El segundo círculo, reveló el secretario, no se completó porque de los cuatro puestos de control sólo se instaló uno; el resto, ante la reacción inmediata del grupo criminal, fue detenido por los sicarios.

“Entonces, el dispositivo, la seguridad exterior no se logra materializar, aunque en los puntos de las agresiones ahí permanecen respondiendo las agresiones de los delincuentes y las intenciones de entrar hasta este punto. Nunca lo logran hacer, nunca logran entrar”.

La orden de cateo que permitiría presentar ante un juez a Ovidio, y que debía entregar la Fiscalía General de la República nunca llegó. Ni siquiera estaban presentes elementos de esa institución en el operativo. 

Los grupos de vigilancia del Cártel de Sinaloa detectaron la operación y comenzaron a movilizarse. El general Cresencio Sandoval reconoció: “El empleo de técnicas militares, armamento automático y antiaéreo, como son el AK-47, el R-15, lanzacohetes, lanzagranadas 40 milímetros, ametralladoras y fusiles calibre 50, que éstos son antiaéreos y obviamente también en contra del blindaje, chalecos y cascos tácticos, así como placas balísticas, empleo de vehículos con blindaje de fábrica y artesanal, camionetas de redilas, volteos, robo de vehículos en la vía pública para evitar ser referidos y confundirse entre la población, integrantes de los grupos delincuenciales drogados durante los hechos generadores de violencia, uso intensivo de radios análogos y digitales, dificultando la intercepción de la comunicaciones”. 

Los 46 elementos del GAIN y de la Policía Federal se mantenían afuera del domicilio cuando ya se escuchaban los disparos de arma de fuego en varios puntos de la ciudad.


Decidieron ingresar al domicilio y someter a Guzmán López para que con una llamada telefónica frenara los ataques hacia las fuerzas federales. Este movimiento anulaba de inmediato la captura del presunto narcotraficante, porque en el nuevo sistema penal acusatorio, al no contar con una orden de cateo, un juez determinaría que se violentaron sus derechos humanos y lo dejarían en libertad. 

El general aseguró que como parte de la estrategia para frenar la captura del hijo de El Chapo, el comandante de la fuerza de intervención intentó ser sobornado con el ofrecimiento de tres millones de dólares; al no aceptar, fue amenazado de muerte. 

A las dos de la tarde se confirmó que Ovidio Guzmán estaba en el domicilio, 30 minutos más tarde el grupo de intervención había rodeado el inmueble y esperaban ingresar, tan sólo 20 minutos después, de acuerdo con la versión oficial, comenzaron los ataques contra las Fuerzas Federales.

Los primeros reportes que reciben los elementos que participaban en la operación es que las células de seguridad del gobierno federal fueron retenidas por sicarios armados, quienes montaron bloqueos en las principales avenidas de la ciudad y los puntos de ingreso y se apropiaron de vehículos de la ciudadanía para pasar inadvertidos.

Utilizan vehículos blindados, la mayoría de manera artesanal, y realizan disparos intermitentes contra las fuerzas federales. A las 15:15 horas, en no más de 20 minutos de iniciada la agresión, teniendo sometido a Guzmán López, se trata de frenar los ataques a partir de una llamada telefónica a quienes estaban ejecutando las agresiones contras las Fuerzas Armadas. 

No se detuvieron. Diez minutos más tarde se reporta el primer militar herido, y a las 15:47 horas se acerca una célula de sicarios al inmueble donde mantienen retenido a Ovidio Guzmán; tres minutos más tarde las bases militares en Cosalá, Costa Rica y El Fuerte son tomadas por el grupo criminal y retienen al personal militar. 

De acuerdo con la reconstrucción del general Cresencio Sandoval, existe un lapso de una hora con 54 minutos, entre las 15:50 y 17:04 horas, en el que se ignora qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron los reportes que recibió el Alto Mando de la operación sobre los hechos. El titular del Ejército sólo reconoce que hasta las 17:04 se reportan “agresiones a instalaciones y fuerzas militares en diferentes puntos de la ciudad, así como el despojo de vehículos civiles y fuga masiva de los reos en el penal de Aguaruto”. 

Después de ese momento, en la línea de tiempo que expuso el general Sandoval, una hora con 45 minutos se queda sin explicación. A las 18:49 horas, el Gabinete de Seguridad determina “retirar a las fuerzas que estaban realizando la operación”.

Sin dar más detalles de cómo se hizo la entrega de Ovidio Guzmán, cómo logran obtener garantías de seguridad para los elementos que participaron en la operación y cómo se llega a cabo la retirada tanto de las Fuerza Federales como de los sicarios, el secretario de la Defensa Nacional refiere como último evento el ocurrido a las 19:17 horas, cuando “la estructura delictiva libera a un oficial y cuatro de tropa” que mantenían retenidos en la caseta de Costa Rica.

“Las acciones violentas de la delincuencia organizada se enfocaron hacia lo que fue fuerzas militares que acudían al área del objetivo, personal militar en servicios aislados y en periodos de descanso, en bases de operaciones con posibilidad de apoyar a la fuerza que estaba siendo agredida, a las familias del personal militar, emisión de mensajes amenazando con agredir directamente a la ciudadanía, amenazas de agresiones en Sonora, Chihuahua y Durango”, sostuvo el general Sandoval.

Por estructura de mando, los encargados de planificar y montar el operativo para detener al hijo de El Chapo son el comandante de la Guardia Nacional, y los encargados de la extinta Policía Federal, y el de la División Antidrogas de la misma corporación. 

Con base en el oficio en el que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana solicita el apoyo para la seguridad de los elementos federales que implementarían el operativo, el mayor nivel de responsabilidad en campo la tuvo Alberto Flores, quien, según fuentes consultadas, antes de participar en el operativo ya había informado sobre su intención de incorporarse al equipo del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla. 

Estos funcionarios forman parte de la primera línea de mando y operaciones que, junto con un comandante del GAIN, debieron decidir el momento de comenzar las movilizaciones, la colocación del perímetro de seguridad y la forma en que sería extraído Guzmán López. 

Ayer, en la presentación del informe sobre lo ocurrido en Culiacán se ofreció información estratégica y táctica de las operaciones de las fuerzas federales. También el general Sandoval detalló las equivocaciones en que incurrieron los sicarios al haber arrojado a una corta distancia las granadas de 40 milímetros que no detonaron. Los manuales de operaciones especifican que toda esta información no debe hacerse pública al igual que imágenes que lastimen la moral del personal que participa en operaciones de alto riesgo, tal y como ocurrió ayer en la mañanera cuando se difundieron imágenes de uno de los elementos heridos por una bala calibre 50 que prácticamente le cercenó la pierna.

A pesar de contar con la capacidad de aeronaves con capacidad de fuego para intervenir en la extracción y resguardo del personal que participa en la operación, no se utilizó para impedir mayores daños a la ciudadanía, salvo un helicóptero que resultó con seis impactos de bala. El saldo después de cuatro horas, ocho personas muertas: un civil, un agente de la Guardia Nacional, un preso y cinco “agresores”; así como 19 heridos: nueve agentes, siete soldados, y tres policías locales. 

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