La política de detenciones masivas de centroamericanos en México fue diseñada de manera bilateral; anteriores gobiernos de EU aportaron 24 mdd para estas labores.
Teo Rocha
Pese a la fiebre estadunidense antinmigrante, Estados Unidos, con la ayuda de México, alcanzó un récord histórico para impedir el cruce fronterizo de indocumentados: la aprehensión de mexicanos por la Patrulla Fronteriza va dramáticamente a la baja, al situarse en niveles de hace casi 50 años, mientras que el gobierno de México aplicó una exitosa y callada política de deportación de centroamericanos que supera poco más del doble a los expatriados por Estados Unidos a Guatemala, El Salvador y Honduras. En los últimos tres años, el número de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos, se multiplicó por decenas de miles y es paradójicamente el gobierno de México el que se encarga de detenerlos mayoritariamente, tanto para que no habiten en la frontera norte, como por política de buena vecindad. Las fronteras son ocasionalmente, una línea divisoria, una partición mental, un muro o como el caso de México con América Central, una estrategia de expulsión migratoria en la sombra.
El año pasado México expatrió a 143 mil migrantes centroamericanos a sus países de origen: 59 mil guatemaltecos que a través de México intentaban cruzar la frontera norte, 48 mil hondureños y 31 mil salvadoreños, más cinco mil de otros países de la región, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, ente intergubernamental con sede en Ginebra y presencia en 100 países.
De manera factual, el cruce de indocumentados nacionales hacia Estados Unidos es cada vez un problema menor al situarse en niveles de 1970, y actualmente es mayor el número de mexicanos que regresan de Estados Unidos a su país, producto de la política migratoria persecutoria, que aquel que intenta cruzar ilegalmente.
La política de detenciones masivas de centroamericanos en México ha sido diseñada de manera bilateral: pasados gobiernos estadunidenses han apoyado a México con 24 millones de dólares para reforzar con tecnología y entrenamiento a agentes del Instituto Nacional de Migración y están pendientes de entrega otros 75 millones de dólares más.
›El New York Times publicó un reportaje sobre lo estrecha y fluida que ha sido la política migratoria bilateral a lo largo de la historia. Hace más de 10 años Estados Unidos enfrentó un fenómeno inédito en el ingreso de ilegales: en 2005, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 31 mil brasileños, cifra apenas superada por mexicanos y países miembros del llamado Triángulo de América Central.
La inesperada migración ilegal de brasileños de México a Estados Unidos paró de manera abrupta en cuanto México les impuso visa a los brasileños y, de esa manera, miles de ellos ya no pudieron tener a nuestro país como nación de tránsito para cruzar la frontera norte.
Terminó así la ruta migratoria de Río de Janeiro a Cancún, Quintana Roo, y para 2006 la aprehensión de brasileños en Estados Unidos bajó en 95%.
Para favorecer la política migratoria de Estados Unidos e impedir la presencia de brasileños indocumentados en territorio mexicano, se dañó la relación México-Brasil y que a los mexicanos les fue impuesta la visa en el país sudamericano, en ese entonces. Con el número de cruces ilegales a la baja, la administración Trump ha instrumentado una política persecutoria que podría alcanzar a 11 millones de indocumentados, para lo cual ha solicitado al Capitolio presupuesto para contratar a 10 mil oficiales de Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y cinco mil más de la Patrulla Fronteriza, así como a jueces migratorios y funcionarios para asilo, todo para hacer más expedita su expulsión.
Tradicionalmente se expulsaba a indocumentados con antecedentes criminales, mientras que el resto permanecía entre el limbo y la realidad, legal y laboral, para que la gran mayoría pudiese trabajar de manera tolerada.
El mensaje incendiario antinmigrante de Donald Trump transcurre sin mayores críticas en el Capitolio, y más que por su situación legal, un segmento de la población depende del apoyo de la sociedad pero, sobre todo, de las iglesias, universidades, escuelas, filántropos o incluso, agricultores, corporaciones y artistas.
De otra forma, perdurará en el imaginario estadunidense la visión de que millones de indocumentados forman una banda de terroristas, violadores y bad hombres, a los que hay que detener o expulsar, incluso, con apoyo militar.