1er. TIEMPO: Los peores, los sobrevivientes. Después de dos años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, las dos personas que encabezaron las pesquisas, el procurador Jesús Murillo Karam, y el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, ya no están en sus puestos. Fueron removidos aunque lo que originalmente presentaron como parte de la investigación, pese a estar cuestionado y criticado, en especial si pudieron haberse incinerado 43 cuerpos en el basurero de Cocula, sigue sin alteraciones mayores. El hilo original de la investigación se mantiene, pero ellos pagaron el desgaste. Otros, que estuvieron detrás y contribuyeron enormemente al descrédito de la investigación, siguen trabajando como si nada. Incluso, premiados. Uno, Luis Enrique Miranda, en ese entonces subsecretario de Gobernación, a quien la noche del 26 de septiembre le habló el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, para informarle de la violencia en Iguala donde estaban involucrados normalistas de Ayotzinapa, y no entendió la gravedad de lo que le comunicaban. No dio la alerta política ni movilizó al gobierno federal. El presidente Enrique Peña Nieto lo acaba de premiar al nombrarlo secretario de Desarrollo Social. Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, fue quien aconsejó que ese tema debía ser tratado a nivel municipal, no federal, por lo que explícitamente Peña Nieto dijo días después del crimen que el problema no era de él, sino del gobernador. La recomendación de Nuño todavía la carga el Presidente como una omisión y una insensibilidad de un caso tan grave, pero tampoco sufrió castigo, sino promoción: el año pasado lo nombró secretario de Educación. Nuño fue, junto con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien contra la postura de Murillo Karam, convencieron al Presidente de abrirle las puertas de Los Pinos a los familiares de los normalistas, a sus abogados y a dos jefes, por cierto, del EPR y a un miembro de Los Rojos, la banda criminal que opera en Guerrero. En ese momento, lo probará la historia, un crimen municipal se convirtió en crimen de Estado, cuando Peña Nieto asumió la responsabilidad total del caso. No se han dado cuenta de lo que hicieron. O sí, y no les importa. Osorio Chong, inició esta semana su campaña presidencial.
2º. TIEMPO: Si tan sólo hubieran obligado. Cuando en Los Pinos finalmente se dieron cuenta que la omisión del presidente Enrique Peña Nieto en actuar políticamente en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa se estaba convirtiendo en un cáncer federal, el entonces procurador Jesús Murillo Karam pidió transferirle toda la responsabilidad al gobernador Ángel Heladio Aguirre y, como años antes sucedió con Rubén Figueroa por la matanza en el vado de Aguas Blancas en 1995, iniciar un proceso dentro del Congreso para desaforarlo, aunque no lo juzgaran, que no iban a poder porque hasta este momento, no le han podido encontrar delito alguno para perseguirlo. La propuesta de Murillo Karam era política, pero chocaba con el equipo de Los Pinos. “La salida de Aguirre no solucionará el problema de Guerrero”, decía uno de los más cercanos colaboradores de Peña Nieto, quien como el Presidente no veía que su permanencia, como un actor que había perdido interlocución en Guerrero, lo convertía en un lastre y generaba un vacío político que otros, a la postre se demostró que eran los enemigos del gobierno, lo ocuparían. El Presidente no era nada receptivo a la propuesta de deshacerse de Aguirre, quien de tiempo atrás, antes de saltar del PRI al PRD para convertirse en gobernador de Guerrero, era uno de sus más cercanos amigos y con quien conversaba y departía de manera regular. Aguirre siempre se sintió protegido y Peña Nieto no lo defraudó. Cuando finalmente pidió licencia como gobernador, las puertas del poder no se le cerraron en la ciudad de México, y las investigaciones sobre corrupción en su gobierno, tocaron a su hermano, a su sobrino, y a los empresarios preferidos por él, pero nunca a él. Aguirre sigue muy vivo y coleando muy fuerte, buscando rehacer su vida política y coqueteando con puestos de elección popular, por lo que ha sostenido reuniones con perredistas en Guerrero en la ciudad de México –el restaurante sureño de La Casserole, para ser más preciso-, y buscando incidir en el rumbo que tomará el partido en ese estado y en el país. Se siente seguro el gobernador, cuyas negligencia antes del 26 de septiembre sobre lo que estaba sucediendo en Iguala con el alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de los fundadores de Guerreros Unidos con quien tenía una relación tan cercana que hizo dudar el grado de intimidad que tenían, contribuyó a que el crimen de Ayotzinapa se le quedara a su amigo el Presidente y no a él. La culpa, por supuesto, no fue del gobernador, sino de quien lo protegió.
3er. TIEMPO: La memoria de Los Chuchos. Siempre había querido ser gobernador constitucional de Guerrero, pero hasta 2011, sólo había podido ser el interino de Rubén Figueroa, cuando éste pidió licencia en 1995 por la matanza de Aguas Blancas, que lo aniquiló políticamente. Pero Ángel Heladio Aguirre insistió en el PRI, su partido de toda la vida, que le dieran la candidatura, pero encontró oídos sordos a su solicitud. En la molestia, un viejo amigo de sus tiempos tricolores, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, lo convenció de sumarse al PRD para contender bajo sus colores por la gubernatura. Aguirre aceptó y los controladores del partido, la corriente de Nueva Izquierda, que se conoce como Los Chuchos, lo recibieron con los brazos abiertos. Los Jesuses Ortega y Zambrano convirtieron Guerrero en su edén, su nuevo bastión y arcón del tesoro, donde Aguirre les abrió los brazos y las puertas para lo que quisieran. Ortega iba regularmente a Acapulco, como también lo hacía Ebrard, donde el gobernador ofrecía la corte para su servicio. También les acercó a empresarios con aspiraciones políticas, como José Luis Abarca, quien quería ser alcalde de Iguala, y que a cambio de la candidatura les ofreció dinero para sus campañas políticas. Qué tanto les dio no se sabe, pero una donación de dos millones de pesos a Zambrano, que era en ese entonces líder del PRD, generó mucha polémica y desmentidos airados del hoy presidente del Congreso. Abarca estableció relaciones político-mercantiles con la dirigencia del PRD, pero eran Los Chuchos su acceso al poder partidista. Cuando estalló el escándalo por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, uno de Los Chuchos en el estado, Sebastián de la Rosa, fue a Iguala para defender, en nombre de la dirigencia del PRD, a Abarca de todas las imputaciones que le hacían. Zambrano habló con él y ha dicho que lo persuadió a que pidiera licencia para permitir las investigaciones federales. Abarca lo hizo y se fugó. Los Chuchos callaron y cayeron. El costo de Ayotzinapa, aunque quieran olvidarlo, también tuvo un alto costo para ellos, hoy en el declive de aquél poder tan grande que detentaron tanto tiempo.
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