Recientemente a las acusaciones de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), se agregó el delito de cohecho. Sin embargo su abogado, Javier Coello Trejo, explicó un factor de tiempo que derribaría el señalamiento.
La acusación de cohecho está fundada en cuantiosos depósitos a las empresas Latin American Asia Capital Holding y Zecapan, ambas vinculadas con Lozoya. Se presume que los pagos recibidos provienen de Olivio Rodrigues Júnior, operador de los pagos en el extranjero de Odebrecht.
La petrolera brasileña se ha convertido en un referente de la corrupción en América Latina por sobornar a gobiernos para obtener licitaciones. Sus operaciones abarcaron buena parte del continente, de México hasta Perú.
En entrevista para Grupo Fórmula el abogado recordó que el delito de cohecho sólo puede ser cometido por funcionarios públicos, cuestión que no aplica en Lozoya. Ello porque los pagos recibidos en las presuntas cuentas ocurrieron cuando el acusado no era un funcionario.
De acuerdo con una indagatoria de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entre abril y junio de 2012 Latin American Asia Capital Holding recibió 3.1 millones de dólares. En ese momento Lozoya no era director de Pemex, sino coordinador de vinculación internacional del entonces candidato Enrique Peña Nieto.
Además, el 13 noviembre de 2012 otros 951 mil dólares fueron transferidos a Zecapan. Ahí Peña Nieto estaba en vísperas de asumir la presidencia. Sin embargo, Lozoya se convirtió en director de Pemex hasta el 4 de diciembre de ese año.
El Código Penal Federal en su artículo 222 dice que el delito de cohecho únicamente puede ser imputado a servidores públicos.
Coello Trejo además señaló que las cuentas que recibieron los millonarios depósitos no son de su cliente. “Dicen que hacen diversos depósitos a Latin y Zecapan, pero no dice la Fiscalía (General de la República) que existe la prueba anticipada de que el dueño de Zepacan declaró y acreditó, que ese dinero llegó a su cuenta no a las de Lozoya”.
El defensor del exfuncionario también descartó que los pagos hayan tenido como objetivo que el gobierno de Peña haya beneficiado a Odebrecht. “Tampoco mencionan que la Auditoria Superior de la Federación no critica el otorgamiento de los contratos, lo que la Auditoría manifieste es el cumplimiento por parte de Odebrecht, no el otorgamiento del contrato; tampoco es cierto que haya sido por adjudicación directa, hubo una licitación”, afirmó.
Sin embargo, un pago de un millón de dólares en 2013 hecho a Zecapan, coincide con el otorgamiento a Odebrecht de una licitación para la refinería de Tula.
En diciembre de ese año, ademá, Pemex, ya con Lozoya al frente, avaló una excepción a la licitación pública que terminó beneficiando a Odebrecht.
(Con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Grupo Fórmula) NR