Sin lugar a dudas, el resultado de la votación del jueves pasado, sobre la permanencia de la Gran Bretaña en la Unión Europea, previsible desde un punto de vista social y humano, representa un hito en la historia moderna y un rompimiento con una corriente integracionista arraigada desde hace más de medio siglo, que abre la puerta a escenarios impensados en el campo del desarrollo económico mundial.
El fenómeno en un síntoma de la inconformidad que impera en el orbe, por el parco avance de la economía, el desequilibrio en la repartición de la riqueza, la generación de fuentes de empleo, el crecimiento de la movilidad migratoria y la escasez de oportunidades. El resultado, sin embargo, podría ampliar esos márgenes en gravosa desventaja para quienes eligieron esa desagregación del Reino Unido de la zona de libre comercio más grande del planeta.
Podría cuestionarse la responsabilidad política de David Cameron, quien a sabiendas del riesgo real que corría la Gran Bretaña para el caso de que el voto fuera favorable, no hizo nada para evitar que el proceso de referéndum se llevara a cabo. Habrán sin embargo quienes aplaudan el grado de avance del sistema democrático británico, que concede tan relevante fuerza política y de decisión a sus propios electores.
Desde luego que sobre la legitimidad del referéndum pueden decirse muchas cosas, y en este caso es pertinente tomar notas, dados los avances que en México se han venido dando, precisamente, en el ámbito de la democracia participativa y la intervención directa de la ciudadanía en el diseño de los destinos del país.
Por principio de cuentas, es válida la concesión de que, aún siendo perfecta la participación ciudadana comprobada en el proceso del jueves pasado, deviene igualmente imperfecto el hecho de que una gran parte de los electores carecían de información fidedigna acerca del motivo del proceso de referéndum o, mucho más allá de eso, sobre las consecuencias que acarrearía la decisión del abandono. No puede considerarse válida la intervención directa del electorado en ningún proceso de referéndum, cuando se trate de cuestiones que entrañen una complejidad técnica que amerite un estudio y conocimientos especializados de mayor profundidad.
En el caso de nuestro país, la Ley Federal de Consulta Popular, que reglamenta el artículo 35 de la Constitución, permite la organización de procesos de participación ciudadana relevante, siempre en aquellos asuntos de trascendencia nacional --lo que produce la misma vulnerabilidad de la que estamos hablando--; sin embargo, afortunadamente ataja dicha colaboración popular en algunos ámbitos de desenvolvimiento político-constitucional de mayor envergadura como los siguientes: restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; alteración del modelo republicano, representativo, laico, democrático y federal del Estado Mexicano; en materia electoral; en el ámbito de los ingresos y gastos del Estado; en materia de seguridad nacional; y, en la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada.
Por lo visto y en consideración a lo que viene sucediendo en otras latitudes, debería de considerarse la posibilidad de ampliar dichos campos o, en su defecto, contemplar válvulas de seguridad.
Tras la decisión popular de activar las cláusulas convencionales para separar a la Gran Bretaña del bloque económico europeo al que ha venido perteneciendo, se han comprobado dudas y cuestionamientos sobre los alcances de la misma elección. En ese tenor se ha criticado la falta de previsión de un mecanismo de aseguramiento y confirmación de la decisión popular. Se trató de un solo disparo y de la asunción de las dolorosas consecuencias que el mismo traería aparejado, sin importar el campo en el que aterrizara la bala.
En el caso de la Ley Federal de Consulta Popular que se viene comentando, el legislador se aseguró de incorporar distintos mecanismos de seguridad que podrían evitar un desenlace como el que se analiza: la organización de la consulta se encomienda al Instituto Nacional Electoral; la realización del proceso se supedita a la solicitud presidencial, o de la tercera parte de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso General, o la solicitud de cuando, al menos, dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores; la realización de la consulta se supedita a la calificación preliminar de la SCJN; y, la vinculatoriedad del voto, se condiciona a la comprobación de participación de cuando menos el cuarenta y cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, entre otros candados.
Sigue siendo cuestionable, como en el caso de la participación ciudadana del jueves pasado, lo conducente a la difusión de la información pertinente que nutra el conocimiento de quienes intervengan en el referéndum de que se trate, pues aún existiendo la cláusula correspondiente en la ley, que obliga al INE a difundir el proceso de votación, resulta claro que dicha información se conduce a invitar al electorado a ejercer sus derechos, más que a entender el sentido de aquello que se está votando. Cuando se trata de una cuestión tan trascendente, como la recién comprobada, la difusión del proceso puede convertirse, inclusive, desafortunada.
Muchos descalabros habrán de sobrevenir para los ingleses, después del arrebato de la semana pasada. Primeramente deberán enfrentar el escenario de rompimiento interno en el que ya adelantan sus pasos Escocia e Irlanda del Norte. Una cuestión, sin embargo, resulta rescatable, y es al final de cuentas aquella a la que deseábamos llegar: la recuperación de la soberanía y el sentimiento de orgullo nacional.
Las bondades de la integración económica no compensan la pérdida de identidad que vienen sufriendo los países que conforman la Unión Europea. El reclamo de Inglaterra en el ámbito del respeto por sus tradiciones, es el mismo que habrá de reproducirse pasado mañana en Francia, Italia, Alemania y el resto de los países que conforman el bloque. No puede existir un proceso de integración económica exitoso, en el que quienes participan vean afectada su cultura y su identidad.
América del Norte atraviesa una etapa primaria de integración que ha ofrecido resultados económicos prodigiosos. Sin embargo, el mismo sentimiento nacionalista se ha utilizado en los EEUU para llamar al electorado en contra de los migrantes, con la misma fuerza que en no muchos años habrá de emprenderse vigorosamente el camino de la elección política para recuperar el idioma castellano en México. ¿Qué podría hacerse para evitar tan doloroso episodio?
Que conveniente resulta tomar apuntes de aquello que sucede del otro lado del Atlántico, para evitar en la medida de lo posible caminar sobre la misma vereda.