La aprobación de esta ley era necesaria para romper la cadena de corrupción e impunidad que había pervertido ese sistema. El pleno del Senado de la República aprobó el pasado miércoles 28 de abril, el decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal que pretende reconstruir el sistema penitenciario mexicano, garantizando el adecuado respeto a los derechos fundamentales de las personas sujetas a reclusión y resolver el régimen de duración y modificación de las penas. https://bit.ly/1VCPfSW
Partiendo de que actualmente la sobrepoblación es uno de los mayores retos a los que se enfrenta el sistema penitenciario, “pues representa el punto de partida de otros fenómenos como el hacinamiento, la falta de higiene, condiciones insalubres, así como los que tienen que ver con autogobiernos y falta de gobernabilidad al interior de los centros”, esta ley busca despresurizar los centros penitenciarios.
A partir de la entrada en vigor del decreto de la ley, podrán acceder al beneficio de libertad anticipada, por ejemplo, todas las personas que fueron sentenciadas con penas privativas de la libertad por cometer robo, cuyo valor de lo hurtado no exceda los 80 salarios mínimos y cuando no haya mediado algún tipo de violencia.
En este caso aplicaría para las 7 mil personas que actualmente están purgando una condena de hasta 10 años por robar alimentos, de acuerdo con cifras de julio de 2015 de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, este tipo de delito se le conoce como Robo Famélico y por lo general lo cometen las personas en estado de pobreza alimentaria, la mayoría mujeres.
De igual forma el dictamen aprobado, que fue turnado a la Cámara de Diputados, señala que se prohíben medidas disciplinarias que impliquen tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el encierro en celda oscura o sin ventilación y el aislamiento indefinido o por más de 15 días continuos. Todo ello en base a los propios principios en los que se funda el sistema penitenciario, establecidos en el artículo 18 constitucional.
En días previos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2015, instrumento anual que permite examinar el respeto de los derechos humanos de los internos, así como la estadística sobre las incidencias que se presentan al interior de los centros penitenciarios del país. El resultado general del documento es que hoy por hoy, las prisiones mexicanas tienen graves carencias en temas de seguridad, autoridad y derechos humanos. https://bit.ly/1VksjaJ
Según el DNSP 2015, en una escala de 1 a 10, el promedio nacional de calificación de los centros penitenciarios estatales fue de 6.21, que si bien representa un crecimiento de dos décimas respecto de las calificaciones de 2014, no implica un avance sustantivo o cambio radical en el panorama nacional en la materia. Por su parte los centros federales obtuvieron 7.36 y las prisiones militares, 7.93.
Los estados que obtuvieron las peores calificaciones son: Nayarit, con 4.11; Quintana Roo, 4.43; Guerrero, 4.99; Hidalgo, 5.01, y Tabasco, 5.06. Y las entidades que obtuvieron los mejores promedios son: Guanajuato, con 8.02; Aguascalientes, 7.75; Baja California, 7.42; Chihuahua, 7.38 y Tlaxcala, 7.34.
En el caso de los centros penitenciarios ubicados en la Ciudad de México, el estudio refiere que la gran mayoría no cuenta con condiciones de gobernabilidad, no hay suficientes custodios, y se detectaron funciones de autoridad por parte de reos y actividades ilícitas como extorsiones y sobornos. En términos generales, las prisiones obtuvieron una calificación aprobatoria de 6.84, pero los reclusorios Norte, Oriente, Sur y los centros femeniles de reinserción social de Santa Martha y Tepepan obtuvieron calificación reprobatoria.
Después de la segunda fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano” y del incidente en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Topo Chico, las fallas y deficiencias del sistema penitenciario quedaron evidenciadas, pero sobre todo la cadena de corrupción e impunidad que lo ha pervertido, por ello era tan necesaria la aprobación de esta Ley Nacional de Ejecución Penal, que podría acabar con el abuso de la prisión preventiva, que tanto daño ha causado al sistema de procuración de justicia.
El principio de presunción de inocencia en México consagrado en nuestra ley fundamental, en muchas ocasiones no se aplica para beneficiar a los indiciados y podemos constatarlo con innumerables historias de personas que pasaron en prisión un periodo mayor a la pena que pudiera ameritar el delito, debido a un proceso penal excesivo, indebido e injusto, y también en varias de las cuales se demostró que el procesado era en realidad inocente.
Las consecuencias son varias y todas innecesarias; una carga onerosa para el Estado, el estigma social para el interno y su familia que impide que una vez liberado pueda llevar una vida digna, la pérdida de credibilidad y confianza en el sistema de justicia mexicano y por ende la sensación de impunidad que esto conlleva.
Ya no era necesario esperar a hechos tan graves como los descritos que nos demuestren la problemática existente: las cárceles en México no rehabilitan, al contrario se han convertido en puntos en donde se origina o perfecciona el crimen. El dictamen aprobado en el Senado establece elementos de rendición de cuentas que podrían ser eficaces contra el abuso y la corrupción que han caracterizado al sistema penitenciario mexicano. Enhorabuena.
*Analista en temas de Seguridad, Justicia, Política y Educación. simon@inprincipioeratverbum.com.mx @simonvargasa facebook.com/simonvargasa Linkedin: simón-vargas-aguilar www.inprincipioeratverbum.com.mx *Si deseas recibir mis columnas en tu correo electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el siguiente vínculo: https://eepurl.com/Ufj3n