La estrepitosa caída en las Bolsas de valores del mundo y el desenlace que anticipa, son una gota más en un vaso que se llena cada día, y en el que se comprueba desalentadoramente que el modelo económico que mueve al mundo es insostenible en el mediano plazo. La mano invisible que mueve al capital no tiene mayor miramiento que las ganancias especulativas, sin piedad alguna por los miles de seres humanos que se ahogan en el mediterráneo o los millones que igualmente fallecen de hambre o de sed a lo largo del orbe.
Sin tener oposición o crítica alguna contra cualquier régimen de libertad de mercado o el de la más absoluta libertad de las personas, no podemos dejar de dimensionar la gravedad de la visión cuando no se toman riendas por el camino del buen gobierno para mediar a favor de suprimir las injusticias que se gestan en un régimen de libertad sustentado en profundas desigualdades. Es el caso que se cierne sobre la sociedad mexicana, un país en el que existiendo diferencias nacionales desde su origen, éstas han devenido en un padecimiento crónico que amenaza con desintegrarla en forma desafortunada.
Países como España han incorporado en su régimen constitucional el principio de la solidaridad interterritorial como un modelo de vida, básicamente sustentado en la obligación del Estado de fungir como un administrador dedicado que vele por el equilibrio económico, adecuado y justo, entre cada una de las partes que conforman su territorio.
En nuestro régimen constitucional y en el caudal de más de un par de centenares de leyes que conforman el régimen jurídico federal, exclusivamente, no se hace alusión al principio de solidaridad entre los mexicanos. Existe desde luego la idea de la justa repartición de los fondos recaudados amén de un federalismo funcional, pero la solidaridad como modelo de empatía social que permitiera atender a las causas más apremiantes que interesan al país, sea que se tratara de pobreza extrema, como también de productividad urgente y respeto irrestricto por el derecho de propiedad, no existe.
El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, ha entendido la importancia de reconocer la responsabilidad que tiene el Gobierno Federal de impulsar el crecimiento económico urgente de algunas entidades del país con relación a otras, y en ese sentido ha originado ya la asunción de políticas de desarrollo económico y gasto presupuestal asimétricas para el sur del país con relación al resto de los Estado que conforman la República Mexicana. Esa visión debe de documentarse constitucionalmente, para que la política emprendida en este sexenio no se pierda y sí, en cambio, se asuma como un referente obligatorio. Ya se presentó esa misma propuesta en el ámbito de lo laboral, al inicio de la legislatura que está por terminar.
El mismo titular del Ejecutivo, como también el Presidente del CEE, han reconocido la importancia de atender de una vez por todas el problema de la desigualdad y generar las condiciones que permitan el desarrollo económico que persiguieron los acuerdos alcanzados en el Pacto por México. Ambos se han referido, equiparablemente, a echar andar las reformas, a acabar con la corrupción y a impulsar el Estado de Derecho.
Un análisis superficial en torno del gran cúmulo de países que conforman la comunidad internacional, nos puede llevar a reconocer, inequívocamente, que la gran diferencia entre aquellos desarrollados y los subdesarrollados, o inclusive en vías de desarrollo, tiene que ver con el cumplimiento de la ley y los compromisos asumidos dentro del marco que ésta conforma. Cuando hablamos de la mano invisible que mueve el capital, podemos bien afirmar que el único motor que la inclina en uno u otro sentido se llama “confianza”, y ésta se desarrolla en función del cumplimiento de lo pactado y, en ese sentido, de las normas que protegen tal principio.
Es más que atinado el diagnóstico de nuestros gobernantes y la cúpula empresarial que lo acompaña en torno de la observancia de la ley, es sin embargo anticuado y vacío, porque la problemática que atraviesa el país sobre este respecto no es de este sexenio, ni de los cinco últimos, es medular y viene desde sus orígenes; y el problema no tiene que ver con la identificación de la enfermedad, sino con la cura.
Ya en diciembre se habló del decálogo de la seguridad y el subcapítulo de la “justicia ordinaria”. Ya sabemos que se debe de impulsar el Estado de Derecho, ahora falta el nuevo decálogo oficial que nos permita saber cómo habrá de conseguirse.
México no es un país esencialmente corrupto, pero si es uno en el que prevalece la impunidad. Hablar del cumplimiento de la legalidad entraña el impulso de acciones que deben adoptarse desde distintas trincheras a la vez. La observancia de la ley, como cultura y como idiosincrasia, se enseña en el hogar, se refuerza en las aulas escolares y se hace cumplir en la calle, siempre comenzando por los ejemplos más insignificantes y pequeños, y normalmente, estos tienen que ver con el ámbito de la justicia local. Implementar un régimen de tolerancia cero y definir los límites dentro de los cuales se validará el ejercicio pleno de la fuerza pública, se antojan elementos indispensables de la política que habrán de impulsar los nuevos legisladores.
Un problema persistente tiene que ver con la inobservancia de la ley en sus aspectos más elementales, el incumplimiento de las obligaciones contractualmente aceptadas, la incapacidad de los jueces para pronunciar sus fallos con prontitud y hacerlos cumplir a cabalidad, y la intervención de la administración para condonar el incumplimiento de la ley o para canalizar las vías para su inobservancia. ¿Cuándo se acabarán los programas que permiten la exención de sanciones a los contribuyentes o deudores incumplidos, y se impulsarán descuentos y compensaciones a favor de quienes sí cumplen la ley?
Es muy oportuno el recordatorio del diagnóstico que hemos venido escuchando a lo largo de toda nuestra existencia; esta vez, sin embargo, sería conveniente que escucháramos, de los Poderes unidos, cuál será el decálogo de acciones concretas que habrán de impulsarse para educar a la gente y para lograr que, comenzando por los jueces, la ley se cumpla sin contemplaciones.