Este memorándum fue entregado a 18 secretarías de Estado y 200 organismos federales. Los directores de Pemex y la CFE, Octavio Romero Oropeza y Manuel Bartlett, fueron los primeros en deslindarse de actos de corrupción y nepotismo en las paraestatales.
En esta administración por lo menos 15 casos han sido relacionados con nepotismo, amiguismo o conflicto de interés. Los más reciente son el de Ariadna Montiel, subsecretaria del Bienestar, quien habría impuesto a sus compadres Luis Fernando Duarte e Ishtar Ibarra en la Unidad de Coordinación de Delegaciones; y el del superdelegado Pablo Amilcar Sandoval, hermano de la titular de la Función Pública.
En su primer día como Presidente de México, en su compromiso número 34, López Obrador sostuvo desde entonces que “se aplicará una estricta política de austeridad republicana. No habrá amiguismo, nepotismo e influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Serán transparentes la nómina y los bienes de los funcionarios públicos y de sus familiares cercanos”.
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Desde su campaña a la Presidencia de la República, el líder de Morena repetía esos tres compromisos. El 1 de julio, al ser reconocido su triunfo, ya en la celebración del Zócalo capitalino lanzó su frase: “¡No mentir, no robar y no traicionar al pueblo!”
En su visita a Puebla, el pasado 10 de marzo, fue la primera vez que advirtió públicamente: “Que nadie se atreva a usar mi nombre para decir que tiene mi apoyo”, en aquella ocasión dirigía su mensaje al precandidato Miguel Barbosa, hoy gobernador electo de la entidad.
Desde su discurso de investidura en diciembre, afirmó: “Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos, cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Sólo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad”.
El único caso en que el Presidente ha actuado directamente es el de su compadre Miguel Rincón, quien ganó la licitación para proveer de papel a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Lo llamó a abandonar el contrato para evitar dimes y diretes, y el empresario accedió.
Los delitos por hechos de corrupción fueron incluidos en el Código Penal Federal desde junio de 2016, pero no entraron en vigor hasta la designación del Fiscal anticorrupción, lo que ocurrió en febrero de 2019. López Obrador sólo convirtió en delitos graves las modalidades de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.