Foto: ejecentral

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Tomás de la Rosa

El expresidente Enrique Peña Nieto dejó sin resolver 10 litigios internacionales. Esta es una de las más costosas herencias que recibió Andrés Manuel López Obrador de su antecesor, porque se traducen en potenciales indemnizaciones que van de seis mil a nueve mil millones de dólares en caso de perder los arbitrajes.

Estos seis mil millones de dólares se traducen en 118 millones 891 mil 732 pesos que, a su vez, corresponden a 93.3% del presupuesto estimado para la Secretaría de Salud para 2020 o dos veces el gasto que pretende ejercer el gobierno federal para combatir la inseguridad, por ser el gasto estimado para el próximo año de la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Para algunos especialistas en comercio internacional, por errores u omisiones en la administración del expresidente Peña Nieto, México ha perdido arbitrajes y actualmente hay 10 casos, nueve ya registrados, pendientes de resolver en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal del Banco Mundial. Ese número, ubica a México como el tercer país con más demandas.

Nuestro país comparte ese tercer lugar con Egipto, Colombia y Perú. En segundo lugar está Venezuela con 16 casos pendientes y España encabeza la lista con 30 arbitrajes, según datos del mismo Ciadi.

En el listado general de casos (concluidos y pendientes de resolver), México ocupa la quinta posición mundial con 25 arbitrajes, según los datos del Ciadi. Aunque, la información de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ( UNCTAD, por sus siglas en inglés) señala que México tiene 32 casos conocidos.

Con la información de la UNCTAD, México estaría muy cerca (a dos arbitrajes) del cuarto país en el mundo con mayor número de demandas. Esto, independientemente de que las reglas del juego cambiarán con la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Sólo litigar ya cuesta

Independientemente de ganar o perder los casos, la disputa implica costos legales millonarios, recursos que son pagados con los impuestos. Un arbitraje en el Ciadi “es carísimo. Más o menos cuesta 4.3 millones de dólares cada caso. Esto nada más por la representación”, independientemente de que se gane o se pierda. “Esto es el costo de los árbitros, especialistas y el lugar”, explicó en entrevista con ejecentral Adelina Quintero Sánchez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aunque ese monto se podría disparar más de 40 a poco más de 6.1 millones de dólares por caso, según el portal especializado de la empresa suiza, Aceris Law LLC, bufete de abogados de arbitraje internacional. Ese monto equivale a cuatro quintas partes (84.3%) de todo el presupuesto para 2020 de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF).

Además de los arbitrajes en el Ciadi, otra herencia de la administración de Peña Nieto al gobierno actual es una investigación que realiza la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos a Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual podría derivar en una millonaria multa.

16.7 millones de dólares pagó el gobierno mexicano en la primera demanda ante el Ciadi, al cancelar un proyecto en SLP, en 1997. 

Herencia perversa

En un año de desaceleración económica por los 10 casos pendientes de resolver en el Ciadi, la compensación reclamada en siete de ellos corresponde a cinco mil 773 millones de dólares. A ese monto se debe agregar los gastos de los 10 litigios que podrían ser de entre 43 y 61 millones de dólares, gasto equivalente a todo el presupuesto para 2020 a los Tribunales Agrarios (42.5 millones de dólares).

En el caso de Pemex, la investigación iniciada, si se comprueba manipulación de los estados financieros, podría derivar en una multa de cinco millones de dólares, como la que pagó la inglesa Technip FMC para resolver las violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). 

Aunque existen otros ejemplos más costosos: Odebrecht y su filial  petroquímica Braskem pagaron sanciones por más de tres mil 200 millones de dólares en multas conjuntas (69% menos de la sanción original de cinco mil 400 millones de dólares). Otros casos son Teva Pharmaceutical, que pagó casi 520 millones de dólares por los sobornos en Rusia, Ucrania y México, y finalmente Walmart que desembolsó 282 millones de dólares para librarse de los cargos por sobornos en Brasil, China, India y México.

Considerando lo publicado por  la revista Proceso: “La SEC tiene información según la cual ‘al menos desde enero de 2012’ Pemex violó dos artículos de la ley bursátil estadounidense”, las sanciones conjuntas con las del Ciadi podrían ser altas. Con una sanción como la de Technip FMC, México podría desembolsar alrededor de cinco mil 800 millones; con una penalidad como la de Odebrecht y Braskem superaría los 9 mil millones de dólares. 

En el caso de obras de infraestructura, el pasado 30 de septiembre, López Obrador indicó que la administración de Peña Nieto dejó “un tiradero de obras de todo tipo” e inconclusas, “en particular de centros de salud y de hospitales”.

Esto representará nuevos litigios que enfrentar. Por ejemplo, en el municipio de Ticul,  la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Península (IPH) ante la demora de la construcción el gobierno de Yucatán canceló el contrato y ahora la filial del  Grupo Marhnos exige en tribunales una indemnización de 150 millones de pesos.

24 empresas extranjeras reclamaron seis mil 70 millones de dólares a México, según un recuento de TNI. 

Costosos descuidos 

Tres expertos coinciden en los errores cometidos y por ello México fue sancionado a pagar millonarias indemnizaciones. Un recuento del Transnational Institute (TNI, por sus siglas en inglés), think tank con sede en Washington D.C., muestra que 24 empresas extranjeras reclamaron seis mil 70 millones de dólares a México para un promedio de 253 millones de dólares, con un máximo de poco más de mil millones y un mínimo de 1.5 millones de dólares.

›El único caso no registrado en el Ciadi es el de la estadounidense Odyssey Marine que reclama tres mil 540 millones de dólares ante el rechazo al proyecto de extracción del mineral de fosforita por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por daños al medio ambiente.

En un reporte del investigador de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) y de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Andrés Armando Cervantes Valarezo, señala que si una IED no cumple en sentido amplio con la leyes del país anfitrión, “no puede gozar de las garantías” previstas en los mecanismos de protección a la inversión.

La investigadora del IIEC de la UNAM, Teresina Gutiérrez Haces, explicó a ejecentral que “las medidas de protección (ambiental) pueden considerar que atentan a la inversión y ser consideradas como medidas de expropiación indirecta”.

Un ejemplo de los errores cometidos por el gobierno mexicano es la derrota ante el Ciadi del caso Metalclad, que fue la primera demanda contra México en el Ciadi en 1997 al cancelar un proyecto para construir un confinamiento de residuos tóxicos en Guadalcázar, San Luis Potosí. Reclamó 130 millones de dólares y recibió 16.7 millones.

Para la secretaria General del Centro de Arbitraje de México (CAM), Sylvia Sámano Beristain, en ese caso “el estado no logró acreditar que las acciones que tomó eran legales”.

Ante esas derrotas, Quintero Sánchez del IEEC aseguró que México debería seguir los pasos de Brasil o China, que han cambiado los términos de protección a inversiones. México debería optar la Doctrina Calvo, ya establecida en el artículo 27 de la Constitución, pues para que un inversionista extranjero tenga trato igual que un nacional debe renunciar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a su derecho de invocar la protección de su gobierno, “bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación”.

Además, en julio pasado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició un proceso de arbitraje contra tres proyectos que construyeron gasoductos. Finalmente, llegaron a un acuerdo.

Recientemente, la agencia de noticias Reuters informó que Pemex pretende hacerse cargo de un proyecto que obtuvo la estadounidense Talos Energy en la administración de Peña Nieto.

“Es peligrosa la posición del gobierno y de Pemex sobre cambiar las reglas del juego en algunos contratos de explotación de petróleo en aguas someras. En especial sobre los descubrimientos de petróleo en el Golfo de México por una compañía extranjera (Talos Energy), enfatizó Gutiérrez Haces.

Por lo anterior, dijo Sámano Beristain, “nadie va a querer invertir en lo que podría  considerarse tierra de nadie. Lo mínimo que se requiere es un mecanismo de protección a la inversión”. 

Nadie va a querer invertir en lo que podría  considerarse tierra de nadie. Lo mínimo que se requiere es un mecanismo de protección a la inversión”. Sylvia Sámano Beristain, secretaria General del Centro de Arbitraje de México.

Pendientes. Además de los arbitrajes en el Ciadi, otra herencia de la administración de Peña Nieto al gobierno actual es una investigación que realiza la Comisión de Valores de Estados Unidos.

Mayor inversión, más riesgo

La globalización de la economía mexicana, a través de tratados de libre comercio con más de 46 países y más de 30 acuerdos de para la Promoción y Protección Recíproca de las inversiones mantienen a México como un atractivo país para la inversión extranjera directa (IED). 

Las compañías inversionistas, especialmente trasnacionales, si consideran violados sus derechos, recurren a litigios internacionales para obtener indemnizaciones, es por eso que, a mayor inversión extranjera mayores posibilidades de enfrentar estos casos.

De 1980 a 1993, el año previo a la entrada en operación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la IED en promedio anual fue de dos mil 861 millones de dólares y de 1994 a 2018 la recepción de esos capitales fue de 24 mil 513 millones de dólares, es decir se multiplicó más de ocho veces (757%), según los datos del Banco de México (Banxico).

En el ámbito internacional, los datos del Banco Mundial muestran que en 2018, México se ubicó en el decimosexto lugar en cuanto a captación de IED, de un listado de 195 países.

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