Un grupo de académicos, funcionarios, exfuncionarios y consultores privados consideraron ya los riesgos que podrían derivar en una parálisis administrativa, esto según el documento técnico Análisis de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana en materia de recorte de plazas, reducción de salarios, cancelación de prestaciones y aumento de la jornada laboral al personal de confianza. De acuerdo con el análisis, el nuevo proceso operativo del gobierno de López Obrador podría sufrir algo similar a cirugía estética que le provoque daños severos. “Bajo el supuesto de un recorte drástico como el que nos ocupa, es altamente previsible que se generen serios y complejos problemas de operación al carecer del personal de confianza suficiente para en su caso, ejercer los actos de autoridad y desplegar exitosamente la función pública”. Si bien hasta el momento se desconoce la cantidad de trabajadores de confianza que despedirán, lo que sí se sabe es que será el 70% a tabla rasa en todas las dependencias de la administración pública federal. El documento estima que serían poco más más de 222 mil personas, aunque otros cálculos ubican la cifra en más de 410 mil burócratas de alto nivel.
›Ante este despido masivo, señala el documento, podría haber “fallas e incumplimientos que por su propia naturaleza indefectiblemente traen aparejados el financiamiento de responsabilidades e imposición de sanciones, las cuales alcanzarían, sin lugar a dudas, a los más altos puestos y niveles jerárquicos”.
Con datos de 2016, el documento técnico estima que “serían motivo de despido un total de 222 mil 600 personas, con la consecuente desaparición de los respectivos puestos y plazas que ocupan”. En números absolutos, las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gobernación (Segob) y Educación Pública (SEP) serían las dependencias que mayor recorte sufrirían con alrededor de 10 mil 500 puestos de confianza en conjunto. En tanto Hacienda, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Procuraduría General de la República eliminarían más de dos mil plazas cada una. De concretarse el ajuste de personal que se teme con la llegada a la presidencia de López Obrador, los analistas dan por hecho que las instituciones se verían limitadas en su tarea de ejercer los actos de autoridad y desplegar la función pública, “pudiendo incluso comprometerse con su carencia, el total cumplimiento de metas y objetivos trazados para las instituciones públicas“, especifica el estudio de los especialistas. Lo anterior porque el personal de base o sindicalizado no se encuentra facultado legalmente para “ejercer funciones de trabajadores de confianza (como) dirección, inspección, vigilancia y fiscalización”. Esto mientras toda la normatividad actual se modifique y se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Además, señala el documento que “varios sindicatos burocráticos prohíben expresamente a sus representados a realizar funciones del personal de confianza”. Ahora, considerando las cifras de 2017, con la misma proporción de empleados de confianza, la liposucción burocrática alcanzaría en un punto máximo a 410 mil 500 personas, es decir la nómina de ese tipo de personal pasaría de alrededor de 586 mil 500 a unos 176 mil burócratas de alta jerarquía.
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