›En su momento, el presidente Obama frenó una iniciativa de ley que exentaba a ciertos sectores de la industria de presentar estudios de impacto ambiental y posibles daños a la salud pública. Hoy, con la llegada de Trump a la Casa Blanca, el proyecto ha sido desempolvado y busca atar de manos a la EPA para realizar investigaciones independientes.
Sharon Lerner
Buena parte de Estados Unidos ha estado observando con horror cómo Donald Trump ha cumplido sus promesas de eviscerar a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) retrasando 30 reglamentos, limitando severamente la cantidad que los empleados pueden liberar e instalando a Scott Pruitt como jefe de la agencia para destruir su estructura desde dentro. Pero incluso aquellos que no le quitan los ojos de encima a la EPA podrían haber pasado por alto un ataque más silencioso a las protecciones ambientales que hoy está siendo lanzado en el Congreso.
El martes, se espera que el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes celebre una audiencia sobre un proyecto de ley para relajar la regulación sanitaria, la cual está basada en una táctica elaborada por los estrategas de la industria tabacalera hace más de dos décadas. En lo que los republicanos en el comité han denominado la audiencia para “Hacer a la EPA grande otra vez”, es probable que los legisladores discutan la Ley de Reforma de Ciencia Secreta, un proyecto de ley que limitaría a la EPA a usar sólo datos que puedan ser replicados o puestos a disposición para su “análisis independiente”.
Puede que la propuesta parezca bastante razonable al principio, pero debido a que la investigación en salud a menudo contiene información personal confidencial que es ilegal compartir, el proyecto de ley evitaría que la EPA use muchos de los estudios científicos más valiosos. También prohibiría el uso de estudios de eventos únicos, como el derrame de petróleo del Golfo o el efecto de una prohibición parcial del clorpirifos en niños, lo que impulsó la decisión de la EPA de eliminar todos los usos agrícolas del plaguicida porque estos eventos —y los estudios sobre ellos— no pueden repetirse. Aunque nominalmente su foco es la transparencia, el proyecto de ley deja protecciones intactas que permiten a la industria mantener en secreto gran parte de su propio funcionamiento interno y sus investigaciones sesgadas mientras que deslegitima los estudios realizados por los investigadores imparciales.
El testigo de alto nivel que se espera dé su testimonio en la audiencia de la Cámara el martes es un abogado llamado Jeffrey Holmstead, quien ha trabajado para bloquear los esfuerzos de la EPA por limitar la contaminación por mercurio mientras representaba a compañías de carbón como Duke Energy, Progress Energy y Southern Company. Mientras tanto, Lamar Smith, el presidente republicano (por Texas) del Comité de Ciencia de la Cámara, quien ha promovido celosamente el proyecto de ley de “ciencia secreta”, también está en la nómina de las compañías de energía. Aunque también recibió fondos de Koch Industries e iHeartMedia (anteriormente Clear Channel Communications), los mayores contribuyentes de Smith son compañías de petróleo y gas, de acuerdo con el Center for Responsive Politics. También testificará el martes Kimberly White del Consejo Estadunidense de Química, el grupo comercial de la industria química.
Este audaz intento de la industria por subvertir las regulaciones basadas en la salud pública que podrían reducir sus ganancias no es nuevo. Lo nuevo es que este ataque al medio ambiente, en el que aquellos que se benefician directamente de las industrias contaminantes están vigilando a los científicos independientes que pueden demostrar los daños de sus productos, tienen posibilidades reales de tener éxito. Aunque la Cámara aprobó la ley de ciencia secreta en 2014 y 2015, nunca llegó al Senado. Después de que pasó a la Cámara en 2015, Barbara Boxer calificó el proyecto de ley de “loco”, Bernie Sanders lo tildó de “risible”, y el presidente Obama prometió vetarlo. Esta vez no es una broma. Con una mayoría republicana en ambas casas y Trump en la Casa Blanca, la ley de ciencia secreta podría fácilmente ser aprobada.
›El pequeño grupo de abogados y estrategas de relaciones públicas que orquesta el esfuerzo de ciencia secreta está estrechamente vinculado a los que atacan a la EPA desde dentro. Todos tienen conexiones con las grandes tabacaleras, petroleras o ambas, y casi todos han estado afiliados a un pequeño grupo de derecha llamado Instituto Legal de Energía y Medio Ambiente (E&E).
Es interesante que el E&E se enfoque en la transparencia, ya que el grupo ha realizado grandes esfuerzos para mantener a sus donantes en el anonimato. Sin embargo, los documentos públicos evidencian algunos de los lazos del grupo con las grandes compañías de carbón, incluyendo la ahora quebrada Alpha Natural Resources, Peabody Coal y Arch Coal.
Steve Milloy, un exabogado de la industria tabacalera, es quizá quien ha escrito más sobre la estrategia de ciencia secreta, tanto en un ebook como en Breitbart News de Steve Bannon (la mano derecha de Trump). Milloy llama a Myron Ebell, quien supervisó al equipo de transición de Trump en la EPA, su “amigo y héroe”. Milloy y Ebell eran miembros del Equipo de Comunicaciones Globales de Ciencia Climática del Instituto Estadounidense del Petróleo, que desarrolló la estrategia de la industria petrolera para socavar la ciencia del calentamiento global.
Mientras tanto, tres de los colegas de Milloy de en E&E son también miembros del nuevo equipo de la EPA. Entre ellos están David Schnare, consejero general de E&E, quien quizás es mejor conocido por acosar a Michael Mann y otros científicos ambientales con peticiones de Ley de Libertad de Información (FOIA), y Amy Oliver Cooke, una petrolera de la industria de la energía.
Los otros dos asociados de E&E han estado envueltos en la estrategia de ciencia secreta durante años. El primero es Christopher Horner, un compañero senior en E&E y en el Competitive Enterprise Institute, que también es miembro del equipo de la EPA de Trump. En la década de 1990, Horner trabajó para Bracewell LLP, el bufete de abogados (antes conocido como Bracewell & Giuliani) del que surgirá el principal testigo en la audiencia del martes. La conciencia cada vez mayor de los peligros del tabaquismo pasivo puso a las tabacaleras a la defensiva, incluyendo al cliente de Horner, R.J. Reynolds Tobacco Company. En un memorándum de 1996, que parece ser la primera referencia conocida a la estrategia de ciencia secreta, Horner presentó un plan para luchar.
Horner ya veía que el enfoque de la ciencia secreta podía ayudarle a vencer mucho más que la inminente reglamentación basada en la ciencia sobre el tabaquismo pasivo. “Nuestro enfoque es el de abordar el proceso en contraposición al sustento científico y la aplicabilidad global a la industria en lugar de enfocarnos en un sector industrial en particular”, escribió, explicando cómo podría usarse la estrategia para interferir con los esfuerzos de la EPA para acotar las emisiones de mercurio, los residuos peligrosos y las dioxinas, así como las restricciones a la contaminación atmosférica.
Depredador Según un reporte de Reuters, la administración Trump ha ordenado a funcionarios de la EPA eliminar un sitio relacionado con el cambio climático.