Durante el gobierno de Vicente Fox (2001-2006), cada hora se perdían, en promedio, 99 mil 573 pesos del presupuesto federal, ya sea por desvíos o malos manejos administrativos.
En la gestión de Felipe Calderón (2007-2012) las mermas aumentaron y, en promedio, cada 60 minutos desaparecían 1.5 millones de pesos.
Pero el sexenio de Enrique Peña Nieto rompió todos los récords de rapiña presupuestal. Creció nueve veces. Cada hora se desviaron o se dejaron de comprobar 10 millones de pesos, lo que da un promedio de 166 mil 997 pesos malversados por minuto.
›De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que la semana pasada terminó de fiscalizar los seis años del gobierno peñista, entre 2013 y 2018 quedó pendiente de aclarar la insólita cifra de 526 mil 642 millones 261 mil 890 pesos.
Esta suma equivale al 85% de todas las anomalías identificadas por la ASF en sus 20 años de historia, que ascienden a 614 mil 030 millones de pesos, los cuales están pendientes de aclarar desde el año 2000.
Si el desvío de recursos y la falta de comprobación del gasto federal fueran una industria en México, ésta dejaría dividendos anuales por 87 mil 773 millones de pesos, lo que supera las ganancias de la industria del agua embotellada (66 mil 500 millones de pesos anuales), de videojuegos (27 mil millones) y de cinematografía (17 mil 500 millones).
Desvío en los estados
La falta de mecanismos de control y la fragilidad institucional en estados y municipios hacen que el presupuesto que les destina la Federación sea difícil de supervisar, lo mismo que el rastreo de las irregularidades.
Así, el gasto federalizado es el área del presupuesto en la que existen más fugas. En los 20 años de existencia de la Auditoría Superior de la Federación, estados y municipios han dejado sin aclarar 461 mil 635 millones de pesos.
Sin embargo, fue con el gobierno de Peña Nieto que esta práctica creció hasta niveles inauditos. Entre 2013 y 2018, gobernadores y presidentes municipales desviaron o no comprobaron 407 mil 785.2 millones de pesos, lo que equivale a 88% del total histórico.
El año de mayor saqueo del gasto federalizado ocurrió en 2018, último tramo del gobierno priista, con 143 mil 195.2 millones de pesos. Esto quiere decir que en un solo año, los gobiernos locales desviaron o manejaron de manera inadecuada 31% del total acumulado en dos décadas.
En sus años de gobierno, Peña Nieto trató con 60 gobernadores. De ellos, el más depredador del presupuesto fue Javier Duarte de Ochoa, el exmandatario de Veracruz (2010-2016), actualmente preso en el Reclusorio Norte, con 54 mil 711.9 millones de pesos sin aclarar.
En segundo lugar aparece Alfredo del Mazo, el priista que no lleva ni tres años al frente del gobierno del Estado de México y ya está en un lugar prominente de la lista negra. En su primer año, el gobierno de Del Mazo dejó sin comprobar 18 mil 32 millones de pesos.
La tercera posición la ocupa un panista, Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien gobierna Tamaulipas desde 2016. En los tres primeros años, su gobierno ha desviado o dejado de justificar el empleo de 17 mil 130.2 millones de pesos, de los cuales 13 mil 240.5 tienen que ver con la cuenta pública 2018.
Los gobernador priistas César Duarte (Chihuahua, 2010-2016) y Roberto Borge (Quintana Roo, 2011-2016), emblemas de la corrupción priista junto con Javier Duarte, ocupan las posiciones 7 y 13, con 12 mil 855.4 y 6 mil 776.7 millones de pesos con inconsistencias, respectivamente.
Antes de César Duarte, hay tres gobernadores con sumas más cuantiosas sin aclarar ante las autoridades fiscalizadoras. Se trata de los perredistas Silvano Aureoles, de Michoacán, y Arturo Núñez, de Tabasco, quienes dejaron irregularidades por 16 mil 856.4 y 15 mil 322.4 millones de pesos. El otro es el exgobernador de Jalisco, el priista Aristóteles Sandoval, quien dejó el cargo sin aclarar el destino de 14 mil 874 millones de pesos.
Gabinete ineficaz
El pasado jueves 20 de febrero, tras la entrega final de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2018 —con lo que se completa la fiscalización a la gestión peñista—, el diputado del PRD Raymundo García Gutiérrez manifestó, al referirse a la administración de Peña Nieto:
“Con esta entrega se termina de fiscalizar uno de los sexenios más corruptos en la historia de México. Auditar el correcto uso de los recursos es el primer paso para señalar a aquellos que violan la ley”.
La Casa Blanca (inmueble de la exprimera dama, Angélica Rivera, con un costo de siete millones de dólares), la casa de Malinalco (propiedad del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con un valor de 7.5 millones de pesos), OHL (empresa española que habría dado sobornos a altos funcionarios federales a cambio de licitaciones), Odebrecht (presuntos sobornos para financiar la campaña presidencial de 2012 a cambio de contratos), la Estafa Maestra (triangulación de recursos a través de universidades para obras y servicios que nunca se realizaron, cuando Rosario Robles era titular de Sedesol y Sedatu), el Paso Exprés (desvíos y compra de material de mala calidad en la obra de la autopista México-Cuernavaca, que costó la vida a dos personas) y Pegasus (compra de software para espiar a adversarios políticos, periodistas y defensores de derechos humanos), son algunos de los casos de corrupción que marcaron al gobierno pasado, algunos de cuyos integrantes están siendo investigados.
A lo largo de su sexenio, Peña Nieto tuvo 41 secretarios de Estado. De todos ellos, el que tuvo más inconsistencias en el ejercicio del gasto es Gerardo Ruiz Esparza, titular de Comunicaciones y Transportes de 2013 a 2018, con 21 mil 165 millones de pesos sin aclarar en su sector.
Sólo en el último año, el sector Comunicaciones y Transportes tuvo irregularidades por más de 8 mil millones de pesos. La mayor parte de los recursos de la SCT sin comprobar tiene que ver con la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, pues hay irregularidades por cinco mil 417 millones 966 mil 800 pesos.
Otro hoyo financiero identificado por la ASF es la construcción y modernización de una veintena de carreteras y obras urbanas, pues hay faltantes superiores a los dos mil 168 millones de pesos.
El segundo secretario con mayores faltantes es José Calzada Rovirosa, quien estuvo al frente de la Secretaría de Agricultura entre 2015 y 2018. En ese trienio, el sector a su cargo tuvo 14 mil 393 millones de pesos sin solventar.
El volumen más grande de anomalías se registró en 2018, con faltantes por 6 mil 297.6 millones de pesos. Las áreas donde se concentran las mayores inconsistencias son el Programa de Apoyos a Pequeños Productores, Procafé, Impulso Productivo al Café, Programa de Fomento a la Agricultura; Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria y Programas de Apoyos a Pequeños Productores.
El tercer lugar lo ocupa Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (2013-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2016-2018), y actualmente presa en el penal de Santa Martha por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
En sus dos etapas como secretaria, los sector de Robles acumularon faltantes por 12 mil 551.8 millones de pesos, la mayor parte por el esquema de corrupción documentado por la propia ASF y denominado como Estafa Maestra, según el cual las dependencias daban dinero a las universidades públicas para la realización de obras y servicios; sin embargo, éstas transferían los contratos a terceras empresas (muchas veces fantasma), por lo que las obras no se realizaban.
Las dimensiones
Los 526 mil 642.2 millones de pesos que se desviaron o no se pudieron justificar durante el sexenio de Peña Nieto equivalen a 27 mil 617 millones de dólares, al tipo de cambio actual (18.8 pesos por dólar).
Esa cantidad es equivalente a 43% de la fortuna del empresario Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los 10 más acaudalados del mundo, cuyo capital asciende a 64 mil millones de dólares, de acuerdo con la lista de la revista Forbes.
La cantidad “extraviada” durante el sexenio pasado, es superior a la suma de las fortunas de Germán Larrea (Grupo México, Southern Cooper, Cinemex) y Ricardo Salinas (Elektra, TV Azteca). De acuerdo con la lista de Forbes 2019, el primero posee 13 mil 300 millones de dólares y el segundo 11 mil 100, lo que da un total de 24 mil 400 millones de dólares.
En la misma lógica, los 27 mil 617 millones de dólares que se gastaron al margen de la ley durante el sexenio pasado son equivalentes a las fortunas juntas de Alberto Baillères (Peñoles, Femsa, Palacio de Hierro, Profuturo), Eva Gonda de Rivera (Femsa), María Asunción Aramburuzabala (Grupo Modelo, Televisa), Juan A. González Moreno (Banorte, Gruma) y Jerónimo Arango (Walmart), las personas más ricas de México después de Slim, Larrea y Salinas, y que en conjunto poseen 28 mil 900 millones de dólares.
“Los gobiernos neoliberales, desde Salinas hasta el que terminó el 1 de diciembre del 18, se caracterizaron por permitir la corrupción, para decir lo menos, y ahí están los datos. En el gobierno de Fox ocupábamos el lugar 60 en el mundo en corrupción, luego subió al lugar 90 y terminamos en el lugar 136 en alrededor de 200 países, lugar 136 en corrupción. Ese era el distintivo de los gobiernos neoliberales: la corrupción”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 21 de febrero cuando se le pidió su punto de vista sobre los hallazgos de la ASF.
“No a venganzas, no a la persecución política, sino marcar muy bien la diferencia e iniciar una etapa nueva sin corrupción, sin impunidad. Y eso lo hemos venido logrando. Si se enjuicia a los expresidentes que causaron la tragedia nacional, se tiene que tomar en cuenta a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, porque todos tienen que ver en atrocidades que se cometieron para causar la decadencia en México”, agregó.
Y, sobre el papel de su antecesor inmediato, remató: “Peña, que como es de dominio público, permitió la corrupción. Nosotros estamos actuando, todos los expedientes que se encontraron abiertos se les dio continuidad, no se cerraron porque no tenemos relaciones de complicidad con nadie”.
Un sexenio desviado
Sesenta gobernadores y 41 secretarios de Estado participaron en mayor o menor medida para que el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto sea considerado como uno de los más corruptos de la historia .
El siguiente gráfico muestra los recursos que cada dependencia y cada gobierno tiene pendiente de solventar ante la Auditoría Superior de la Federación.
2018, último año de la gestión del mexiquense, será recordado como el momento de mayor rapiña de los recursos públicos, según datos del máximo órgano fiscalizador.
